AGRICULTURA DE LEGAL.LÍO (Índice de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2023 a efecto de actualización de las rentas de los Arrendamientos Rústicos anteriores a la e.v. Ley 49/2003)

En el día de hoy se han publicado los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2023, a efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos anteriores a la entrada en vigor de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre de arrendamientos rústicos

Índices anuales de precios percibidos por los agricultores y ganaderos

 Clase de ÍndiceValor anual en 2023 (2015 = 100)Porcentaje de variación sobre 2022
  General de Productos Agrarios.  151,68  13,13
Productos agrícolas.150,1911,12
Cereales.145,14-21,07
Leguminosas grano.162,6916,31
Tubérculos.185,4615,68
Cultivos industriales.143,24-0,52
Cultivos forrajeros.200,0132,29
Hortalizas.141,4313,39
Cítricos.146,3944,67
Frutas.122,02-4,43
Vino.138,103,62
Aceite.196,0961,10
Productos animales.153,7716,04
Ganado para abasto.145,7513,25
Vacuno para abasto.147,459,96
Ovino para abasto.132,287,33
Caprino para abasto.122,448,35
Porcino para abasto.154,7819,14
Aves para abasto.121,341,17
Conejos para abasto.157,839,41
Productos ganaderos.176,8423,22
Leche.167,2121,30
Huevos.207,3528,29
Lana.51,54-9,90

*** La Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de arrendamientos rústicos, fue derogada por la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, que en su disposición transitoria primera, establece: «Los contratos de arrendamiento y aparcería vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, se regirán por la normativa aplicable al tiempo de su celebración». En este sentido, el artículo 38 de la anterior Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de arrendamientos rústicos, establece: «Podrá acordarse por las partes la actualización de la renta para cada anualidad por referencia al último índice anual de precios percibidos por el agricultor, establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los productos agrícolas en general o para alguno o algunos de los productos principales de que sea susceptible la finca, atendidas sus características y la costumbre de la tierra. Del mismo modo, tratándose de fincas cuyos principales productos sean ganaderos, podrá también referirse la actualización al índice de los precios de alguno o algunos de sus productos». Es por ello que el BOE publica los valores del índice anual de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2023 y su incremento respecto al año 2022, tanto para el índice general agrario como para los principales índices de productos, que se incluyen en el anexo de la presente Resolución.

AGRICULTURA DE LEGAL.LÍO (Modificación del Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados productos vitivinícolas (Real Decreto 252/2024, de 12 de marzo. BOE 10/04/2024)

El anexo III «Condiciones de utilización de menciones relativas al modo de obtención o a los métodos de elaboración de vinos con denominación de origen o indicación geográfica protegidas (artículo 17)» del Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados productos vitivinícolas, queda modificado de la siguiente manera:

Uno. Se suprime la mención «Dry».

Dos. La mención «Pale dry» pasa a tener la siguiente redacción: «»Pale dry». Aplicable a aquellos vinos de licor con denominación de origen protegida cuyo contenido en azúcares sea inferior a 50 g/l y que cumplan los requisitos establecidos en sus respectivos pliegos de condiciones.»

AGRICULTURA DE LEGAL.LÍO (SUBVENCIONES PEPAC ASESORAMIENTO DIGITAL)

AYUDAS/SUBVENCIONES

SUBVENCIONES PEPAC : intervenciones de intercambio de conocimientos y actividades de formación e información y servicios de asesoramiento, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027.

El Real Decreto 251/2024, de 12 de marzo, publicado en el BOE de 10/04/2024, establece las bases reguladoras de estas subvenciones para los siguientes programas temáticos:

a) Intervención de intercambio de conocimientos y actividades de formación e información en el sector agroalimentario y forestal.

I) Programas temáticos relacionados con las tecnologías de digitalización:

I.A Eventos en forma de jornadas técnicas, seminarios técnicos o jornadas de campo, entre otros, en el que se divulga de forma abierta conocimientos tecnológicos y de gestión más actuales respecto a la temática concernida y con vistas a la mejora de la competitividad o sostenibilidad medioambiental

I.B Actividades demostrativas que muestran la viabilidad o el funcionamiento en condiciones reales de aquellas prácticas o innovaciones.

I.C Cursos formativos

II) Programas temáticos no directamente relacionados con las tecnologías de digitalización:

II.A Eventos en forma de jornadas técnicas, seminarios técnicos o jornadas de campo, entre otros, en el que se divulga de forma abierta conocimientos tecnológicos y de gestión más actuales respecto a la temática concernida y con vistas a la mejora de la competitividad o sostenibilidad medioambiental.

II.B Actividades demostrativas que muestran la viabilidad o el funcionamiento en condiciones reales de aquellas prácticas o innovaciones.

b) Intervención de servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias:

III) Programas temáticos para contribuir a la prestación de servicios de asesoramiento en materia de digitalización.

IV) Programas temáticos para la creación de servicios de asesoramiento en materia de digitalización.

**** ¿Qué se entiende por Evento divulgativo subvencionable?: conferencias, jornadas, congresos, reuniones, talleres, sesiones, hackathons (ámbito digitalización), seminarios, webinarios, ponencias, ferias, mesas redondas, mesas de trabajo, debates, etc. Se incluye la difusión en redes sociales (vídeos o audios en directo), podcasts, radio, televisión, divulgación en plataformas online, campañas de sensibilización o concienciación, etc. También se puede realizar divulgación de actividades de innovación que se realizan en el marco de la Asociación

BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarias:

a) Las entidades que conforme a sus normas estatutarias u objeto tengan ámbito nacional, sean organizaciones de titularidad privada sin ánimo de lucro y tengan vinculación con el sector agroalimentario o forestal.

b) Las entidades de economía social de ámbito nacional según establece el artículo 5 apartado 2 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que tengan vinculación con el sector agroalimentario y forestal.

c) Además de las previstas en las letras anteriores, exclusivamente para la intervención supraautonómica de intercambio de conocimientos y actividades de formación e información (7201) también podrán ser beneficiarias las entidades y agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas, que demuestren vinculación con el sector agroalimentario o forestal

PROGRAMA I.- Programas temáticos relacionados con las tecnologías de digitalización

I.A Eventos en forma de jornadas técnicas, seminarios técnicos o jornadas de campo, entre otros, en el que se divulga de forma abierta conocimientos tecnológicos y de gestión más actuales respecto a la temática concernida y con vistas a la mejora de la competitividad o sostenibilidad medioambiental.

Consistirá en eventos de divulgación con acciones, metodologías y enfoques dentro del ámbito de las TIC. Se podrán realizar en diferentes escenarios y contextos: explotaciones agrarias, ferias, exposiciones, congresos, redes sociales, universidades, centros tecnológicos, centros de innovación digital o «Digital Innovation Hubs», aceleradoras de emprendimiento, incubadoras, laboratorios vivos o «living labs», etc.

I.B Actividades demostrativas que muestran la viabilidad o el funcionamiento en condiciones reales de aquellas prácticas o innovaciones.

Se tratará de demostraciones presenciales, de duración variable (la convocatoria podrá establecer su duración máxima) que permitirán probar, evaluar, mostrar y divulgar acciones, metodologías o enfoques que fomenten la adopción de tecnologías de digitalización y big data consideradas de interés general para el sector agroalimentario y forestal a lo largo de toda la cadena (de aplicación no circunscrita a una especificidad de una comunidad autónoma).

 Las actividades demostrativas podrán ser, entre otras:

a) Visitas a «early adopters», pioneros, pudiendo tener lugar las actividades demostrativas en las explotaciones agrarias o en el lugar que las entidades beneficiarias considerasen procedente.

b) Acciones demostrativas en ferias, exposiciones, congresos, aceleradoras de emprendimiento, incubadoras, centros de innovación digital, laboratorios vivos y otros.

c) Acciones demostrativas en centros tecnológicos, de investigación, universitarios o de formación.

I.C Cursos formativos para adquisición de competencias en digitalización:

1) Cursos orientados a profesionales.

 2) Cursos orientados a personas que realizan asesoramiento.

