Familia – El blog de abogados RAMA

16 mayo, 2026

Obligación de alimentos a hijos mayores de edad en el Derecho español

TÍTULO I: MARCO GENERAL DE LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS

Capítulo 1: Fundamento y Naturaleza Jurídica de la Obligación Alimenticia

La obligación de prestar alimentos se fundamenta en el principio de solidaridad familiar, con un anclaje constitucional en el artículo 39 de la Constitución Española, que mandata a los poderes públicos asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y de los hijos. Este deber, considerado uno de los de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico, se deriva directamente de la relación de filiación y no se extingue con la crisis matrimonial.

La jurisprudencia ha destacado que el derecho a la vida, como derecho de la personalidad, subyace en esta figura, cuyo fin es tutelar un interés jurídico privado e individual. La obligación recae sobre ambos progenitores, con independencia de que ostenten o no la patria potestad, tal como se desprende de los artículos 110 y 154 del Código Civil.

Capítulo 2: Distinción entre Alimentos a Hijos Menores y Mayores de Edad

Es fundamental diferenciar el régimen jurídico aplicable a la pensión de alimentos según la edad del hijo, pues su fundamento, naturaleza y contenido varían sustancialmente.

Sección 1ª: Alimentos a Hijos Menores de Edad

La obligación de alimentos hacia los hijos menores de edad es un deber incondicional e insoslayable, inherente a la patria potestad y derivado directamente de la filiación (Artículo 154 del Código Civil). Su contenido es amplio y no se limita a lo indispensable para la subsistencia, sino que abarca todo lo necesario para el desarrollo integral de la personalidad del menor, incluyendo sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción, conforme al estatus social y económico de la familia.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, como en su Sentencia de 12 de febrero de 2015, ha calificado esta obligación como un deber que resulta incondicional «con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención». La necesidad del menor se presume, y la obligación es de orden público, pudiendo el juez acordarla de oficio.

Sección 2ª: Alimentos a Hijos Mayores de Edad

Al alcanzar la mayoría de edad, la obligación alimenticia de los progenitores muta su fundamento. Ya no emana de los deberes de la patria potestad, sino del deber general de alimentos entre parientes, regulado en los artículos 142 y siguientes del Código Civil. El principio rector pasa a ser la solidaridad familiar.

El contenido de esta obligación es más restrictivo, limitándose a lo «indispensable» para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, así como la formación, siempre que no haya terminado por causa imputable al hijo. A diferencia de los menores, la necesidad del hijo mayor de edad no se presume, sino que debe ser acreditada. Se integra únicamente por situaciones de «verdadera necesidad», y no meramente asimiladas a las de los hijos menores.

TÍTULO II: RÉGIMEN ESPECÍFICO DE LOS ALIMENTOS PARA HIJOS MAYORES DE EDAD

Capítulo 1: Base Legal y Requisitos para su Establecimiento

Sección 1ª: Fundamento Normativo

La principal norma que regula la fijación de alimentos para hijos mayores en el contexto de un proceso matrimonial es el párrafo segundo del Artículo 93 del Código Civil, que establece:

«Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código.»

Este precepto actúa como una norma procesal que, por razones de economía procesal, permite resolver esta cuestión dentro del procedimiento de familia, evitando un litigio independiente.

Sección 2ª: Requisitos Concurrentes

Para que proceda el establecimiento de esta pensión, deben concurrir simultáneamente dos requisitos:

Convivencia en el domicilio familiar: La jurisprudencia interpreta este requisito de forma flexible. No se exige una permanencia física ininterrumpida. Se considera que la convivencia subsiste si el hijo reside temporalmente fuera por razones de estudios (por ejemplo, en una residencia universitaria o en el extranjero en un programa Erasmus), siempre que se mantenga la dependencia económica y el vínculo con el núcleo familiar, presumiéndose la intención de regresar. Sin embargo, si el cambio de domicilio es permanente y desvinculado de la formación, la convivencia cesa y, con ella, la posibilidad de fijar la pensión en el marco del Artículo 93 del Código Civil.

Carencia de ingresos propios: El hijo no debe tener independencia económica. Esto no implica una ausencia total de ingresos, sino que los que perciba (por trabajos esporádicos, a tiempo parcial, etc.) sean insuficientes para su subsistencia. La situación de necesidad no debe ser imputable a la conducta del propio hijo, como se analizará en las causas de extinción.

Capítulo 2: Contenido, Cuantificación y Forma de Pago

Sección 1ª: Contenido de la Prestación

Conforme a la remisión al Artículo 142 del Código Civil, los alimentos para hijos mayores comprenden:

Todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

La educación e instrucción «cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable».

Sección 2ª: Criterios de Cuantificación

La cuantía se determina aplicando el principio de proporcionalidad del Artículo 146 del Código Civil, ponderando dos factores:

Las necesidades del alimentista: Se valorarán los gastos reales y necesarios para su subsistencia y formación.

El caudal o medios del alimentante: Se considerarán no solo los ingresos del trabajo, sino todo tipo de rentas y el patrimonio del progenitor obligado.

La obligación recae sobre ambos progenitores, repartiéndose en proporción a sus respectivos caudales (Artículo 145 del Código Civil). La contribución del progenitor conviviente puede satisfacerse en especie, mediante la provisión de alojamiento y cuidados.

Sección 3ª: Forma de Cumplimiento

Generalmente, la obligación se cumple mediante el pago de una pensión mensual. No obstante, el Artículo 149 del Código Civil permite al obligado optar entre pagar la pensión o «recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos», si bien esta elección no es posible si contradice una resolución judicial.

TÍTULO III: MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA

La pensión de alimentos para hijos mayores de edad no tiene carácter perpetuo. Puede ser modificada o extinguida si varían sustancialmente las circunstancias que motivaron su establecimiento.

Capítulo 1: Regla General: La Persistencia de la Obligación hasta la Suficiencia Económica

La jurisprudencia del Tribunal Supremo (p. ej., STS 558/2016, de 21 de septiembre) ha consolidado la doctrina de que la obligación alimenticia no se extingue automáticamente con la mayoría de edad, sino que «se extiende hasta que los hijos alcancen la suficiencia económica, siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del propio hijo».

Capítulo 2: Causas de Extinción del Artículo 152 del Código Civil

Sección 1ª: Independencia Económica del Alimentista (Art. 152.3 CC)

La obligación cesa cuando el alimentista «pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia».

Interpretación jurisprudencial: No se exige una mera capacidad subjetiva, sino una posibilidad real y concreta de inserción laboral. La obtención de una titulación no es causa automática de extinción si no se acredita la percepción de ingresos o una falta de diligencia en la búsqueda de empleo.

Trabajos esporádicos o precarios: No suelen considerarse suficientes para declarar la independencia económica, a menos que, por su continuidad, permitan sufragar una vida autónoma. La AP de Jaén en su Sentencia 258/2018, de 12 de marzo, consideró acreditada la incorporación al mundo laboral de un hijo que alternaba trabajo eventual agrícola con el subsidio de desempleo.

Posibilidad de empleo: En ocasiones, se ha extinguido la pensión si el progenitor custodio tenía en su mano facilitar un empleo al hijo y no lo hacía, como en la STS 558/2016, de 21 de septiembre.

Sección 2ª: Mala Conducta o Falta de Aplicación al Trabajo (Art. 152.5 CC)

La obligación también cesa cuando la necesidad del descendiente «provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa». Esta es la base para extinguir la pensión de los denominados «NINIS».

Falta de aprovechamiento en los estudios: La jurisprudencia considera que el derecho a alimentos para la formación exige una actitud diligente por parte del hijo. Una pasividad reiterada, un escaso rendimiento académico continuado o la prolongación injustificada de los estudios pueden motivar la extinción. La STS 395/2017, de 22 de junio, extinguió la pensión de un joven de 23 años, «pésimo estudiante», que terminó la ESO con 20 años y cuyo aprovechamiento posterior no constaba.

Desidia en la búsqueda de empleo: Una vez finalizada la formación, se exige una búsqueda activa de empleo. Una actitud pasiva o selectiva en exceso puede llevar a la extinción, al considerarse que la situación de necesidad es imputable al propio hijo.

Límite temporal como «acicate»: En casos de bajo rendimiento, los tribunales en ocasiones establecen un límite temporal a la pensión como estímulo para que el hijo reconduzca su actitud, como hizo la AP de Salamanca en su Sentencia 517/2017, de 17 de noviembre, que redujo la pensión y la limitó a tres años.

Sección 3ª: Comisión de Faltas que dan lugar a Desheredación (Art. 152.4 CC)

La obligación cesa si el alimentista comete alguna de las faltas que justifican la desheredación. El artículo 853.2º del Código Civil menciona, entre otras, «haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra».

