Categoría: Familia

Marina y su esposo, Ildefonso se divorciaron de mutuo acuerdo el 29 de abril de 2021. A pesar de divorciarse, la relación entre ellos era muy buena. Así las cosas indicaron al abogado que habían contratado que querían una guarda y custodia compartida. Tenían en ese momento un único hijo, Luisito, de 15 años. Le comentaron al abogado que, como vivían en una casa amplia, con dos plantas –cada una con sus baños y cocinas independientes-, les parecía buena idea que Ildefonso se quedara en la planta baja y Marina en la planta alta, pues ambas plantas eran como dos viviendas independientes, unidas por la escalera interior, pero con entrada y salida diferentes y todos los servicios (baño, cocina, lavadero…). Así, además, Luisito, como tenía su habitación en la planta alta, se quedaría en su cuarto, tanto en las semanas que le correspondía estar con su madre como en las que les correspondía estar con su padre.

Pero dos años después de obtener el divorcio, Marina estaba harta, más que harta. Luisito, que ya tenía 17 años, era un dejado e Ildefonso se hacía el sueco respecto a las tareas relacionadas con Luisito.

Marina acudió a otro abogado para que le solicitara al Juez que obligara a Ildefonso a hacerse cargo de las necesidades de mantenimiento en condiciones y la limpieza en las zonas que ocupa el hijo común, Luisito, esto es para que Ildefonso llevara a cabo lo que no hacía, entre otras cosas: la limpieza de baños, lavado de ropas del menor, lavado de ropa de cama, retirada y limpieza de basuras, pues en un sistema de custodia compartida semanal cada progenitor debe hacerse responsable del menor en todos los aspectos mencionados. Explicaba doña Marina que ha sido ella la que ha tenido que hacerse cargo de todos los aspectos mencionados también en la semana cuya custodia corresponde al padre, Ildefonso.

Pero doña Marina, que no tuvo suerte ni en el primer abogado elegido ni en el segundo, no obtuvo respuesta satisfactoria del Juez. Se le denegó lo que pedía. ¿Por qué? Porque no se puede obligar a alguien en un Juzgado a cosa que en la sentencia, en este caso, en el Convenio Regulador que firmaron, no se contempla (esto era algo que su abogado debía conocer), máxime cuando se solicita un hacer personalísimo (que lo haga directamente Ildefonso: que limpie, planche, cosa…).

El segundo abogado no informó a Marina de la imposibilidad de obtener en un Juzgado lo que no se ha pactado en el Convenio Regulador. Marina no tuvo suerte alguna, a diferencia de Ildefonso. La falta de especialización en derecho de familia del primer abogado –que se limitó a bajarse un modelo de convenio de internet y ponerle el nombre de sus clientes- facilitó la dejadez y abandono de Ildefonso en detrimento de Marina. Por su parte, la ignorancia de segundo abogado que contrató Marina, no le dio el resultado que ella quería, además de suponerle un coste elevado en honorarios propios y del abogado que al efecto contrató el Ildefonso, que también tuvo que pagar Marina porque la condenaron en costas.

Y Marina tenía razón, pero el Juez, aunque comprendía la desesperación de doña Marina, no pudo concederle lo que pedía porque el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se lo impedía (el Juez quería, pero no podía. En sus adentros compadecía a Marina y, en general, a todos aquellos que no ponen sus asuntos en manos de especialistas). Por ello, muy a su pesar, el Juez desestimó la pretensión de Marina.

Pero el Juez les dejó a ambos progenitores un consejo: O se ponen las pilas o a su hijo no le están haciendo ningún bien: será un maleducado y se aprovechará de su padre y de su madre todo lo que pueda y más. Realmente se lo dijo con otras palabras: “se trata de una obligación genérica y natural que compete tanto a los progenitores, quienes deberían compeler a su hijo a su realización en aras a procurarle una formación integral, como al propio hijo, quien por su edad está en condiciones de asumir o al menos colaborar en las labores de limpieza de su propia ropa y enseres y de las estancias que ocupa en el domicilio materno”.