Las actividades formativas podrán ser teóricas o prácticas, desarrollarse tanto presencialmente como online o en formatos mixtos, en ambos casos de forma síncrona con el alumnado, y tendrán como objeto la adquisición de nuevas competencias para la transición digital en alguna de las siguientes temáticas relacionadas con la digitalización:

a) Agricultura, selvicultura y ganadería de precisión.

b) Utilización de TIC para la implantación o mejora de procesos de bioeconomía o economía circular.

c) Utilización de TIC para la vigilancia y detección precoz de plagas y enfermedades. Vigilancia sindrómica.

d) Utilización de TIC para la mejora medioambiental de la explotación. Ecorregímenes, condicionalidad, biodiversidad, cambio climático, suelos, agua, etc. e) Utilización de TIC en trazabilidad e identificación animal.

f) Uso de cajas de herramientas comunes para un conjunto de empresas del mismo subsector.

g) Adaptación al cuaderno digital de explotación.

h) Nuevas oportunidades de negocio a partir de TIC encaminadas a fijar población en el medio rural. Reto demográfico.

i) Fomento del emprendimiento en el sector mediante acciones de digitalización.

j) Nuevos mecanismos de distribución final, comercio electrónico y cadenas cortas de comercialización, blockchain para trazabilidad, mejora de los procesos productivos, mejora conocimiento tendencias consumo, etc.

k) Uso de TIC para gestión económica y contable de los productos anexo I del TFUE, los productos forestales y de los servicios asociados a esos productos.

l) Teledetección, control y seguimiento de explotaciones agrarias (aplicaciones variables en el sector, regadíos, análisis multicriterio, etc.).

FINALIDAD DEL PROGRAMA I.- El Programa I tienen como objetivo aumentar las competencias digitales de los profesionales del sector agroalimentario y sector forestal para facilitarles acceso a información novedosa, nuevas y buenas prácticas

GASTOS SUBVENCIONABLES.- Se consideran subvencionables los siguientes gastos:

1.º Costes directos de personal tanto propio como externo, incluyendo:

i)Personal docente: el encargado de la realización de las actividades de formación mediante la impartición de las unidades didácticas y, en actividades de demostración, el encargado de la difusión, comunicación, divulgación o puesta en práctica de las actividades de demostración e información. A efectos del cálculo de los costes directos de personal docente, podrán contabilizarse las horas de preparación de las actividades hasta un límite de 1,5 horas por hora impartida.

ii)Personal de coordinación, encargado de los aspectos organizativos de la actividad. A efectos de estas ayudas se entiende como personal propio de la entidad beneficiaria o de las entidades de la agrupación beneficiaria, aquél que recibe una remuneración salarial de ésta o de alguno de sus miembros, como pago por los rendimientos del trabajo que desempeña para la misma, ya sean trabajadores por cuenta ajena, con dedicación plena o a tiempo parcial (incluidos los específicamente contratados para la ejecución de la propuesta de actividades) o trabajadores por cuenta propia (autónomos) pero que realizan un trabajo dependiente de una entidad beneficiaria. Los gastos de personal de coordinación no podrán exceder del 20 % de los gastos directos de la propuesta de actividades. En el caso del personal docente externo el importe máximo de financiación será de 90 euros la hora, IVA excluido.

2.º Costes indirectos, es decir, costes que no están vinculados o no pueden vincularse directamente con una actividad específica de la entidad en cuestión. Entre estos costes se incluyen, por ejemplo, gastos de teléfono, agua o electricidad. Estos costes se calcularán a un tipo fijo del 15 % de los costes directos de personal subvencionables.

3.º Material fungible didáctico, textos y materiales similares empleados en las actividades. Se incluyen dispositivos informáticos de almacenamiento (memorias USB o similar) facilitados como soporte del material en formato electrónico. Máximo subvencionable de 40 euros por alumno.

4.º Alquiler de instalaciones, edificaciones, maquinaria o equipos o prestación de servicios de terceros requeridos para el desarrollo de la actividad, mientras se está desarrollando la actividad divulgativa, demostrativa o formativa.

5.º Gastos de transporte, alojamiento y manutención de personal y participantes, incluidos los motivados por la realización de viajes didácticos previstos en las actividades de divulgación, de demostración y de formación. Los gastos de transporte, alojamiento y manutención no podrán exceder el 40 % de los gastos directos de la propuesta de actividades.

6.º Gastos derivados de la suscripción de seguros de accidentes del personal docente y participantes y, en su caso, seguro de responsabilidad civil para afrontar los riesgos que para los bienes y las personas puedan derivarse de la realización de las actividades. La convocatoria podrá establecer un límite máximo.

7.º Gastos de creación, adaptación y mantenimiento de entornos virtuales formativos (aula virtual) como herramienta de apoyo a las actividades. La convocatoria podrá establecer un límite máximo.

8.º Costes de comunicación. Diseño y edición de cartelería y folletos y gastos de envío de estos, otros materiales para soportes y canales digitales. La convocatoria podrá establecer un límite máximo.

9.º Gasto derivado del informe realizado por un auditor, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

10.º En los programas temáticos de actividades demostrativas (P.I.B y P.II.B), se podrá conceder ayuda a gastos en inversiones productivas y no productivas, materiales o inmateriales, indubitadamente vinculados a la actividad demostrativa que se limitarán a:

 i. La amortización correspondiente al periodo subvencionable en caso de compra de nueva maquinaria y equipo.

ii. La amortización correspondiente al periodo subvencionable de la adquisición de licencias de software, el desarrollo o las tarifas de uso de programas informáticos, soluciones en la nube o similares, y las adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autos y marcas registradas.

PROGRAMA II.-  Programas temáticos no directamente relacionados con las tecnologías de digitalización

II.A Eventos en forma de jornadas técnicas, seminarios técnicos o jornadas de campo, entre otros, en el que se divulga de forma abierta conocimientos tecnológicos y de gestión más actuales respecto a la temática concernida y con vistas a la mejora de la competitividad o sostenibilidad medioambiental.

La propuesta de actividades para el Programa IIA de Eventos fuera del ámbito de la digitalización recogerá de forma integral un compendio de eventos en forma de jornadas técnicas, seminarios técnicos o jornadas de campo, entre otros, en el que se divulga de forma abierta conocimientos sectoriales y de gestión más actuales respecto a la temática concernida y con vistas a la mejora de la competitividad, la viabilidad social o la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones agrarias o ganaderas o la industria agroalimentaria relacionadas. Consistirá en eventos de divulgación con acciones, metodologías y enfoques fuera del ámbito de las TIC. Se podrán realizar en diferentes escenarios y contextos: explotaciones agrarias, ferias, exposiciones, congresos, universidades, centros tecnológicos, centros de innovación digital, laboratorios vivos, aceleradoras de emprendimiento, incubadoras, etc.

II.B Actividades demostrativas que muestran la viabilidad o el funcionamiento en condiciones reales de aquellas prácticas o innovaciones.

En lo relativo al Programa IIA y al IIB  se podrán cubrir algunas de las siguientes temáticas y las asimiladas dentro de ellas:

a) Innovación interactiva o disruptiva. Colaboración y creación de redes con otros actores del Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura.

b) Reto demográfico, relevo generacional y asociacionismo.

c) Mejora del bienestar animal.

d) Prácticas ambientales en la PAC (Condicionalidad, ecorregímenes, compromisos medioambientales, climáticos y demás compromisos de gestión; etc.).

e) Agricultura y ganadería regenerativa.

f) Uso eficiente del agua en la agricultura.

g) Fertilización, incluido el seguimiento y control de la contaminación difusa en regadíos (nitratos y otros nutrientes en el suelo y en el agua).

h) Uso de energías renovables en la agricultura. Aplicaciones para el regadío, invernaderos y otras oportunidades de mitigación del cambio climático.

i) Jóvenes y mujeres en el sector agroalimentario y forestal.

j) Ganadería extensiva. k) La producción ecológica y la agroecología.

l) La producción integrada.

m) Producciones con Indicaciones de Calidad Diferenciada (DOP, IGP y ETG).

n) Gestión forestal sostenible.