Subsección 1ª: La Falta de Relación Afectiva como Causa de Extinción

Este es uno de los ámbitos de mayor evolución jurisprudencial. Tradicionalmente, la falta de relación se consideraba una cuestión del ámbito moral, sin consecuencias jurídicas. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha desarrollado una interpretación flexible para adaptarla a la realidad social.

El maltrato psicológico como causa de desheredación: La STS 258/2014, de 3 de junio, marcó un punto de inflexión al considerar el maltrato psicológico (como el abandono y menosprecio a un progenitor enfermo) como una forma de «maltrato de obra» del art. 853.2 CC, justificando la desheredación.

Extrapolación al derecho de alimentos: La STS 104/2019, de 19 de febrero, abordó directamente si la falta de relación manifiesta e imputable al hijo podía ser causa de extinción de la pensión de alimentos. El Tribunal, basándose en el principio de solidaridad familiar y haciendo una interpretación flexible de las causas de desheredación, admitió esta posibilidad. Argumentó que no sería equitativo que quien renuncia a los vínculos familiares pueda beneficiarse de una institución que se fundamenta precisamente en ellos.

Requisitos para su apreciación: La propia STS 104/2019 establece que la apreciación de esta causa debe ser rigurosa y restrictiva, exigiendo prueba de que:

Exista una falta de relación manifiesta y continuada.

Dicha falta sea imputable de forma principal y relevante al hijo.

Crítica doctrinal y matices: Parte de la doctrina critica que el Tribunal Supremo no subsumiera claramente la falta de relación en el maltrato psicológico (exigiendo prueba del daño emocional en el progenitor), sino que creara una nueva causa «prácticamente idéntica» a la del Código Civil de Cataluña (art. 451-17.2 e) CCCat), que sí la prevé de forma autónoma. En la práctica, los tribunales exigen una prueba fehaciente de que la culpa es del hijo, sin que la situación haya sido propiciada por la pasividad o «falta de habilidades» del progenitor.

Sección 4ª: Reducción de la Fortuna del Obligado (Art. 152.2 CC)

La obligación cesa cuando la fortuna del alimentante «se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia».

Situación de pobreza absoluta: Si el progenitor carece de ingresos o estos son tan exiguos que no cubren su propio mínimo vital, la obligación puede suspenderse o extinguirse. La STS 111/2015, de 2 de marzo, suspendió la obligación de un padre en situación de desempleo y sin prestaciones, cuyas necesidades eran cubiertas por sus propios familiares.

Carácter de la reducción: La disminución de ingresos debe ser sustancial, estable y no provocada voluntariamente por el obligado. Una situación transitoria de desempleo no suele ser suficiente.

Capítulo 3: Supuestos Específicos

Sección 1ª: Hijos Mayores de Edad con Discapacidad

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido una doctrina protectora para estos casos:

Doctrina General (STS 372/2014, de 7 de julio): «la situación de discapacidad de un hijo mayor de edad no determina por sí misma la extinción o la modificación de los alimentos que los padres deben prestarle en juicio matrimonial y deberán equipararse a los que se entregan a los menores mientras se mantenga la convivencia del hijo en el domicilio familiar y se carezca de recursos».

Matices: La equiparación no es absoluta. No se extiende automáticamente al derecho de uso de la vivienda familiar. Además, la percepción de una pensión no contributiva por la discapacidad no extingue por sí sola la obligación de alimentos, aunque puede ponderarse para fijar su cuantía. Cada caso debe analizarse individualmente, valorando el grado de discapacidad y las posibilidades reales de integración laboral.

Sección 2ª: Nacimiento de Nuevos Hijos del Progenitor Obligado

El nacimiento de nuevos hijos no es causa automática para reducir la pensión de los hijos de una relación anterior. El Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que «es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad».

Se debe realizar una ponderación global, teniendo en cuenta los ingresos de la nueva unidad familiar, ya que la obligación de mantener a los nuevos hijos es de ambos progenitores. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen el mismo derecho a percibir alimentos.

TÍTULO IV: ASPECTOS PROCESALES RELEVANTES

Capítulo 1: Legitimación

Legitimación activa: La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo (desde la STS 411/2000, de 24 de abril) reconoce la legitimación activa al progenitor con el que convive el hijo mayor de edad para reclamar los alimentos en el proceso de familia. Se entiende que este progenitor, al asumir las cargas del hijo, tiene un interés legítimo y directo.

Legitimación pasiva: En los procedimientos de modificación de medidas, la demanda debe dirigirse contra el otro progenitor, que fue parte en el proceso original. Los hijos mayores de edad no tienen legitimación pasiva en estos procedimientos, sin perjuicio de que puedan iniciar un proceso de alimentos independiente contra ambos progenitores.

Capítulo 2: Efectos Temporales de las Resoluciones Judiciales (Retroactividad)

Fijación inicial de alimentos: Conforme al Artículo 148 del Código Civil, los efectos se retrotraen a la fecha de interposición de la demanda.

Modificación o extinción de alimentos: La doctrina general del Tribunal Supremo establece que los efectos se producen ex nunc, es decir, desde la fecha de la sentencia que acuerda la modificación o extinción.

Excepciones a la irretroactividad: Excepcionalmente, los tribunales pueden acordar la retroactividad de la extinción a la fecha de la demanda (o incluso antes) si se acredita mala fe o abuso de derecho del perceptor, por ejemplo, por haber ocultado la independencia económica del hijo.

Capítulo 3: Devolución de Alimentos Indebidamente Percibidos

La regla general es la no devolución de los alimentos ya abonados, por entenderse consumidos en necesidades perentorias. Sin embargo, esta regla quiebra en casos de mala fe o enriquecimiento injusto. Si se acredita que el progenitor perceptor ocultó la independencia económica del hijo, el alimentante puede reclamar la devolución de lo pagado indebidamente, aunque deberá hacerlo en un procedimiento declarativo ordinario, ya que no es una pretensión acumulable al de modificación de medidas.

Capítulo 4: Obtención de Información sobre la Situación del Hijo

Un progenitor que no convive con el hijo puede tener dificultades para acreditar la independencia económica de este. Para ello, el ordenamiento ofrece varias vías:

Pacto en Convenio Regulador: Incluir una cláusula que obligue al progenitor conviviente o al hijo a informar periódicamente sobre su situación académica y laboral.

Requerimiento previo: Enviar un burofax o requerimiento notarial solicitando la información.

Diligencias Preliminares (Art. 256 LEC): Solicitar al juzgado que requiera al hijo o al otro progenitor la exhibición de documentos (vida laboral, matrículas). La jurisprudencia es vacilante, y algunos tribunales las deniegan si se dirigen contra el hijo, al no ser este parte en el futuro pleito de modificación.

Prueba en el procedimiento de modificación: Solicitar al juzgado que, dentro del proceso, oficie a organismos públicos (Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, SEPE) para obtener la información.

TÍTULO V: GASTOS EXTRAORDINARIOS

Capítulo 1: Concepto y Características

Los gastos extraordinarios son aquellos que, aunque forman parte de la obligación alimenticia, no están cubiertos por la pensión ordinaria mensual por su naturaleza excepcional. La jurisprudencia los define por las siguientes notas:

Necesarios: Indispensables o convenientes para el cuidado, desarrollo y formación del hijo.

Imprevisibles: No se sabe si se producirán ni cuándo.

No periódicos: No se devengan con una regularidad predeterminada.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia 579/2014, de 15 de octubre, clarificó que los gastos escolares de inicio de curso (matrícula, libros, material) son ordinarios, por ser previsibles y periódicos, y deben tenerse en cuenta al fijar la pensión.

Capítulo 2: Casuística Jurisprudencial sobre su Calificación

La calificación de un gasto como ordinario o extraordinario es casuística. A modo de ejemplo:

Considerados generalmente ordinarios (incluidos en la pensión):

Gastos de inicio de curso (libros, material, uniforme).

Matrícula de universidad pública.

Comedor y transporte escolar.

Actividades extraescolares que ya se realizaban antes de la ruptura.

Considerados generalmente extraordinarios (pago aparte):

Gastos médicos, farmacéuticos, ópticos u odontológicos no cubiertos por la sanidad pública o un seguro privado.

Clases de apoyo o refuerzo por necesidad académica.

Viajes de estudios.

Obtención del permiso de conducir (criterio mayoritario).

Gastos dudosos o controvertidos:

Universidad privada: Algunas audiencias lo consideran extraordinario si existe una alternativa pública viable y no hay consenso. Otras lo consideran un gasto ordinario de cuantía elevada que podría justificar una modificación de medidas.

Actividades extraescolares no necesarias: Requieren consenso de ambos progenitores.

Capítulo 3: Procedimiento de Reclamación

Comunicación y Consentimiento: La regla general es que el progenitor que pretende realizar el gasto debe comunicarlo previamente al otro para obtener su consentimiento. El consentimiento puede ser tácito si, tras una comunicación fehaciente, no hay oposición.

Desacuerdo: En caso de discrepancia sobre la necesidad o conveniencia del gasto, cualquiera de los progenitores puede solicitar autorización judicial a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria del artículo 156 del Código Civil.

Reclamación del pago: Si un gasto extraordinario no está expresamente previsto en la sentencia o convenio, el artículo 776.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece un incidente previo a la ejecución para que el juez declare si la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Una vez obtenida dicha declaración (o si el gasto ya estaba previsto), se puede acudir a la ejecución forzosa.

La contribución a estos gastos suele pactarse al 50%, pero, en defecto de acuerdo, debe regir el principio de proporcionalidad a los ingresos de cada progenitor.

10 mayo, 20269 mayo, 2026

El testimonio de un único testigo en ocasiones es suficiente. Qué hace el Tribunal Supremo, cuál es su papel en el procedimiento penal.

Recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que nos permite explicar dos cuestiones fundamentales en el proceso penal: cuál es el verdadero papel del Tribunal Supremo en un recurso de casación y cómo el testimonio de una sola persona puede ser suficiente para fundamentar una condena.

El caso que llegó a la Sala de lo Penal era especialmente delicado. Un hombre había sido condenado por un delito de abuso sexual a un menor de cuatro años. La condena se basaba, principalmente, en la declaración de la madre del niño, quien sorprendió al acusado realizando tocamientos a su hijo. Tras ser condenado por la Audiencia Provincial, el hombre recurrió al Tribunal Superior de Justicia, que confirmó la sentencia. Como última vía, acudió al Tribunal Supremo.

La estrategia de su defensa fue intentar una revisión completa de todo el caso. En su recurso, alegaba que existía un error en la valoración de la prueba, argumentando que el testimonio de la madre estaba lleno de contradicciones e incongruencias. No se detuvo ahí: cuestionó el resto de las pruebas, desde el atestado policial hasta conversaciones de WhatsApp, y trató de presentar su propia valoración de los hechos, llegando incluso a exponer una curiosa teoría sobre las «siete únicas maneras» en que, según el letrado, actúan los depredadores sexuales.

Sin embargo, el Tribunal Supremo comienza por aclarar un punto crucial que a menudo genera confusión: su función no es celebrar un tercer juicio. Un recurso de casación, como el que se presentaba, es una vía extraordinaria y muy limitada. El Supremo no está para volver a valorar si un testigo pareció más o menos creíble o si una prueba es más convincente que otra. Esa labor corresponde al tribunal de primera instancia, que es el que presencia las pruebas directamente, y, en todo caso, al Tribunal Superior de Justicia al resolver la apelación.

El papel del Tribunal Supremo es mucho más técnico: se limita a verificar que el proceso se ha desarrollado con todas las garantías, que la valoración de la prueba realizada por los tribunales inferiores ha sido lógica y racional, y que la ley se ha aplicado correctamente. Intentar convertir este recurso en una nueva oportunidad para debatir los hechos, como pretendía la defensa, es desbordar por completo los límites que la ley establece.

A pesar de ello, y para garantizar la máxima protección de los derechos del acusado, el Tribunal decidió analizar el fondo del asunto desde la perspectiva de una posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Y aquí es donde entra en juego la segunda gran lección de esta sentencia.

¿Puede una condena basarse únicamente en el testimonio de una persona? La respuesta es sí, pero con importantes matices. La jurisprudencia admite que el testimonio único, incluso el de la propia víctima, puede ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. No obstante, exige que los jueces sean especialmente cautelosos al valorarlo. Para ello, se suele aplicar un «triple test» que analiza tres aspectos clave: la ausencia de motivos espurios (como enemistad o afán de venganza), la credibilidad del testimonio por su coherencia y solidez, y la persistencia en la incriminación a lo largo del tiempo.

En este caso, el Tribunal Supremo constata que los tribunales inferiores ya habían realizado este análisis de forma minuciosa. No existía ninguna relación conflictiva previa entre el acusado y la madre del menor; de hecho, convivían amistosamente. El relato de la mujer fue considerado firme y coherente en lo esencial, y su tardanza en denunciar se justificó por su situación de vulnerabilidad y su temor a generar un conflicto en la vivienda que compartía.

Además, existían datos que reforzaban su versión. El propio acusado y su esposa admitieron en conversaciones que habían hablado sobre un «problema» que el niño tenía en el pene y que el condenado le había dicho a la madre «lo que tenía que hacer para solucionarlo», una explicación que coincidía con la excusa que le dio cuando fue sorprendido.

En definitiva, el Tribunal Supremo concluye que la condena se apoyó en una prueba de cargo válida y suficiente, valorada de forma lógica y razonada por el tribunal que presenció el juicio. Por tanto, desestima el recurso y confirma la condena, dejando claro que no es su función sustituir el criterio de los jueces de instancia cuando estos han hecho su trabajo correctamente.

Esta sentencia es un recordatorio importante de que el sistema judicial establece diferentes funciones para cada tribunal y que, aunque un testimonio único deba ser analizado con especial rigor, puede ser plenamente válido para fundamentar una condena si supera los filtros de credibilidad y verosimilitud que la ley y la jurisprudencia exigen.

Este artículo refleja únicamente la opinión jurídica de los abogados del despacho ABOGADOS RAMA sobre la sentencia comentada y no constituye asesoramiento legal.

9 mayo, 2026

Maltrato infantil

A menudo nos encontramos con casos que, más allá de su complejidad jurídica, nos enfrentan a realidades humanas de una dureza extrema. Recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que, si bien se adentra en cuestiones técnicas del proceso penal, nos recuerda que la justicia busca, por encima de todo, proteger a los más vulnerables y valorar los hechos en su verdadera dimensión.

El caso que llegó a la máxima instancia judicial es verdaderamente trágico: unos padres fueron condenados por un delito de lesiones y otro de maltrato habitual contra su hijo, un bebé de apenas unos meses. Las agresiones, que incluían golpes y zarandeos violentos, provocaron en el menor secuelas gravísimas e irreversibles, como ceguera y daño neurológico severo.

La defensa de los condenados no negaba la existencia de las lesiones, pero construyó su recurso ante el Tribunal Supremo sobre varios pilares eminentemente técnicos. Argumentaban, por un lado, que la prueba pericial que evaluó su estado mental no se había realizado correctamente. Se quejaban de que la valoración la hizo un único médico forense y no dos psiquiatras, como, según ellos, exige la ley para este tipo de procedimientos. Además, señalaban que el perito no tuvo acceso a las fotografías de la vivienda, cuyo estado deplorable podría sugerir que la madre padecía un síndrome de Diógenes no diagnosticado, lo que podría haber afectado a su capacidad para comprender la gravedad de sus actos.

Por otro lado, sostenían que nunca tuvieron la intención de causar un daño tan terrible. Alegaban que su conducta fue una imprudencia, fruto de la inexperiencia y el estrés, y que simplemente sacudían al niño para que dejara de llorar, sin ser conscientes de las catastróficas consecuencias. Buscaban así una condena por un delito de lesiones imprudentes, mucho menos grave.

Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó todos y cada uno de sus argumentos, y es aquí donde la sentencia adquiere una gran relevancia práctica.

En primer lugar, el tribunal aclara que la exigencia de dos peritos no es una regla absoluta e inquebrantable. Lo fundamental, nos dice el Supremo, es que el tribunal cuente con un asesoramiento técnico válido y que no se genere indefensión. La intervención de un solo perito, si es solvente y cualificado, no anula la prueba. Este es un recordatorio importante de que las formalidades procesales están al servicio de la justicia, y no al revés.

Respecto a la supuesta falta de especialización del forense, el tribunal es tajante: un médico forense está perfectamente capacitado para evaluar si una persona comprende la realidad y puede actuar conforme a esa comprensión. Además, señala algo de pura lógica: si la madre nunca había sido diagnosticada de ningún trastorno, ningún perito —psiquiatra o no— podría haber contado con un historial médico inexistente. Y lo que es más importante, el Supremo razona que, aun existiendo un posible síndrome de Diógenes, este no guarda relación alguna con la capacidad de entender que zarandear violentamente a un bebé es un acto extremadamente peligroso.