ñ) Mitigación y adaptación al cambio climático: Descarbonización de las producciones ganaderas, prácticas de carbon farming, compensación de emisiones, etc.

o) Detección y análisis de riesgos en la agricultura, ganadería y selvicultura.

 p) Sanidad vegetal y forestal, uso de productos fitosanitarios.

q) Sanidad animal, uso de antimicrobianos y biocidas en ganadería.

r) Conservación de suelos. s) Circuitos y canales cortos de comercialización. t) Creación de nuevas cadenas de valor para productos agrarios, ganaderos y forestales.

u) Recursos genéticos vegetales y animales, biodiversidad agraria, razas autóctonas y variedades vegetales autóctonas.

v) Bioeconomía circular: transformación, valorización y gestión sostenible de deyecciones ganaderas, bioproductos, subproductos para la alimentación humana y/o animal, nuevos métodos de digestiones anaerobias, etc.

w) Biodiversidad agraria, ganadera y forestal.

x) Pérdidas y desperdicio alimentario: cuantificación y prevención de pérdidas y desperdicio alimentario en las distintas fases de la cadena alimentaria.

En lo relativo al Programa IIB. Programa de actividades demostrativas fuera del ámbito de la digitalización, la propuesta de actividades recogerá los objetivos generales perseguidos, el grado de capacidades y experiencia del prestador del servicio, el calendario de actividades previstas y detallará para cada una de las actividades de demostración su justificación, su pertinencia y su adecuación a los destinatarios potenciales. Se tratará de demostraciones presenciales, de duración variable (la convocatoria podrá establecer su duración máxima) que permitirán probar, evaluar, mostrar y divulgar acciones, metodologías o enfoques que fomenten la adopción de metodologías consideradas de interés general para el sector agroalimentario y forestal a lo largo de toda la cadena (de aplicación no circunscrita a una especificidad de una comunidad autónoma). Las actividades demostrativas podrán ser, entre otras:

a) Visitas a «early adopters», pioneros, pudiendo tener lugar las actividades demostrativas en las explotaciones agrarias o en el lugar que las entidades beneficiarias considerasen procedente.

b) Acciones demostrativas en ferias, exposiciones, congresos, aceleradoras de emprendimiento, incubadoras, centros de innovación digital, laboratorios vivos y otros.

c) Acciones demostrativas en centros tecnológicos, de investigación, universitarios o de formación.

FINALIDAD DEL PROGRAMA II.- necesidades divulgativas y demostrativas fuera del ámbito de la digitalización que serán cubiertas por el Programa II.

GASTOS SUBVENCIONABLES.- Los mismos que los del Programa I

PROGRAMA III.-  Programas temáticos para contribuir a la prestación de servicios de asesoramiento en materia de digitalización.

El asesoramiento deberá permitir resolver las necesidades concretas de los receptores o receptoras del servicio sobre soluciones o metodologías para mejorar la gestión de la explotación o de la entidad asesorada mediante el uso de las TIC (digitalización de procesos, servicios y soluciones; digitalización para la gestión económica y del negocio; presencia en Internet, en redes sociales y marketing online; comercio electrónico; relación con terceros como clientes, proveedores, socios y otros; adaptación de sistemas al Reglamento General de Protección de Datos; emprendimiento digital; etc.) y en definitiva cualquier necesidad derivada de la adopción de procesos digitales.

El asesoramiento se prestará individualmente a profesionales de la agricultura, de la selvicultura, jóvenes agricultores y selvicultores, entidades del sector interesadas en la innovación (en particular, en la AEI-Agri) y PYMEs agroalimentarias o forestales, para mejorar los resultados económicos y medioambientales, así como el respeto para con el medio ambiente y la capacidad de adaptación de sus explotaciones, empresas o inversiones.

FINALIDAD DEL PROGRAMA III.- Apoyar el uso de los servicios de asesoramiento para la transformación digital de las empresas del sector agroalimentario y forestal y las y los jóvenes profesionales de la agricultura y del sector forestal para mejorar los resultados económicos, sociales y medioambientales, impulsar el respeto al medio ambiente y mejorar la capacidad de adaptación, de sus explotaciones o inversiones. Esta finalidad se pretende lograr mediante el fomento de servicios de asesoramiento en digitalización a través de su prestación y de su creación Las iniciativas a subvencionar mediante propuestas de actividades deberán contribuir al objetivo de modernizar la agricultura, la selvicultura y las zonas rurales, fomentando y poniendo en común el conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas agrícolas y rurales y promoviendo su adopción por los agricultores y selvicultores, mediante la mejora del acceso a la investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación.

También podrán contribuir a alguno de los objetivos específicos establecidos en el apartado 1 del mencionado artículo:

a) Apoyar una renta agrícola viable y la resiliencia del sector agrícola en todo el territorio de la Unión a fin de mejorar la seguridad alimentaria a largo plazo y la diversidad agrícola, así como garantizar la sostenibilidad económica de la producción agrícola en la Unión;

b) Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad de las explotaciones agrarias a corto y largo plazo, también mediante una mayor atención a la investigación, la tecnología y la digitalización;

c) Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor;

d) Contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación, también mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando la captura de carbono, así como promover la energía sostenible;

e) Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales como el agua, el suelo y el aire, incluyendo la reducción de la dependencia química;

f) Contribuir a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, potenciar los servicios relacionados con los ecosistemas y conservar los hábitats y los paisajes;

g) Atraer y apoyar a los jóvenes agricultores y a los nuevos agricultores y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en las zonas rurales;

h) Promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género, incluida la participación de las mujeres en la agricultura, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, entre ellas la bioeconomía circular y la selvicultura sostenible;

i) Mejorar la respuesta de la agricultura de la Unión a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud. Incluida la demanda de alimentos de buena calidad, seguros y nutritivos producidos de forma sostenible, reducir el desperdicio de alimentos, mejorar el bienestar animal y combatir la resistencia a los antimicrobianos.

GASTOS SUBVENCIONABLES.- Prestación del servicio de asesoramiento en digitalización, serán subvencionables los gastos directamente relacionados con la prestación del servicio de asesoramiento en digitalización contemplado en la propuesta de actividades, siempre que se ajusten a las siguientes reglas:

1.º Costes directos de personal tanto propio como externo, incluyendo:

i) Personal de asesoría: personas que realizan directamente la labor de asesoramiento.

ii) Personal técnico y administrativo, encargado de los aspectos organizativos y de gestión. A efectos de estas ayudas se entiende como personal propio de la entidad beneficiaria o de las entidades de la agrupación beneficiaria, aquél que recibe una remuneración salarial de ésta o de alguno de sus miembros, como pago por los rendimientos del trabajo que desempeña para la misma, ya sean trabajadores por cuenta ajena, con dedicación plena o a tiempo parcial (incluidos los específicamente contratados para la ejecución de la propuesta de actividades) o trabajadores por cuenta propia (autónomos) pero que realizan un trabajo dependiente de una entidad beneficiaria. En el caso del personal de asesoría externo el importe máximo de financiación será de 90 euros la hora, IVA excluido.

2.º Costes indirectos, es decir, costes que no están vinculados o no pueden vincularse directamente con una actividad específica de la entidad en cuestión. Entre estos costes se incluyen, por ejemplo, gastos de teléfono, agua o electricidad. Estos costes se calcularán a un tipo fijo del 15 % de los costes directos de personal subvencionables.

3.º Gastos en materiales de asesoramiento (textos y materiales fungibles empleados en las actividades o entregados en el asesoramiento al destinatario de este). Se incluyen dispositivos informáticos de almacenamiento (memorias USB o similar) facilitados como soporte del material en formato electrónico. Con un límite de 40 euros por asesoramiento realizado.

4.º Gastos de transporte, alojamiento y manutención de personal.

 5.º Gastos de creación, adaptación y mantenimiento de entornos virtuales para la realización de la actividad. La convocatoria podrá establecer un límite máximo.

6.º Gastos derivados de la suscripción de seguros de responsabilidad civil para afrontar los riesgos que para los bienes y las personas puedan derivarse de la realización de las actividades. La convocatoria podrá establecer un límite máximo.