Quizás el punto más relevante para el ciudadano es la respuesta del tribunal al argumento de la «imprudencia». El Supremo aplica la figura del «dolo eventual», un concepto que a veces cuesta entender pero que aquí se explica con una claridad meridiana. Obrar con dolo eventual significa que, aunque no persigas directamente un resultado, sabes que existe una altísima probabilidad de que tu conducta lo cause y, a pesar de ello, continúas y asumes ese posible desenlace.

El tribunal lo expone de forma contundente: cualquier persona adulta comprende la elevada probabilidad de causar lesiones gravísimas al golpear y zarandear de forma repetida a un bebé. Al hacerlo una y otra vez, los padres demostraron una total indiferencia hacia la producción de esas lesiones, asumiendo el resultado. No fue un acto reflejo o un descuido puntual, sino un «método» violento y reiterado. Por tanto, no cabe hablar de imprudencia, sino de una conducta intencionada en su modalidad de dolo eventual.

Esta sentencia es relevante porque nos enseña cómo los tribunales miran más allá de los tecnicismos para centrarse en la esencia de los hechos. Nos muestra que no cualquier irregularidad formal invalida un proceso si no se ha producido una indefensión real y, sobre todo, traza una línea muy clara entre un accidente o un descuido y una conducta conscientemente peligrosa cuyas consecuencias son asumidas por quien la comete. Un fallo que, en definitiva, pone el foco en la protección de las víctimas y en la lógica más elemental frente a argumentos que, aunque técnicamente elaborados, chocaban frontalmente con la terrible realidad de lo sucedido.

Este artículo refleja únicamente la opinión jurídica de los abogados del despacho ABOGADOS RAMA sobre la sentencia comentada y no constituye asesoramiento legal.

8 mayo, 2026

Divorcio, vivienda familiar e hijos: cuando proteger a unos puede perjudicar gravemente a otros

Una separación o un divorcio nunca es solo un trámite legal. Detrás de cada procedimiento hay una familia, una vivienda, unos hijos y, muchas veces, una enorme carga emocional y económica.

En los procedimientos de familia, dos de las cuestiones que más conflicto generan suelen ser el uso de la vivienda familiar y el peso que tiene la opinión de los hijos en las decisiones judiciales. Y aunque la ley busca proteger a los menores —algo lógico y necesario—, en ocasiones la aplicación práctica de esas medidas puede provocar situaciones muy difíciles para uno de los progenitores.

El uso de la vivienda familiar: una protección que a veces desequilibra

Lo habitual es que el uso de la vivienda se atribuya al progenitor que se queda con la custodia de los hijos. El objetivo es dar estabilidad a los menores y evitarles más cambios de los inevitables tras la ruptura.

El problema aparece cuando esa decisión no va acompañada de una valoración real de las consecuencias económicas.

Porque no es extraño encontrarse con situaciones en las que un progenitor:

pierde el uso de una vivienda que es exclusivamente suya,
sigue pagando la hipoteca,
y además debe asumir una pensión de alimentos.

Es decir, deja de vivir en su propia casa, pero continúa soportando gran parte de los gastos. Y eso, en determinados casos, puede convertirse en una carga muy difícil de sostener.

La opinión de los hijos: necesaria, pero no absoluta

La ley también establece que los menores deben ser escuchados en los procesos que les afectan, especialmente cuando tienen más de 12 años. Se trata de una medida razonable y orientada a proteger su interés.

Sin embargo, la experiencia demuestra que los conflictos familiares pueden influir en los menores más de lo que a veces se reconoce. En ciertos casos, uno de los progenitores puede condicionar —de forma consciente o inconsciente— la opinión de los hijos durante el procedimiento.

Por eso, la voluntad del menor debe valorarse con prudencia y dentro de un análisis completo de toda la realidad familiar, evitando convertir sus preferencias en el único criterio de decisión.

La importancia de una defensa equilibrada

Cada familia tiene circunstancias distintas y cada procedimiento requiere un estudio serio y personalizado.

Nuestro trabajo consiste precisamente en trasladar al juzgado una visión completa de la situación:

la realidad económica de ambos progenitores,
el impacto del uso de la vivienda,
las necesidades reales de los hijos,
y cualquier circunstancia que pueda afectar al equilibrio familiar.

El objetivo no es enfrentar a unos contra otros, sino buscar soluciones justas y sostenibles que protejan verdaderamente a los menores sin destruir económica o personalmente a uno de sus padres.

Porque proteger a la familia significa proteger a todos sus miembros.

Este artículo refleja únicamente una opinión general sobre determinadas situaciones frecuentes en Derecho de Familia. No constituye asesoramiento jurídico y cada caso debe analizarse de forma individualizada.

27 abril, 202624 abril, 2026

¿Compraste tu casa de soltero pero la pagaste ya casado? El Tribunal Supremo aclara de quién es

En materia de matrimonios —y más aún cuando estos se deshacen— hay preguntas que se repiten con la obstinación de las viejas goteras: constantes, incómodas y difíciles de ignorar. Una de ellas, quizá la más habitual en los despachos, suena así: “Compré mi casa siendo soltero, pero la terminé de pagar ya casado… ¿de quién es realmente?”

La cuestión, que a simple vista parece de sentido común, encierra no poca complejidad. Y como suele ocurrir en estos casos, ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien venga a poner orden. Lo ha hecho en su Sentencia 377/2026, de 10 de marzo, que no solo resuelve un caso concreto, sino que aclara —con cierta elegancia jurídica— cómo deben interpretarse estas situaciones tan frecuentes.

Una historia corriente… con consecuencias importantes

Pensemos en un escenario bastante reconocible. Un hombre adquiere una vivienda en sus años de soltería. Parte del precio la paga con ahorros, otra con un préstamo personal, y el resto queda aplazado.

Pasan los años, y con ellos llega el matrimonio, celebrado en régimen de gananciales. La vivienda, como no podía ser de otra forma, se convierte en el hogar familiar. Y mientras la vida sigue su curso, también lo hacen los pagos: cuotas del préstamo, plazos pendientes… todo ello satisfecho durante el matrimonio.

Hasta que llega el momento —poco deseado pero frecuente— de la ruptura. Y con ella, la pregunta inevitable: ¿es la casa de uno… o de dos?

Dos posturas enfrentadas

Él sostiene que la vivienda es enteramente suya. La compró antes de casarse, recuerda. Además, insiste en que el préstamo era personal, no hipotecario, y que en el momento de la adquisición ni siquiera existía una familia que proteger.

Ella, en cambio, reclama su parte. Argumenta que durante el matrimonio se pagó una porción sustancial del inmueble con dinero que, salvo prueba en contrario, se presume común.

Y así, lo que parecía una cuestión doméstica termina convertido en debate jurídico.

El Supremo pone las cartas sobre la mesa

El Tribunal Supremo aborda el asunto con un razonamiento que conviene desmenuzar, porque en él están las claves de muchos conflictos similares.

Primero, establece que el destino de la vivienda pesa más que su origen. Poco importa que se adquiriera antes del matrimonio si, con el tiempo, se convirtió en el hogar familiar y se pagó en parte con dinero ganancial. En tal caso, la sociedad de gananciales adquiere un porcentaje del inmueble proporcional a lo aportado.

Segundo, destierra una distinción que había generado no pocos equívocos: la diferencia entre préstamo personal e hipoteca. Para el Tribunal, lo relevante no es la etiqueta del préstamo, sino su finalidad. Si el dinero se utilizó para pagar la vivienda, da igual cómo se denominara el instrumento financiero: lo abonado con fondos gananciales genera participación común.

Y tercero, introduce un matiz tan sutil como decisivo: la titularidad de las cuentas desde las que se realizan los pagos.

En el caso concreto, las cuotas se abonaban desde una cuenta compartida por el marido y sus padres. Esto cambia el panorama. El Tribunal entiende que no puede presumirse que todo ese dinero sea ganancial. A falta de prueba en contrario, se considera que pertenece a los cotitulares por partes iguales.

Traducido: solo una tercera parte de esos fondos se atribuye al marido, y por tanto, solo esa proporción puede considerarse ganancial. El resultado es una reducción notable del porcentaje de la vivienda que pasa a ser común.

Lo que conviene no olvidar

De esta resolución se desprenden varias lecciones, útiles para quien se encuentre —o tema encontrarse— en una situación parecida:

La vivienda comprada en soltería no es necesariamente intocable. Si se sigue pagando durante el matrimonio con dinero común, puede dejar de ser completamente privativa.

El origen del dinero es determinante. No es lo mismo pagar con ingresos gananciales que con fondos privativos debidamente acreditados.

Y las cuentas bancarias, esas grandes olvidadas, pueden inclinar la balanza. Su titularidad y el rastro del dinero que contienen son, en ocasiones, la clave del reparto.

Cuando los números importan tanto como las historias

La liquidación de una sociedad de gananciales no es un trámite mecánico. Es un ejercicio minucioso donde cada detalle cuenta: fechas, cuentas, contratos, intenciones. Y, como se ve, incluso los matices pueden tener consecuencias relevantes.

En Abogados RAMA conocemos bien este terreno. Sabemos que detrás de cada cifra hay una historia, pero también que los derechos deben defenderse con rigor.

Si te encuentras ante una situación similar, o simplemente quieres entender cuál es tu posición antes de dar un paso, conviene analizar el caso con detenimiento.

Consúltanos. Porque, como tantas veces ocurre, no se trata solo de saber qué se compró… sino de quién lo pagó realmente.

24 abril, 2026

El Tribunal Supremo lo confirma: un padre puede desalojar a su hija mayor de edad de la vivienda familiar tras un divorcio

En el teatro —a veces discreto, a veces estruendoso— de las relaciones familiares, no es raro que la convivencia derive en enredo. Y como en toda buena escena española, llega un momento en que el sentimiento cede paso al derecho, y la cortesía a la necesidad de poner orden. Uno de los conflictos más habituales, y no por ello menos espinoso, es el del hijo mayor de edad que, tras la ruptura de sus padres, convierte la antigua casa familiar en plaza propia… incluso cuando quien la necesita es otro.

Sobre esta materia, tan doméstica como jurídica, ha venido a pronunciarse recientemente nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia 272/2026, de 20 de febrero. Y conviene detenerse en ella, porque no solo resuelve un caso concreto: pone negro sobre blanco una realidad que muchos padecen en silencio.

Una historia que podría ser la de cualquiera

Imaginemos —aunque no hace falta demasiado esfuerzo— a un matrimonio que, cansado ya de compartir techo y desencuentros, decide separarse. Tienen dos viviendas en común. Sin grandes ceremonias, y con esa lógica práctica que a veces sustituye al papel firmado, acuerdan repartirse el uso: él se queda en la que fue casa familiar; ella, en la otra.

Pasa el tiempo. La hija, ya mayor de edad y víctima de sus propias cuitas sentimentales, regresa al hogar paterno. Él consiente. Faltaría más. Pero lo que empieza como refugio acaba tornándose en carga: la convivencia se agria, las tensiones crecen, y el padre —dueño del uso— pide a su hija que abandone la vivienda.

Ella se niega. Esgrime un permiso verbal de la madre, también copropietaria. Y así, lo que era asunto de familia pasa a manos de los tribunales.

De la tolerancia al conflicto judicial

El padre acude a la vía legal e interpone una demanda de desahucio por precario. En primera instancia le dan la razón. Sin embargo, la Audiencia Provincial revoca la decisión: entiende que, siendo la vivienda de ambos progenitores, uno solo no puede desalojar a la hija si el otro se opone.

Parecía, pues, que la cuestión quedaba en tablas. Pero no.

El Supremo entra en escena

El Tribunal Supremo corrige y aclara. Y lo hace con una lógica que, si bien jurídica, no deja de ser profundamente sensata.

Primero, reconoce la importancia del acuerdo entre los padres. Aunque no conste en escritura ni lleve sello oficial, ese reparto del uso de las viviendas tiene pleno valor. El padre, por tanto, era quien legítimamente disponía del inmueble.

Segundo, establece algo fundamental: quien ha cedido el uso, no puede luego disponer de lo que ya no usa. La madre, al haber consentido que la vivienda fuera para el padre, no podía autorizar a su hija a ocuparla. Hacerlo supone, en palabras del propio tribunal, un abuso de derecho.

Tercero, califica la situación de la hija como lo que es: precario. Es decir, una ocupación sin título, basada únicamente en la tolerancia del titular del uso.

Y aquí llega el punto clave: cuando la tolerancia se retira, el derecho desaparece. Así de simple. Así de contundente.

Lo que esta sentencia deja claro

Más allá del caso concreto, la resolución dibuja un mapa bastante preciso para situaciones similares:

La familia no es un salvoconducto permanente. Ser hijo no otorga un derecho indefinido a ocupar una vivienda ajena contra la voluntad de quien tiene su uso.
Los acuerdos tras la separación importan, y mucho. Incluso los tácitos pueden tener efectos decisivos.
En una copropiedad, nadie puede actuar perjudicando al otro. El equilibrio no es opcional: es obligatorio.

Cuando el problema ya no es solo familiar

Conviene decirlo sin rodeos: estos conflictos duelen. No son meras disputas patrimoniales. Hay afectos, historias compartidas y silencios incómodos. Pero también hay derechos. Y cuando estos se ven comprometidos, la solución pasa, inevitablemente, por el asesoramiento adecuado.

En Abogados RAMA sabemos bien que detrás de cada caso hay algo más que papeles. Por eso analizamos cada situación con detalle, defendemos los derechos de nuestros clientes y buscamos la vía más eficaz para resolver el problema, sin alargar innecesariamente el conflicto.

Si se encuentra en una situación similar —ya sea como propietario que necesita recuperar su vivienda o como copropietario cuyos derechos están siendo ignorados—, no deje que la tolerancia se convierta en un problema crónico.

Consúltenos. A veces, el primer paso no es desalojar una casa, sino aclarar quién tiene derecho a habitarla.

27 marzo, 20262 mayo, 2026

Dos historias de impagos y recursos (que te interesa conocer)

¡Hola! Hoy en el blog de ABOGADOS RAMA nos asomamos a un lugar que impone bastante respeto: el Tribunal Supremo. Sí, ese edificio solemne, lleno de togas, donde todo parece muy serio y muy lejano.

Pero lo cierto es que, a veces, lo que allí se decide tiene mucho que ver con problemas muy cotidianos. Por ejemplo, el impago de pensiones. Y como creemos que la justicia se entiende mejor cuando se cuenta bien, hoy te traemos dos sentencias recientes… en forma de historia. Sin latín, sin tecnicismos innecesarios y sin perder el rigor.

Porque al final, detrás de cada caso, hay personas.

Historia 1: Cuando intentas entrar a la fiesta… por la puerta equivocada (STS 242/2024)

El protagonista de esta historia es un señor al que llamaremos Alejo. Fue condenado en Murcia por no pagar la pensión de sus hijas. No una vez, sino dos. El Juzgado de lo Penal lo condena. Él recurre. La Audiencia Provincial revisa el caso, le da un pequeño tirón de orejas… pero mantiene la condena.

Hasta aquí, todo dentro de lo esperado.

Pero Alejo no se rinde. Decide dar el siguiente paso: ir al Tribunal Supremo. Va con todo.

El problema empieza con el recurso que presenta su abogado. Es, por así decirlo, un recopilatorio de todos los argumentos posibles: que si el juez valoró mal las pruebas, que si la sentencia no está bien redactada, que si se han vulnerado derechos fundamentales… un auténtico “grandes éxitos” procesal.

Y entonces llega el momento clave.

El Tribunal Supremo, con bastante más paciencia de la que muchos tendrían, le responde algo que, traducido al lenguaje cotidiano, vendría a ser: “Un momento. ¿Usted sabe cómo funciona esto?”

Porque para llegar al Supremo desde un Juzgado de lo Penal, pasando por la Audiencia, no vale cualquier argumento. Solo hay una vía muy concreta: el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿Y qué implica eso? Que no puedes volver a discutir los hechos, ni reanalizar las pruebas, ni contar otra vez toda la historia. Tienes que aceptar lo que ya se ha declarado probado y centrarte exclusivamente en una cosa: si la ley se aplicó correctamente a esos hechos.

Nada más.

¿El resultado? El Supremo va cerrando, una por una, todas las puertas por las que Alejo intenta colarse:

¿Error en la valoración de la prueba? No.
¿Problemas formales en la sentencia? Tampoco.
¿Vulneración de derechos fundamentales por esta vía? Por ahí no es.

Y así, el recurso queda fuera.

Moraleja: recurrir sin una estrategia clara, o sin conocer bien las reglas del juego, no solo no ayuda: puede ser una pérdida de tiempo y dinero. El Tribunal Supremo no está para revisar todo de nuevo. Es otra cosa. Es un filtro técnico, muy exigente. Y si no llevas la “llave” adecuada, no entras.

Historia 2: La deuda que no se detiene (STS 935/2024)

En esta segunda historia, la protagonista es África. Desde 2015 no recibe la pensión para su hijo con discapacidad. El padre es condenado, sí… pero hay un problema.

Los tribunales inferiores (el Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial de Barcelona) fijan una indemnización que solo cubre hasta junio de 2016.