7.º Gasto derivado del informe realizado por un auditor, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

 8.º Los gastos derivados de la certificación requerida en el apartado 10 del artículo 13 de este Real Decreto tendrán la condición de gasto subvencionable.

PROGRAMA IV.-  Programas temáticos para la creación de servicios de asesoramiento en materia de digitalización.

Programa de Establecimiento del Servicio de Asesoramiento en Digitalización, la propuesta de actividades incluirá la planificación detallada de cómo se creará el servicio de asesoramiento, ya que las actividades que son objeto de subvención son las necesarias para la creación e implantación de servicios asesoramiento en digitalización, y que la entidad solicitante realizará en el marco de la solicitud de subvención. La finalidad es fomentar la creación de servicios de asesoramiento en materia de digitalización para implantar el asesoramiento en digitalización de cara a ayudar a las personas titulares de explotaciones agrarias (agricultores, selvicultores, nuevos agricultores o selvicultores, profesionales jóvenes de la agricultura o la selvicultura, entidades del sector interesadas en la innovación (en particular en la AEI-Agri) a adoptar o mejorar procesos digitales en las mismas.

La entidad beneficiaria de la subvención será la creadora de un servicio de asesoramiento en digitalización. Las entidades que no tengan un servicio de asesoramiento en materia de digitalización establecido podrán solicitar subvención para sufragar los costes directamente ligados al establecimiento del servicio

FINALIDAD DEL PROGRAMA IV.- Lo mismo expuesto en la finalidad del programa III

GASTOS SUBVENCIONABLES PROGRAMA IV.

Establecimiento del servicio de asesoramiento en digitalización, serán subvencionables los siguientes gastos directamente relacionados con la creación del servicio de asesoramiento en digitalización contemplados en la propuesta de actividades correspondiente, siempre que se ajusten a las siguientes reglas:

 1.º Costes directos de personal, tanto propio como externo para la creación del servicio del asesoramiento, incluyendo:

 i) Profesionales de asesoría: personas que realizan directamente la labor de asesoramiento.

ii) Personal técnico y administrativo, encargado de los aspectos organizativos y de gestión. A efectos de estas ayudas se entiende como personal propio de la entidad beneficiaria o de las entidades integrantes de la agrupación beneficiaria, aquél que recibe una remuneración salarial de ésta o de alguno de sus miembros, como pago por los rendimientos del trabajo que desempeña para la misma, ya sean trabajadores por cuenta ajena, con dedicación plena o a tiempo parcial (incluidos los específicamente contratados para la ejecución de la propuesta de actividades) o trabajadores por cuenta propia (autónomos) pero que realizan un trabajo dependiente de una entidad beneficiaria. En el caso del personal de asesoría externo el importe máximo de financiación será de 90 euros la hora, IVA excluido.

2.º Costes de servicios de contratación del personal (proceso de selección, búsqueda de candidatos y tramitación contrato).

 3.º Costes indirectos, es decir, costes que no están vinculados o no pueden vincularse directamente con una actividad específica de la entidad en cuestión. Entre estos costes se incluyen, por ejemplo, gastos de teléfono, agua o electricidad. Estos costes se calcularán a un tipo fijo del 15 % de los costes directos de personal subvencionables.

4.º Gastos de transporte, alojamiento y manutención de personal.

5.º Compra o arrendamiento con opción de compra de vehículos hasta el valor de mercado del producto. Será subvencionable en la medida en que se utilice para el establecimiento del servicio y durante el periodo de percepción de la subvención. Únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes al período de percepción de la subvención, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.

6.º Costes de licencia de actividad.

7.º Alquiler de instalaciones, edificaciones, maquinaria o equipos de terceros requeridos para el desarrollo de la actividad.

8.º Gastos de creación, adaptación y mantenimiento de entornos virtuales para la realización de la actividad. La convocatoria podrá establecer un límite máximo.

9.º Se podrán considerar en la convocatoria gastos en inversiones, materiales o inmateriales, indubitadamente vinculados a la creación del servicio de asesoramiento que se limitarán a:

i. La amortización en caso de la compra de nueva maquinaria y equipo durante el periodo subvencionable.

ii. La adquisición de licencias de software, el desarrollo o las tarifas de uso de programas informáticos, soluciones en la nube o similares, y las adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autos y marcas registradas, hasta una intensidad de ayuda máxima del 65 % siempre. La convocatoria podrá establecer un límite a estas inversiones

10.º Gasto derivado del informe realizado por un auditor, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

GASTOS NO SUBVENCIONABLES (para todos los programas)

No serán gastos subvencionables:

a) Gastos financieros: intereses y leasing.

b) El impuesto sobre el valor añadido (IVA), salvo cuando no sea susceptible de recuperación por la entidad beneficiaria, respecto de todos los programas temáticos.

c) Amortización de instalaciones, o bienes de equipo preexistentes.

d) Únicamente en los Programas temáticos P.I.A, P.II.A, P.I.C.1, P.I.C.2 y P.III no será subvencionable la compra de material informático (distinto del de almacenamiento de datos), equipos o edificios.

FINANCIACIÓN

 El límite máximo de estas ayudas se determinará en la correspondiente convocatoria con base en máximos en las propuestas de actividades de los distintos tipos de programas temáticos, pudiendo análogamente la convocatoria establecer una subvención mínima por programa temático.

La subvención corresponderá al 100 % de los gastos subvencionables que se hayan generado por la actuación, dentro de los límites señalados en la convocatoria.

INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES

Estas actuaciones objeto de los gastos financiados por las ayudas no pueden recibir ninguna otra financiación concurrente con cargo al presupuesto de la Unión o cualquier otra financiación pública. L

Los gastos concretos financiados por estas ayudas no podrán optar a ninguna otra financiación proveniente de cualquier ayuda compatible que provenga de otras administraciones públicas y otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

AGRICULTURA DE LEGAL.LÍO (PAGOS COMPENSATORIOS ZONA DE MONTAÑA Y CON LIMITACIONES NATURALES. CONVOCATORIA 2024. REGIÓN DE MURCIA. DESARROLLO RURAL)

Orden de 3 de abril de 2024 de la Consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se aprueba la convocatoria del año 2024 de las líneas de ayuda correspondientes a las distintas submedidas de la medida 13 “Pagos compensatorios en zonas de montaña y pagos compensatorios en zonas con limitaciones naturales” del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2022. (BORM 09/04/2024)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2024/numero/1674/pdf?id=825938

Beneficiarios. 1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes, reuniendo la condición de agricultor, cumplan además los siguientes requisitos:

a) ser titular de una explotación que esté situada total o parcialmente en la Región de Murcia.

b) ser Agricultor a Titulo Principal

2. Además, las explotaciones para las que se solicite la ayuda deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Cuando la ayuda se solicite en recintos SIGPAC de uso “viñedo”, éstos deberán estar inscritos, a nombre del solicitante, en el Registro Vitícola, como “Viñedo con autorización de plantación”, en el momento de finalizar el plazo de presentación de las solicitudes de concesión de las ayudas, o al menos deberá haberse solicitado a esa fecha la inscripción en el citado Registro. La comprobación de este requisito se efectuará de oficio por el órgano instructor de las ayudas.

b) Las superficies agrícolas para las que se solicite la ayuda no podrán estar abandonadas.