África se queda desconcertada. Y con razón.

Porque la pregunta es evidente:
“¿Y todo lo que ha pasado desde 2016 hasta el juicio en 2021… qué?”

Aquí es donde aparece el nudo del asunto.

Los tribunales anteriores entendieron que solo se podía reclamar lo incluido en la denuncia inicial. Una visión bastante limitada de un problema que, en la práctica, seguía creciendo mes a mes.

Pero entonces interviene el Tribunal Supremo.

Y lo hace dejando una idea muy clara: el impago de pensiones no es una foto fija. Es una película en marcha.

Técnicamente, lo llama un delito de tracto sucesivo acumulativo. Pero la traducción es sencilla: cada mensualidad impagada forma parte del mismo delito, que continúa en el tiempo. La obligación no desaparece… y el daño tampoco.

Por tanto, cuando se llega al juicio, la deuda que se puede reclamar incluye todas las cantidades impagadas hasta ese momento.

¿El resultado?

El Supremo corrige la sentencia anterior y reconoce a África el derecho a cobrar todo lo adeudado: 86.747,40 euros, correspondientes al periodo completo entre mayo de 2015 y marzo de 2021.

Una cifra que refleja algo más importante que el dinero: el reconocimiento de una situación injusta mantenida durante años.

Moraleja: si estás sufriendo un impago de pensiones, la deuda no se congela cuando denuncias. Sigue creciendo. Y el sistema judicial, cuando funciona correctamente, lo tiene en cuenta. Porque no se trata solo de números, sino de garantizar la subsistencia de quien depende de esa prestación.

¿Qué nos enseñan estas dos historias?

La justicia no es solo cuestión de tener razón. También importa —y mucho— cómo se plantea esa razón. Especialmente cuando se trata de tribunales como el Supremo, donde las reglas son estrictas y muy técnicas.

Por un lado, vemos que no todo recurso vale: hay que saber exactamente qué se puede pedir y cómo hacerlo.
Por otro, comprobamos que insistir, cuando hay fundamento, puede cambiar completamente el resultado.

Porque sí, a veces hay que llegar hasta el final para que las cosas se pongan en su sitio.

Y aquí es donde entramos nosotros

En ABOGADOS RAMA no solo conocemos las normas: sabemos cómo aplicarlas en cada momento. Y, sobre todo, entendemos lo que hay detrás de cada caso.

Si te enfrentas a un impago de pensiones o a un proceso que se está complicando más de la cuenta, no improvises ni intentes “abrir la puerta a patadas”.

Mejor hacerlo bien desde el principio.

Llámanos. Nosotros tenemos la llave correcta.

20 marzo, 20262 mayo, 2026

DELITOS DURANTE EL MATRIMONIO Y DESPUÉS

Esa línea que a veces se traspasa sin darse cuenta

En ABOGADOS RAMA sabemos bien que las crisis familiares —separaciones, divorcios, disputas por la custodia— no son solo procesos legales: son momentos cargados de emociones, tensión e incertidumbre. En ese contexto, no es raro que lo que empieza como un desacuerdo termine complicándose mucho más.

Y es que, en determinadas situaciones, el conflicto deja de ser puramente civil y entra en el terreno penal. Conductas que a simple vista podrían parecer “problemas de pareja” o discusiones sobre los hijos pueden, en realidad, encajar en delitos recogidos en el Código Penal, con consecuencias jurídicas importantes.

Este post, que recoge mi opinión y no es asesoramiento, pretende aclarar ese escenario. Vamos a recorrer las conductas más habituales que pueden tener relevancia penal dentro del ámbito familiar: desde la gestión del dinero común hasta el uso de la vivienda, el incumplimiento de obligaciones con los hijos o situaciones de acoso. El objetivo es entender dónde están los límites legales y cómo actúa el ordenamiento jurídico para proteger lo más importante: la estabilidad económica, la intimidad, la libertad y, sobre todo, el bienestar de los más vulnerables.

Conflictos económicos dentro de la familia

El dinero suele ser uno de los principales focos de tensión tras una ruptura. Pero no todo conflicto económico es un delito. El Código Penal establece ciertos límites para diferenciar lo civil de lo penal.

La excusa absolutoria: una protección con fecha de caducidad

Existe una figura clave: la excusa absolutoria del artículo 268 del Código Penal. En términos sencillos, significa que determinados delitos patrimoniales entre familiares directos (cónyuges, ascendientes, descendientes) no generan responsabilidad penal, siempre que no haya violencia, intimidación o abuso.

La lógica es clara: el Derecho Penal no debería intervenir en conflictos económicos dentro de una familia que aún funciona como tal.

Ahora bien, esta protección no es eterna. Desaparece cuando la relación está rota. Por ejemplo:

Cuando ya existe una separación de hecho.
Cuando se ha iniciado un procedimiento judicial de divorcio, separación o nulidad.

En ese momento, la confianza que justificaba esa “protección” deja de existir, y ciertas conductas pueden pasar a ser delito.

Cuentas compartidas: ¿libertad o abuso?

Uno de los conflictos más habituales es la retirada de dinero de cuentas comunes sin el consentimiento del otro cónyuge.

Aquí no importa tanto el régimen económico (gananciales o separación de bienes), como podría pensarse.

Si el dinero es claramente de quien lo retira, no hay problema.
Pero si se trata de dinero común y uno de los cónyuges lo utiliza para fines ajenos a la familia, sin consentimiento, puede haber delito.

La clave está en la intención: si existe ánimo de apropiación y perjuicio para el otro, podríamos estar ante un delito de apropiación indebida o administración desleal.

El impago de pensiones: uno de los delitos más frecuentes

No pagar la pensión de alimentos o compensatoria es un delito cuando:

Se dejan de pagar dos meses consecutivos, o
Cuatro meses no consecutivos.

No se trata solo de incumplir una resolución judicial, sino de afectar directamente a la subsistencia de quienes dependen de ese dinero.

Además, es importante entender que no se trata de delitos independientes cada mes: es un delito continuado. Y la deuda puede reclamarse hasta el mismo momento del juicio.

En cuanto a los gastos extraordinarios, no pueden reclamarse directamente por vía penal: primero deben ser reconocidos como tales en la jurisdicción civil.

Cuando el impago se disfraza: ocultación de patrimonio

Hay situaciones en las que el deudor aparenta no tener recursos, pero mantiene un alto nivel de vida o esconde bienes.

En estos casos, pueden darse delitos como:

Alzamiento de bienes (ocultar patrimonio para evitar pagos).
Presentación de datos económicos falsos ante el juzgado.

Aquí, las pruebas económicas suelen ser determinantes.

La vivienda familiar, foco de conflicto

El domicilio familiar es uno de los puntos más delicados tras una ruptura.

Cambiar la cerradura: ¿defensa o delito?

Todo depende del contexto:

Si existe una resolución judicial que atribuye el uso de la vivienda, quien no tiene ese derecho no puede entrar. Hacerlo podría ser allanamiento.
Si uno de los cónyuges se marcha voluntariamente, el otro puede cambiar la cerradura para proteger su intimidad.
Pero si ambos conviven y uno impide el acceso al otro, podría tratarse de coacciones.

Negarse a abandonar la vivienda

Cuando el derecho de uso ha terminado y alguien se niega a marcharse, la vía habitual es civil (desahucio).

Sin embargo, si el otro intenta recuperar la vivienda por su cuenta, podría incurrir en delito, ya que el derecho a la intimidad protege a quien reside allí, independientemente de la propiedad.

Intimidad y comunicaciones

En plena era digital, es frecuente caer en la tentación de buscar pruebas “como sea”. Pero eso puede salir caro.

Grabar conversaciones: lo permitido y lo prohibido

Es legal grabar una conversación si participas en ella.
Es delito grabar conversaciones ajenas sin consentimiento.

Aunque la grabación sea oculta, sigue siendo válida si quien graba forma parte de la conversación.

Eso sí, instalar cámaras o micrófonos ocultos en casa para espiar a la pareja es claramente ilegal.

Acceder a correos o documentos

Leer correos electrónicos, cartas o documentos personales del otro sin permiso es delito, aunque exista relación de pareja.

Y no hace falta ni siquiera descubrir información relevante: basta con acceder a esos documentos con esa intención.

Detectives privados: con límites claros

Contratar a un detective es legal, pero:

No pueden investigar dentro de domicilios.
Solo pueden actuar en espacios públicos.
No pueden grabar conversaciones ajenas.

Si se exceden, la prueba puede invalidarse… y generar problemas legales.

Los menores en el centro

La protección de los hijos es prioritaria, y el Código Penal actúa con especial firmeza.

Incumplimiento del régimen de visitas

Los incumplimientos leves ya no son delito, pero sí pueden serlo los más graves:

No devolver al menor tras un periodo de visitas.
Incumplir reiteradamente las resoluciones judiciales.

En estos casos, puede hablarse de sustracción de menores o desobediencia grave.

Trasladar a los hijos sin permiso

Llevarse a un menor sin consentimiento del otro progenitor puede ser delito, especialmente si:

Se incumple una resolución judicial.
Existe custodia compartida.

Sin embargo, si no hay resolución previa, normalmente se trata de un conflicto civil, no penal.

Cuando la comunicación se convierte en acoso

La comunicación entre progenitores es necesaria. Pero hay un límite.

El acoso o “stalking” se produce cuando:

Hay insistencia y repetición.
El contacto no está justificado.
Se altera gravemente la vida de la otra persona.

No es lo mismo hablar sobre los hijos que enviar mensajes constantes de control, reproche o descalificación. En ese caso, se puede estar cometiendo un delito.

Como hemos visto, el Derecho de Familia y el Derecho Penal están mucho más conectados de lo que parece. En momentos de crisis, ciertas decisiones pueden tener consecuencias graves si se traspasan determinados límites.

A menudo, la diferencia entre una conducta legal y un delito está en los matices: la intención, el contexto, la forma de actuar.

En ABOGADOS RAMA contamos con la experiencia y la sensibilidad necesarias para acompañar a nuestros clientes en estas situaciones complejas. Nuestro objetivo es ofrecer un asesoramiento integral que no solo resuelva el conflicto civil, sino que también prevenga riesgos penales.

Si estás atravesando una situación familiar complicada, buscar asesoramiento a tiempo puede marcar la diferencia.

8 febrero, 20262 febrero, 2026

Custodia y visitas: Las 5 claves que los Jueces priorizan según el Tribunal Supremo

En el corazón del derecho de familia, pocas situaciones son tan delicadas y emocionalmente complejas como las que rodean la custodia y el régimen de visitas de los hijos tras una separación. Como padres, es natural querer lo mejor para ellos, pero en medio de un conflicto, ¿qué es realmente «lo mejor» a ojos de la justicia?

En Abogados Rama, sabemos que la incertidumbre puede ser abrumadora. Por eso, hemos analizado varias sentencias recientes del Tribunal Supremo para ofrecerte una visión clara y directa de los principios que guían a los jueces. La conclusión es rotunda: por encima de los deseos o derechos de los progenitores, siempre prevalece el interés superior del menor.

A continuación, desglosamos 5 claves fundamentales extraídas de la jurisprudencia más actual.

1. El Derecho del menor a ser oído: Su voz cuenta (y mucho)

A menudo se piensa que las decisiones sobre los menores se toman sin contar con ellos. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dejado claro que esto es un error que puede anular todo un procedimiento.

En la Sentencia STS 689/2025, se discutía un régimen de visitas con un allegado. Los tribunales inferiores tomaron una decisión sin explorar ni escuchar la opinión del menor, que ya tenía 9 años. El Tribunal Supremo fue tajante: anular la sentencia y ordenar que se repitiera el proceso, pero esta vez, haciendo efectivo el derecho del menor a ser oído.

¿Qué significa esto para ti? Si tu hijo tiene la madurez suficiente (la ley presume que a partir de los 12 años, pero puede ser antes), su opinión es un elemento crucial que el juez debe valorar. No es que su deseo sea una orden, pero su perspectiva, sentimientos y anhelos serán tenidos muy en cuenta para decidir qué es lo más beneficioso para él.

2. El Régimen de visitas: Un traje a medida, No una solución universal

No existe un régimen de visitas estándar que sirva para todos. Cada familia es un mundo, y los tribunales adaptan las medidas a las circunstancias específicas, pudiendo tanto ampliar como restringir el contacto.

Caso de ampliación (STS 573/2025): Un padre, tras ser absuelto de acusaciones de violencia de género, mantenía visitas con su hija de 4 años en un Punto de Encuentro Familiar (PEF). Los informes del equipo técnico del PEF fueron consistentemente positivos, destacando la buena relación, el cariño mutuo y las habilidades parentales del padre. Apoyado por el Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo acordó ampliar el régimen a fines de semana alternos con pernocta, sentando las bases para normalizar la relación.
Caso de suspensión (STS 252/2025): En el extremo opuesto, un padre había mostrado un desinterés y una falta de contacto prolongados con su hijo, que ya contaba con casi 16 años. El menor manifestó en la exploración judicial su deseo de no ver a su padre, no por un conflicto concreto, sino por la indiferencia y el abandono afectivo. El Tribunal Supremo, atendiendo a la madurez del menor y a la inexistencia de un vínculo real, acordó suspender el régimen de visitas impuesto, dejando que la relación se produjera libremente si el hijo así lo deseaba.

¿Qué significa esto para ti? El régimen de visitas no es un derecho inamovible. Se puede ampliar si demuestras compromiso y la relación es positiva para el menor. Del mismo modo, puede suspenderse si el contacto es perjudicial o si un progenitor ha abandonado sus responsabilidades afectivas de forma reiterada.

3. Terapia familiar: ¿Recomendación o imposición? Los límites del Juez

En situaciones de alta conflictividad, es común que los equipos psicosociales recomienden terapia familiar. Pero, ¿puede un juez obligarte a asistir?

La Sentencia STS 1310/2025 aborda esta cuestión de frente. Un juzgado había impuesto un tratamiento familiar con carácter obligatorio para ambos progenitores y el hijo menor. La madre se opuso, y el caso llegó al Tribunal Supremo. Su decisión fue clara: un tratamiento psicoterapéutico no puede ser impuesto de forma forzosa. La ley protege la autonomía del paciente y su derecho a consentir o rechazar un tratamiento.

¿Qué significa esto para ti? Un juez puede recomendar encarecidamente la terapia e incluso puede tener en cuenta tu negativa a la hora de valorar otras medidas (como la custodia o las visitas). Sin embargo, no puede obligarte a participar en una terapia en contra de tu voluntad. Su éxito depende de la colaboración, y esta no puede ser forzada.

4. Incumplir una orden judicial: Las graves consecuencias de la desobediencia

Las resoluciones judiciales en materia de familia no son meras sugerencias. Su incumplimiento puede acarrear consecuencias que van más allá del ámbito civil.

La Sentencia STS 5978/2025, dictada por la Sala de lo Penal, analiza el caso de una madre que, a pesar de haber sido requerida judicialmente, no llevó a sus hijos a una visita programada con sus abuelos en un Punto de Encuentro. El Tribunal Supremo confirmó su condena por un delito de desobediencia grave. Aclaró que no es necesario un incumplimiento reiterado; una sola negativa, consciente y sin justificación, a acatar un mandato judicial claro puede ser suficiente para cometer el delito.

¿Qué significa esto para ti? Ignorar un régimen de visitas establecido por un juez es una decisión muy arriesgada. No solo puede dar lugar a modificaciones en la custodia o a multas en la vía civil, sino que puede derivar en un procedimiento penal con consecuencias mucho más serias.

Para ayudarte a entender cómo los tribunales abordan estos casos, hemos analizado la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo y hemos extraído 6 claves esenciales que todo progenitor debería conocer.

Clave 1: El Derecho del Menor a Ser Oído es Sagrado

La opinión de los hijos es crucial. El Tribunal Supremo ha dejado claro que escuchar a los menores con suficiente madurez no es una opción, sino una obligación. Su testimonio, sus miedos y sus deseos son una pieza fundamental para que el juez pueda tomar la decisión más acertada para su bienestar.

Clave 2: El Régimen de Visitas No Es Un «Corta y Pega»

No existen regímenes de visita estándar. Cada familia es un mundo y la relación de cada progenitor con sus hijos es única. Los tribunales deben adaptar las visitas a la realidad de cada caso. Esto puede significar ampliar las visitas si la relación es excelente o, por el contrario, suspenderlas si el contacto es perjudicial para el menor.

Clave 3: La Terapia Familiar No Puede Imponerse

Aunque un juez puede recomendar la terapia familiar como una herramienta para mejorar la relación entre padres e hijos, no puede obligar a nadie a asistir. El Tribunal Supremo ha establecido que imponer una terapia vulnera derechos fundamentales. La ayuda profesional debe ser voluntaria para ser efectiva.

Clave 4: Incumplir una Orden Judicial Tiene Consecuencias Penales

Ignorar una resolución judicial sobre visitas o custodia no es una simple disputa familiar. El Tribunal Supremo ha confirmado que desobedecer de forma reiterada y grave una orden judicial en este ámbito puede constituir un delito de desobediencia, con consecuencias penales serias para el progenitor infractor.