3. Para ser beneficiario de los pagos compensatorios en zonas de montaña, los recintos SIGPAC para los que se solicite la ayuda tienen que estar ubicados dentro de alguno de los municipios clasificados como zona de montaña, considerándose como tales los municipios o partes de municipios incluidos en la Directiva del Consejo de 14 de julio de 1986 relativa a la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas con arreglo a la Directiva 75/268/CEE, y que

concretamente son los siguientes:

· Caravaca de la Cruz,

· Moratalla

· Lorca, Polígonos Catastrales:

– Del 1 al 35 y el 38

– Del 191 al 251

– Del 257 al 299

– Del 319 al 322

– Del 330 al 333 más el 309 y el 328

4. Para ser beneficiario de los pagos compensatorios en zonas con limitaciones naturales, los recintos SIGPAC para los que se solicite la ayuda tienen que estar ubicados en alguna de las zonas con limitaciones naturales definidas en el Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia, considerándose como tales los siguientes municipios, o partes de los mismos: Abanilla, Albudeite, Alcantarilla, Bullas, Campos del Río, Cartagena (pedanías: Rincón de San Ginés, Aljorra (La), San Antonio Abad, Alumbres, Santa Lucía, Canteras, Magdalena (La), Campo Nubla, Escombreras, Hondón, Perín, Puertos (Los)), Cehegín, Fortuna, Fuente Álamo de Murcia (pedanías: Paganés (Los), Cánovas, Campillo de arriba, Palas (Las), Almagros (Los), Pinilla (La), Loma (La), Espinar (El), Campillo de Abajo, Cuevas del Reyllo, Escobar, Jorges (Los), Vivancos (Los)), Jumilla, Mazarrón (pedanías: Atalaya, Leiva, Garrobo, Saladillo, Majada (La), Mazarrón, Cañada del Romero, Gañuelas, Mingrano), Molina de Segura, Mula, Murcia (pedanías: San Ginés, Rincón de Beniscornia, Beniaján, Espinardo, Era Alta, Arboleja, Monteagudo, Alquerías, Raya (La), Carrascoy, San José de La Vega, Dolores (Los), Baños y Mendigo, Algezares, Palmar (El), Puebla de Soto, Barqueros, Torreagüera, Ñora (La), Aljucer, Cañada de San Pedro, Cañada Hermosa, Churra, Corvera, Guadalupe, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Murcia, Nonduermas, Puntal (El), Los Ramos, Rincón de Seca), Pliego, Puerto Lumbreras, Ricote, y Yecla.”

 Objeto. Las ayudas tienen por objeto indemnizar a los agricultores por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados de realizar su actividad agraria en zonas de montaña y en zonas con limitaciones naturales de la Región de Murcia.

Cuantía. El importe global destinado a la convocatoria será de 2.300.000,00 €, para los pagos compensatorios en Zonas de Montaña (Medida 13.1 del PDR 2014-2022) y de 2.730.000,00 € para los pagos compensatorios en Zonas con Limitaciones Naturales (Medida 13.2 del PDR 2014-2022). La financiación de las ayudas corresponderá, en un 63% a la Unión Europea, a través del fondo FEADER, en un 5% al Estado y en el 32% restante a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes. El lugar de presentación de la solicitud. Conforme al artículo 25 de la Orden de 15 de marzo de 2023, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca el plazo de presentación de la solicitud única para el año 2024 se iniciará el 1 de febrero y finalizará el 30 de abril de 2024, ambos inclusive, siendo el plazo de modificaciones hasta el 31 de mayo de 2024.

AGRICULTURA DE LEGAL.LÍO (AYUDAS PEPAC)

AYUDAS INVERSIONES EN ACTIVOS MATERIALES O INMATERIALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA DESTINADAS A LA TRASFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ( PEPAC)

AYUDAS INVERSIONES EN ACTIVOS MATERIALES O INMATERIALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA DESTINADAS A LA TRASFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ( PEPAC)

Orden de 5 de abril de 2024 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios en el marco del Plan Estratégico de la Política agraria común, período 2023-2027 (BORM 09/04/2024)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2024/numero/1673/pdf?id=825937

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones en activos materiales o inmateriales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia destinadas a la trasformación, comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios, dentro de las actuaciones incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria de España 2023-2027 (en adelante, PEPAC), intervención 6842.2 – Ayudas a inversiones en transformación, comercialización y/ o desarrollo de productos agroalimentarios, financiadas a través el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)

Podrán ser susceptibles de ayuda aquellas actuaciones que resultando priorizadas supongan, con carácter general, la consecución de los siguientes objetivos:

1. Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular, haciendo mayor hincapié en la investigación, la tecnología y la digitalización, mediante alguna de las siguientes acciones:

a. Innovación,

b. Aumento de tamaño,

c. Creación de empresas,

d. Internacionalización,

e. Búsqueda de nuevos productos y/o mercados,

f. Incorporación de nuevos procesos de elaboración y tecnologías (TIC…)

g. Mejora de la calidad,

h. Seguridad alimentaria.

2. Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible, mediante alguna de las siguientes acciones:

a. Procesos de integración,

b. Valorización de subproductos,

c. Nuevas instalaciones de iniciativas comercializadoras y/o transformadoras de productos agrarios y/o agroalimentarios en el medio rural que aprovechen las materias primas presentes en el mismo.

Tanto en el caso de empresa nueva, como de empresa ya en activo, estará dedicada a la transformación y/o comercialización de productos agrícolas del Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las materias primas utilizadas deben estar recogidas en el Anexo I del Tratado, además, se podrán incluir los aditivos alimentarios y coadyuvantes tecnológicos, tal como establece el artículo 3.2) del Reglamento (CE) 1333/2008, sobre aditivos alimentarios. 4. Adoptará el compromiso a mantener la actividad productiva y/o comercial objeto de ayuda, su naturaleza y ubicación, así como la titularidad, de los activos subvencionados, en los cinco años siguientes a la fecha de la Orden de pago final de la subvención concedida.

 Deberá presentar un Plan de Inversión

 Se excluyen de optar a estas ayudas las inversiones en empresas agroalimentarias con limitaciones sectoriales impuestas en la normativa comunitaria: a) En el sector frutas y hortalizas, las proyectadas por empresas reconocidas como Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), tal como establece el Real Decreto 1972/2008, de 28 de noviembre de 2008. No obstante, lo anterior, serán auxiliables las acciones que no hayan presentado solicitud de ayuda en los programas operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) para las mismas inversiones.

 En relación con estas limitaciones sectoriales y con la condición de PYME del solicitante, serán admisibles aquellas cooperativas agrarias, que integren varias secciones de actividad y que presenten su Plan de Inversión para las secciones que no presenten limitaciones sectoriales.

Inversiones subvencionables.

 Se considerarán subvencionables aquellos gastos que, figurando en la solicitud de ayuda inicial, (PEPAC) se ubiquen íntegramente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y constituyan la base sobre la cual se haya dictado la correspondiente resolución de concesión, o bien estén cubiertos por una resolución de modificación posterior realizada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de esta Orden. 2. Serán subvencionables las siguientes actuaciones:

a) La construcción y adquisición (incluido el arrendamiento financiero) o mejora de bienes inmuebles.

b) La compra de maquinaria y equipos nuevos, hasta el valor de mercado del producto. Será posible el arrendamiento con opción de compra si a fecha de solicitud de pago el beneficiario es propietario de la maquinaria o equipo.

c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios de arquitectos, ingenieros, auditores y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad.

d) las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.

La suma de los gastos contemplados en las letras c) y d) tendrán el límite del 10% de la suma de la inversión subvencionable de las letras a) y b).

 No tendrán consideración de subvencionables los gastos descritos en el Anexo IV.

 En el caso de inversiones para la generación de energías renovables se deberán de respetar los criterios de sostenibilidad de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en la Directiva de energías renovables 2018/2001.

 Tipo e intensidad de la ayuda.

 Intensidad de la ayuda en PYMES:

a) Con carácter general, la intensidad de la ayuda será del 25% de la inversión subvencionable. b) Con producto final fuera del Anexo I del Tratado, será del 20% de la inversión subvencionable. c) En los supuestos a) y b) cuyas inversiones se ubiquen en zona de montaña o territorio LEADER se aplicará un incremento del 5% en la intensidad de ayuda para empresa PYME (el territorio Leader queda definido en el anexo I de la Orden de 24 de marzo de 2023 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca BORM 29.03.2023).

 En el caso de inversión para grandes empresas la intensidad será del 18% de la inversión subvencionable, siendo de aplicación las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional revisadas (DAR) adoptadas por la Comisión Europea el 19 de abril de 2021.

El importe máximo de ayuda por beneficiario para todo el período de justificación del Programa de la PEPAC del período 2023-2027 no superará los 2.500.000 de euros.

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la correspondiente convocatoria.

EL ASCENSOR NUEVO ES COSA DE TODOS LOS PROPIETARIOS, INCLUIDOS LOCALES Y GARAJES.

Cuando se instala un ascensor ex novo (esto es, cuando no había ascensor y se instala uno por primera vez), los propietarios de los locales comerciales y de los garajes, además de los propietarios de las viviendas, también deben contribuir al gasto que ello supone.

No es justificación para excluirlos del gasto la falta de uso -salvo que se adopte un acuerdo aprobado por unanimidad-.

Y es que la adecuación funcional que supone la instalación de un ascensor antes inexistente no es una simple mejora.

Otra cosa es que los dueños de los locales y de los garajes no contribuyan a los gastos de funcionamiento y mantenimiento del ascensor, pero sí tienen que hacerlo respecto a los gastos de instalación o sustitución del ascensor.

Por acuerdo de la junta de propietarios se puede acordar un sistema de pago diferente al pago proporcional en función de la cuota de participación, pero el acuerdo que opte por un concreto método de repercusión del gasto no puede lesionar gravemente los intereses de ningún propietario.

PAREJAS DE HECHO O SE PROTEGEN O DESPUÉS SE VERAN COMPLETAMENTE ABANDONADAS EN DERECHOS, PENSIONES Y PRESTACIONES.

Muchas parejas de hecho se lamentan, cuando sucede algo en la relación –como la ruptura o la muerte de uno de los miembros-, de que la administración se olvida de ellos.

Son esas palabras duras, pero a poco que las mediten encontrarán que son palabras a las que no les falta razón.

No todas las parejas de hecho lo son por las mismas razones, ni tampoco merecen una valoración similar, pero hoy en día esas distancias se han reducido mucho. ¿Un matrimonio a prueba? ¿No me caso para no perder una pensión de viudedad? Pocas razones quedan hoy en día, a la vista de cómo se ha regulado el matrimonio en los últimos años, que justifiquen ser pareja de hecho: la mayor parte de las parejas de hecho lo son por inercia, empezaron a convivir y no se han detenido a pensar qué consecuencias jurídicas tiene esa convivencia o relación.

Hace poco, año 2020, en España había más de un millón ochocientas mil parejas de hecho y nueve millones y medio de matrimonios, pero el número de parejas se incrementa anualmente y baja el de matrimonios.

No quiero hacer un post muy largo, por ello voy a terminar siendo muy claro y tajante. Las parejas de hecho no tienen una regulación general en España, sólo hay referencias puntuales en algunas leyes (por ejemplo, arrendamientos urbanos, adopción, pensiones públicas, permisos laborales) para darles una pequeña protección. Algunas comunidades autónomas (14 de las 17, esto es, todas menos las dos Castillas y la Rioja -Murcia ha sido la última en regular en el año 2018) tienen una legislación sobre parejas de hecho pero que tienen sólo efectos administrativos, no civiles (pues la regulación de los efectos civiles son competencia del Estado -que no quiere legislar al respecto, y probablemente con mucha razón para no hacerlo- no de las Comunidades Autónomas, pues la mayoría carece de competencias civiles o sólo las tienen para desarrollar su derecho civil propio allí donde exista, como Cataluña o Galicia) -que son los que verdadera y finalmente importan: no soy heredero -salvo que se haga testamento- de mi pareja, somos extraños en los bienes que hemos comprado juntos, es complicado tener pensión de viudedad; no recibo indemnizaciones ni, salvo designación concreta, soy beneficiaria de un seguro de vida… y muchos derechos más me pierdo por ser pareja de hecho).

Dos opciones tienen las parejas de hecho de garantizarse un futuro algo más seguro, estable y probablemente justo:

  1. La mejor opción: Casarse y otorgar capitulaciones matrimoniales y testamento. Hoy te puedes casar hasta por la notaría y divorciarte también por la notaría (si no tienes hijos menores de edad) o por el Juzgado (que tampoco es un trámite excesivamente caro).
  2. Si aún hay reticencias para casarse, regular documentalmente la relación, haciendo una planificación y previendo lo que puede pasar en el futuro, para ello como mínimo debería hacer un testamento, un pacto en previsión de ruptura, inscribir la pareja de hecho en el registro autonómico y, de alguna manera, regular la autotutela para cuando uno no pueda valerse por sí mismo.

En ABOGADOS RAMA te podemos asesorar y planificar tu relación, las consecuencias de un ruptura, las relaciones económicas entre los convivientes o entre los cónyuges y, por último, pero no menos importante, las previsiones para el caso de enfermedad o fallecimiento y dejar protegida a la familia o a los seres queridos.

Es algo que muchas parejas va dejando para después. Desgraciadamente muchos llegan tarde, la vida cambia en un minuto, y luego sólo quedan lamentos, angustias y mucha necesidad que fácilmente se puede evitar. Sé que suena como las cosas malas que pasan en el mundo, que si no le tocan a uno es como si no pasaran, pero todos sabemos que pasan realmente. Situaciones que cuando no la toman con uno la toman con otro o con varios a la misma vez.

UN BUEN TESTAMENTO ES LA CLAVE. ESTADO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.

Cuando uno consulta las bases de datos aprecia muchas cosas.

Por ejemplo, que el Tribunal Supremo últimamente dicta pocas sentencias en asuntos de herencias. Digo pocas si lo relacionamos con la importancia que tienen estos asuntos, tal vez de los más numerosos en la práctica jurídica, al fin y al cabo todos morimos.

Realmente no hay mucha litigiosidad, y es que tal vez las familias no se llevan tan mal como a veces creemos desde fuera.

Por otro lado, los testamentos bien redactados evitan mucha litigiosidad.

Además, cuando algún heredero o legatario no está muy satisfecho con lo que va a recibir, muy alejado de sus expectativas, también es frenado por los gastos que puede suponer pleitear, en ocasiones más elevados de lo recibido si añadimos la tajada de Hacienda.

Y entre esas sentencias del Tribunal Supremo hay alguna que nos recuerda que tenemos sólo 4 años para impugnar un testamento en el que de forma no intencional hemos sido excluidos cuando tenemos legítima (esto es, que la ley obliga a dejarnos una parte de la herencia pero el difunto, cuando hizo testamento se olvidó sin querer de nosotros). Por ello hay que estar atento al fallecimiento de un pariente de los que la ley nos hace legitimarios (padres, abuelos, hijos, nietos y cónyuge del que no estamos separados al fallecer). No crean que no hay olvidos, sobre todo cuando uno es hijo de la primera pareja.

Cuando el testamento no pasó por el notario sino que fue manuscrito por el difunto, si reúne las características que la ley exige, sólo tenemos 4 años para impugnarlo si hemos sido desheredados, eso sí, el plazo aquí comienza no al fallecer el causante (la persona de la que tenemos expectativas de recibir algo en herencia) sino cuando uno conoce que hay un testamento ológrafo en el que lo han desheredado (y eso lo han de probar los herederos incluidos, no el desheredado).

También nos dice el Supremo que si en vida hemos donado una casa, por ejemplo, o dinero, a uno de nuestros hijos con una o varias condiciones (por ejemplo, que cuide nuestra mascota cuando no estemos, o que se preocupe por su hermano que tiene una discapacidad) todavía no tiene claro cuánto plazo hay para revocar la donación: si uno o cuatro años, ahí está todavía deshojando la margarita.

Sí está claro cuánto plazo hay si la revocación de la donación es por ingratitud, aunque a ello ayuda mucho que el artículo 652 Código Civil lo diga expresamente –y diga además que es prescripción, para no dudar si podría ser de caducidad-. Pero como en España no podemos disfrutar siempre de seguridad jurídica sí que discutimos cuándo comienza a correr el plazo del año en el supuesto de la ingratitud revocatoria del 648.1 del Código Civil.

También el Supremo nos ha sacado de dudas respecto al inicio del cómputo del plazo para ejercitar la acción de reducción de las disposiciones inoficiosas: la muerte del causante, salvo que los legitimarios no hubieran podido conocer la donación.