Clave 5: El Bienestar del Menor Está por Encima de Todo

Este es el principio que guía todas las decisiones. Si un régimen de visitas, aunque sea amplio, genera ansiedad, estrés o sufrimiento en el menor, el juez siempre priorizará la salud emocional y psicológica del niño. El objetivo no es satisfacer los deseos de los padres, sino garantizar la felicidad y estabilidad de los hijos.

Clave 6: El Derecho a Relacionarse con «Allegados»: Más Allá de la Familia

Los lazos afectivos de un niño no siempre se limitan a sus padres o abuelos. A veces, figuras como la expareja de uno de los progenitores se convierten en un pilar fundamental en su vida. ¿Qué ocurre cuando esa relación se rompe? El Tribunal Supremo, en su Sentencia STS 689/2025, ha reforzado la protección de estos vínculos a través de un derecho fundamental del niño: el de ser escuchado.

El Caso Analizado:

En esta sentencia, una persona («allegada») que había mantenido un fuerte vínculo con el hijo de su expareja solicitó un régimen de visitas para no perder el contacto con el menor. La madre se oponía. Los tribunales inferiores le dieron la razón a la allegada, pero cometieron un error crucial: se negaron a escuchar la opinión del niño, que en ese momento tenía 8 años, basándose en una presunción de falta de madurez.

La Decisión del Tribunal Supremo:

El Tribunal Supremo anuló las sentencias anteriores y ordenó retrotraer todo el procedimiento. Su argumento fue contundente:

La Voz del Niño es Prioritaria: Se vulneró el derecho fundamental del menor a ser oído en un asunto que le afectaba directamente. Su opinión era esencial para determinar si esas visitas eran o no beneficiosas para él.
No Hay Edades Mágicas para la Madurez: El juez no puede descartar la opinión de un niño basándose en una edad arbitraria (como decir que la madurez se alcanza a los 10 años). La decisión de no escucharlo debe estar excepcionalmente justificada, demostrando una incapacidad real del menor para expresarse.
Obligación del Tribunal: Es deber del juez garantizar este derecho de oficio, es decir, por iniciativa propia, incluso si los abogados de las partes cometen errores procesales.

Esta sentencia confirma que, aunque la decisión final sobre las visitas con allegados depende del interés superior del menor, la opinión y los deseos del propio niño son un elemento central que el juez está obligado a valorar.

¿Qué Significa Todo Esto Para Ti?

Si te encuentras en medio de un conflicto por la custodia o las visitas, estas claves son tu hoja de ruta:

El bienestar de tus hijos es el argumento principal.
La opinión de tus hijos importa y debe ser escuchada.
Los vínculos afectivos sólidos, incluso con no familiares, pueden ser protegidos.
Cada caso es único y requiere una estrategia legal personalizada.

En Abogados Rama, entendemos la carga emocional que conllevan estos procesos. Nuestro equipo de especialistas en Derecho de Familia está aquí para escucharte, asesorarte y luchar por la mejor solución para ti y, sobre todo, para tus hijos.

Si estás pasando por una situación similar, no dudes en contactarnos. Juntos, protegeremos lo que más importa: la tranquilidad y el futuro de tu familia.

7 febrero, 20262 febrero, 2026

Custodia de los hijos: ¿Qué decide realmente un Juez? Claves que debes conocer

La separación o el divorcio es una de las etapas más complejas en la vida de una persona, especialmente cuando hay hijos de por medio. La pregunta que más angustia a los padres es: ¿quién se quedará con la custodia de los niños?

En Abogados Rama, entendemos tu preocupación. Por eso, hemos analizado sentencias recientes del Tribunal Supremo y otras audiencias para ofrecerte una visión clara y realista de los criterios que los jueces utilizan para tomar esta decisión tan trascendental.

El principio rector: El interés superior del menor

Lo primero y más importante que debes saber es que, para un juez, la prioridad absoluta no es el derecho de los padres, sino el bienestar del niño. Este es el principio del «interés superior del menor», y es la brújula que guía cada decisión judicial.

Esto significa que el juez analizará qué situación garantiza al menor un desarrollo más estable, seguro y feliz. No se trata de premiar o castigar a un progenitor, sino de proteger al más vulnerable.

La Custodia Compartida: ¿Es siempre la opción preferente?

Aunque el Tribunal Supremo ha señalado que la custodia compartida es un modelo deseable porque permite a los hijos mantener una relación estrecha con ambos progenitores, no se concede de forma automática. Es una opción que se evalúa caso por caso, y puede ser denegada si no beneficia al menor.

Factores clave que inclinan la balanza judicial

Basándonos en la jurisprudencia, estos son los factores que los tribunales analizan con más detenimiento:

1. La relación entre los progenitores: No se espera una amistad perfecta, pero sí un mínimo de respeto y colaboración.

Conflictividad alta: Una relación de «total incomunicación» o «altamente conflictiva» es un obstáculo insalvable para la custodia compartida. Los tribunales entienden que un ambiente de hostilidad constante es perjudicial para los niños, pudiendo generarles ansiedad y conflictos de lealtades ([STS_4838_2024 Situación altamente conflictiva y de total incomunicación entre los progenitores..pdf](https://app.maite.ai/search?id=STS_4838_2024 Situación altamente conflictiva y de total incomunicación entre los progenitores..pdf), [STS_4147_2024 Guarda y custodia y régimen de visitas..pdf](https://app.maite.ai/search?id=STS_4147_2024 Guarda y custodia y régimen de visitas..pdf)).
Colaboración mínima: Se requiere una «actitud razonable y eficiente» para coordinar la atención de los hijos.

2. La existencia de Violencia de Género Este es uno de los puntos más sensibles y determinantes.

Proceso penal en curso: El Artículo 92. del Código Civil es claro: no procederá la custodia compartida si uno de los progenitores está inmerso en un proceso penal por violencia de género. En estos casos, los tribunales son extremadamente cautelosos para proteger tanto al menor como al progenitor víctima).
Condenas anteriores: Una condena pasada no siempre es un veto automático. Si la pena se ha cumplido, el delito fue un hecho aislado y no afectó a la relación con el hijo, el juez puede considerar que no es un impedimento si el resto de las circunstancias son favorables .
Violencia vicaria: Los tribunales están cada vez más alerta a la «violencia vicaria», aquella que se ejerce contra los hijos para dañar a la madre. Si se detecta que el contacto con un progenitor causa un daño psicológico o emocional al menor, se pueden tomar medidas drásticas como la suspensión total de las visitas.

3. La actitud y aptitud de cada progenitor Se evalúa quién ha sido el cuidador principal, la disponibilidad de cada uno y su implicación en la vida del niño.

Obstaculizar la relación: Impedir o dificultar sin justificación que el hijo se relacione con el otro progenitor es una conducta muy penalizada por los tribunales. Se considera un acto perjudicial para el menor y puede ser motivo para perder la custodia .
Estabilidad: La estabilidad laboral, de horarios y de vivienda es un factor importante. Un cambio positivo en las circunstancias (por ejemplo, encontrar un trabajo estable y compatible con el horario escolar) puede justificar una modificación de la custodia.

4. El Bienestar y la Voluntad del Menor

Sufrimiento emocional: Si se acredita que el contacto con un progenitor le genera al niño ansiedad, miedo o rechazo, el juez priorizará su salud emocional y podrá suspender las visitas.
Derecho a ser oído: Los menores tienen derecho a ser escuchados en el proceso, siempre que tengan la madurez suficiente (obligatoriamente a partir de los 12 años). Su opinión es un factor relevante, aunque no el único.

¿Y qué pasa con los informes psicosociales?

Los informes de los equipos psicosociales son una herramienta muy valiosa para el juez, pero no son vinculantes. El Tribunal Supremo ha dejado claro que el juez debe valorar todas las pruebas en su conjunto y puede apartarse de las recomendaciones del informe si lo argumenta debidamente.

Conclusión: cada familia es un mundo

Como has podido ver, no hay una fórmula mágica. Cada caso se analiza de forma individualizada. La clave es poder demostrar, con pruebas sólidas, que la opción que propones es la que mejor garantiza la estabilidad y el bienestar de tus hijos.

En Abogados Rama, sabemos que este es un momento de gran incertidumbre. Nuestro equipo de especialistas en Derecho de Familia está aquí para escucharte, analizar tu situación particular y diseñar la estrategia legal más sólida para proteger lo que más te importa: tus hijos.

Si te encuentras en una situación similar, no dudes en contactarnos. La primera consulta es un paso fundamental para trazar el camino correcto.