Es de agradecer que nos recuerde que el cónyuge viudo no tenga que colacionar por las donaciones recibidas, pues aunque el Código Civil no dice nada, el Tribunal Supremo opta por mantener lo que venía entendiendo la doctrina tradicional.

Si alguien tenía dudas, el Supremo también nos recuerda que es revocable la dispensa de colacionar en una donación, teniendo que estar a la última voluntad del causante.

Respecto al problema de si la preterición testamentaria que conlleva la invalidez total o parcial del testamento o de la institución de herederos tiene eficacia invalidante en la partición ya realizada, aunque el Código Civil no lo resuelve, el Tribunal Supremo está por conservarla si los que fueron herederos en el testamento lo siguen siendo sin él, esto es, lo son también abintestato, además de que todos ellos actuaran de buena fe cuando partieron, y para que el preterido sea restituido, los herederos le abonarán de su patrimonio la parte que le corresponda.

También nos aclara el Supremo que la legítima de los hijos preteridos intencionalmente cuando concurren con no legitimarios (por ejemplo, sobrinos) es la larga de 2/3, no la estricta (de 1/3).

Cuando se lega un bien ganancial tiene legitimación activa la viuda, pero hay un litisconsorcio pasivo necesario pues ha de demandar a los herederos del causante y no sólo a la que fue su primera esposa. Y, por si había duda, el legado de un bien ganancial de una sociedad legal de gananciales no liquidada es válido.

Se puede desahuciar por precario al coheredero que usa en exclusiva el bien.

Cuando tras la aceptación aparece la responsabilidad por deudas, el Supremo ha aceptado la nulidad de la aceptación táctica de la herencia por error determinante, en el caso por aparecer un documento privado de reconocimiento de deuda a favor de un sobrino.

Una vez abierta la sucesión del causante, disuelta y liquidada la sociedad de gananciales y determinada la legítima estricta del hijo hay que pagar la misma sin excepción o demora de plazo alguno.

Es una causa de indignidad para suceder la falta de atenciones debidas a la persona con discapacidad.

Desheredar a un hijo con conlleva también la desheredación de los nietos (de los hijos de ese hijo desheredado), artículo 857 del Código Civil.

Cuando una persona que se separó o divorció aparece como heredero en el testamento de su excónyuge hay que coger la lupa y examinar el testamento, sobre todo las palabras exactas que se ha empleado (disposiciones a favor del cónyuge, por ser tal y mientras lo sea o disposiciones a favor de la persona, aunque ya no sea el cónyuge).

Cuando se instituye heredero bajo condición de carga de cuidado, es necesario que la cláusula testamentaria sea clara, por ejemplo para no tener dudas de qué sucede si se produce un ingreso voluntario del testador en una residencia.

Cuando nos encontramos ante un contrato de alimentos vitalicios, el Supremo nos indica que hay que estar a las circunstancias del caso, no siendo donación porque es un contrato oneroso; o existiendo simulación de donación cuando no existe componente aleatorio –por ejemplo, contrato de vitalicio hecho en el lecho de muerte-.

No dude en pedirnos cita y confeccionar el testamento y no sólo este documento, también es conveniente dejar vistas muchas más cosas: poderes preventivos, autocuratela… llámenos 968427413

Los tiempos cambian…

Carlos III, por su pragmática de 23 de marzo de 1776 dispuso que: «ha llegado a ser tan frecuente el abuso de contraer matrimonios desiguales los hijos de familia, sin esperar el consejo y consentimiento paterno, o de aquellos deudos o personas que se hallen en lugar de padres»; dispuso, entre otras cosas, que «si llegase a celebrarse el matrimonio sin el referido consentimiento o consejo, por este mero hecho, así los que lo contrajeren, como los hijos y descendientes que provinieren de tal matrimonio, quedarán inhábiles, y privados de todos los efectos civiles, como son el derecho a pedir dote o legítimas, y suceder como herederos forzosos y necesarios en los bienes libres, que pudieran corresponderles por herencia de sus padres o abuelos, a cuyo respeto y obediencia faltaron contra lo dispuesto en esta pragmática; declarando como declaro por justa causa de su desheredación la expresada contravención o ingratitud, para que no puedan pedir en juicio, ni alegar de inoficioso o nulo el testamento de sus padres o ascendientes; quedando estos en libre arbitrio y facultad de disponer de dichos bienes a su voluntad, y sin más obligación que la de los precisos y correspondientes alimentos»1.

Más tarde la Ley de 20 de junio de 1862, en su artículo 1.°, dispuso que «el hijo de familia que no ha cumplido los 23 años, y la hija que no ha cumplido 20, necesitan para casarse del consentimiento paterno»; y el artículo 15 establecía que «los hijos legítimos mayores de 23 años, y las hijas mayores de 20, pedirán consejo para contraer matrimonio a sus padres o abuelos. Si no fuere el consejo favorable, no podrán casarse hasta después de transcurridos tres meses desde la fecha en que le pidieron».

El proyecto de Código Civil de 1851, en su artículo 51, estableció que «el hijo de familia que no ha cumplido 23 años, y la hija que no ha cumplido 20, necesitan para casarse el consentimiento paterno».

Cuando se promulgó el Código Civil español en 1889, la patria potestad conservaba cierta capacidad para controlar el matrimonio de sus hijos en prevención de mayores males. Así en su artículo 45 establecía que «está prohibido el matrimonio: 1.° al menor de edad que no haya obtenido licencia, y al mayor (entonces 23 años) que no haya solicitado el consejo de las personas a quienes corresponde otorgar una y otro en los casos determinados por la ley».

En el artículo 50 disponía que «si a pesar de la prohibición del artículo 45, se casaren las personas comprendidas en él, su matrimonio será válido; pero los contrayentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código penal, quedaran sometidos a las siguientes reglas:

1.ª Se entenderá contraído el casamiento con absoluta separación de bienes, y cada cónyuge retendrá el dominio y administración de los que les pertenezcan, haciendo suyos todos los frutos, si bien con la obligación de contribuir proporcionalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio.

2.ª Ninguno de los cónyuges podrá recibir del otro, cosa alguna por donación ni testamento. [Derogado por la reforma del Código Civil por Ley de 24 de abril de 1958 que derogó este párrafo siguiendo una iniciativa de Fuenmayor]3.

3.ª Si uno de los cónyuges fuere menor no emancipado, no recibirá la administración de sus bienes hasta que llegue a la mayor edad. Entre tanto sólo tendrá derecho a alimentos, que no podrán exceder de la renta líquida de sus bienes».

A su vez la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que era anterior al Código Civil, reguló el suplemento del consentimiento de los padres, abuelos o curadores para contraer matrimonio en los artículos 1919 a 1942.

Antes de la entrada en vigor del Código Civil la mayoría de edad se alcanzaba a los 25 años.

El Código Civil estableció que la mayoría de edad se alcanzaba a los 23 años.

Posteriormente, por Ley de 13 de diciembre de 1943 fijó la mayoría de edad en los 21 años.

Por otro lado, el Código Civil en su redacción originaria, en su artículo 83.1.°, dispuso que: «no pueden contraer matrimonio los varones menores de 14 años y las hembras menores de 12, también cumplidos».

SOBRE LA INCIDENCIA DE LOS RUIDOS EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS, en concreto en los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar, a la inviolabilidad del y al libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de estos derechos fundamentales.

La Constitución Española no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos razón por la cual es preciso asegurar su protección no sólo frente a las injerencias tradicionales, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada.

En la legislación española, el mandato constitucional de proteger la salud (artículo 43 de la Constitución) y el medio ambiente (artículo 45 de la Constitución) engloban en su alcance la protección contra la contaminación acústica. Además, la protección constitucional frente a esta forma de contaminación también encuentra apoyo en algunos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, entre otros, el derecho a la intimidad personal y familiar, consagrado en el artículo 18.1.

El ruido, en la sociedad de nuestros días, puede llegar a representar un factor psicopatógeno y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas (v.gr. deficiencias auditivas, apariciones de dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia), así como sobre su conducta social (en particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas).

Del ruido no se escapan los ladridos –más aún aquellos emitidos al unísono de un número elevado de perros-, de manera más o menos continúa y tanto de día como de noche, pues es evidente que causan molestias a los vecinos de los inmuebles colindantes.

Ahora bien, para que el ruido constituya «inmisión» enjuiciable como conflicto, en el marco de las relaciones de vecindad, es preciso que concurran en él los caracteres que en ese contexto la perfilan:

A) Injerencia indirecta en la esfera jurídica ajena.

B) Producción en el ejercicio de las facultades de uso o goce sobre una finca.

C) Introducción en finca ajena con repercusión en las personas o sus bienes.

D) Persistencia, reiteración o continuidad de la injerencia sonora.

E) Amenaza, iniciación y cesación de la inmisión sonora.

Y, a diferencia de la licitud, enjuiciable en sí misma, la normalidad del uso entraña un juicio comparativo referido a la actividad a que se destina el inmueble y al modo y condiciones en que se ejerce, en relación a lo que es común en el entorno en actividades de igual o semejante naturaleza e incidencia en él. La normalidad del uso ha de predicarse tanto de la actividad desarrollada en la finca, como de los empleados en su ejercicio. Para la calificación de la normalidad de un uso habrá de estarse al carácter predominantemente residencial, industrial, agrícola o ganadero de la zona, atendiendo más que a la calificación y clasificación del suelo en los instrumentos de planeamiento urbanístico, a la situación real de la zona de influencia del uso o actividad de cuya inmisión se trate.

La normalidad del uso no viene determinada solamente por el tipo de aprovechamiento a que la finca se destina en relación con los de las fincas de su entorno, sino también por el modo y los medios con que se ejercita, atendidas asimismo las características del lugar, de suerte que las inmisiones que produzcan no sean apreciablemente superiores a las de las demás fincas con idéntico o similar destino en la zona.

La normalidad del destino no ampara los excesos que en el ejercicio de la actividad o en el uso y disfrute de la finca puedan originarse.

La normalidad en el ejercicio de la actividad requiere en primer término la adecuación del lugar en que ha de desarrollarse. Un lugar que, por sus dimensiones, por razón de la distancia a otros inmuebles, por sus características estructurales o por su falta de acondicionamiento resulte inapropiado al uso, impedirá calificar como normal su ejercicio sin la introducción de las correcciones que subsanen tales deficiencias.

La autorización administrativa de la actividad permite estimar de principio acreditado el cumplimiento por la instalación y su emplazamiento de las disposiciones establecidas en interés general para su puesta en funcionamiento; pero en ningún caso alcanza a asegurar el normal desarrollo de la actividad licenciada, ni llega desde luego a legitimar las inmisiones nocivas o molestas que de él puedan derivarse en perjuicio de sus vecinos.

No sólo las condiciones estructurales del local, sino también las del inmueble sobre el que pueden proyectarse los efectos de su explotación han de ser tenidas en cuenta y valoradas por quienes pretenden instalar un negocio o industria en él.

Son quienes van a instalar el negocio productor de ruidos los que en caso de una eventual respuesta insuficiente del edificio a que elemento perturbador, por los materiales con que está construido, vienen «obligados a incrementar las medidas de insonorización para compensar ese déficit».

Supuesta la idoneidad del emplazamiento y su adecuado acondicionamiento, la normalidad del uso ha de predicarse también del modo en que el mismo se ejerce conlleva a cabo. La conducta o actividad desarrollada en él ha de adecuarse a las exigencias y pautas que son comunes o habituales en usos de sus características, habida cuenta de las necesidades y utilidades que les son propias, de los medios ordinariamente empleados en su satisfacción y de su incidencia en el entorno vecinal.

Desde esta óptica se han considerado ajenas a un normal uso las inmisiones sonoras causadas por la antigüedad, defectuosa instalación o mal funcionamiento de los instrumentos, aparatos o máquinas que las producen; por la desviación de la actividad realizada de aquélla para la que se hallaba acondicionada la finca; por la sobreexplotación de negocios con la concentración desmedida e incontrolada de clientela; la inhibición frente a sus actitudes y conductas en el establecimiento y sus accesos; la prolongación del horario de atención al público y la anulación, inaplicación o desuso de los limitadores de sonido existentes en los aparatos musicales; o por el mantenimiento en viviendas y apartamentos de compartimentos y prácticas inhabituales en una ordinaria convivencia domiciliaria, como la reiteración de escándalos domésticos, la de reuniones o fiestas tumultuosas, o la audición a todo volumen de aparatos de radio y televisión.

De todas maneras un uso normal de la propiedad inmobiliaria, tanto en lo relativo a la naturaleza del aprovechamiento como en lo que concierne al modo de llevarlos cabo, con arreglo a los parámetros comparativos a que se ha hecho mención, no excluye la producción de inmisiones acústicas en las propiedades de su entorno, que no obstante tal normalidad pueden ser por tu intensidad, continuidad o prolongación nocivas o simplemente molestas, incómodas o perturbadoras para los vecinos.

Y la sola normalidad del uso que las provoca no puede determinar por sí sola su obligada tolerancia. En materia de inmisiones, y especialmente tratándose de inmisiones sonoras, el criterio del uso normal ha de conjugarse con el de la normal tolerabilidad de las repercusiones que produce en su entorno, e incluso supeditarse a él.

La práctica diaria real, sin embargo, con alta frecuencia demuestra que las inmisiones intolerables proceden a su vez de un anormal uso o ejercicio del derecho por parte de quien las origina que un uso normal sólo en contadas ocasiones desemboca en inmisiones intolerables.

A diferencia de otras inmisiones, de difícil cuantificación, la intensidad del ruido es susceptible de una precisa medición; y distintas disposiciones administrativas de diverso rango y procedencia, especialmente autonómica y local, regulan con detalle los niveles de inmisión sonora, máximos permitidos en función de las zonas y el horario en que se produzcan y de los emisores acústicos que las generen. La existencia de esta ordenación plantea la cuestión de su valor y eficacia en la determinación civil del límite de tolerancia.

La jurisprudencia, que de manera generalizada se ha venido pronunciando por la independencia del orden jurisdiccional civil en la fijación de la tolerancia debida por razón de vecindad a las inmisiones sonoras, defendiendo su puntual determinación en función de las circunstancias del caso, recurre con frecuencia a los valores máximos que las normas administrativas establecen para justificar la intolerabilidad de las que los sobrepasan. Tal contradicción más aparente que real se ha justificado con la reiterada afirmación de que el cumplimiento de las disposiciones administrativas no exonera de responsabilidad al autor del daño cuando su mismo acaecimiento revela la insuficiencia de las medidas adoptadas en su cumplimiento para prevenir y evitar el resultado acaecido. Esta tendencia jurisprudencial se asienta en la consideración de que los niveles administrativamente establecidos, al haber sido concebidos en interés general y en no pocas ocasiones con cierta permisividad, difícilmente hallan en las particulares circunstancias del caso justificación bastante para su superación, pero que por debajo de ellos el juicio de tolerancia civil es más relativo y ha de conjugar, con estos valores, otros factores y circunstancias peculiares del caso concreto examinado.

La autonomía del orden civil respecto de la reglamentación administrativa en la apreciación de la tolerabilidad de las molestias ha sido repetidamente puesta de relieve por la jurisprudencia en aplicación de la disposición de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la ley de Propiedad Horizontal, relativas a las actividades molestas para los vecinos.

Por ejemplo, en una sentencia se declaró que existe una injerencia y perturbación ilegitima en el derecho de propiedad de los demandantes a causa de excesivos ruidos producidos por la actividad de perrera-refugio ejercida por la demandada y por la Asociación Refugio del Perrete, y se condena a ambas demandadas a cesar en la actividad y a desalojar la totalidad de los perros que hay en sus instalaciones actuales de Cerro Betas, y abstenerse de desarrollar un nueva actividad que pueda causar inmisiones en las propiedades de los demandantes como mínimo en un radio de 2.000 metros.