Vivimos tiempos extraños. La pandemia nos cambió la vida casi de la noche a la mañana. Luego vino la digitalización acelerada, el teletrabajo, los algoritmos decidiendo lo que vemos (¡y hasta lo que votamos!), y de repente nos dimos cuenta de que el Derecho tal como lo conocíamos empieza a hacer agua.

Muchos expertos han analizado esta situación y coinciden en algo preocupante: estamos viviendo una crisis del Estado de Derecho, en la que no solo se tambalean las leyes, sino también los valores que les dan sentido.

Pero no todo son malas noticias: también se abre la puerta a repensarlo todo y construir un nuevo modelo más humano, más justo y más conectado con la realidad del siglo XXI.

Vamos por partes.

1. ¿Qué nos reveló realmente la pandemia?

Más allá del caos sanitario, la COVID-19 dejó al descubierto una serie de grietas profundas en nuestras instituciones, especialmente en la forma en que entendemos y aplicamos el Derecho.

🔹 Normas sin orden ni concierto

Durante la pandemia, se publicaron normas a toda velocidad, a veces contradictorias, sin una jerarquía clara. Un día una orden, al siguiente una recomendación, luego un decreto… El clásico modelo piramidal del Derecho —con la Constitución en la cima— pareció deshacerse en una red confusa de reglas improvisadas. Esto debilitó la seguridad jurídica, el principio de legalidad y, en algunos casos, la confianza ciudadana.

🔹 Derechos en suspenso

Hubo un gran debate: ¿las restricciones eran simples limitaciones o verdaderas suspensiones de derechos fundamentales? ¿Era constitucional prohibir salir de casa o cerrar negocios sin declarar un estado de excepción? En España, el Tribunal Constitucional dijo que sí se habían suspendido derechos sin la base legal adecuada, generando una discusión sobre cómo actuar en futuras crisis.

🔹 El miedo como herramienta de control

La pandemia también reabrió un debate más filosófico: ¿se aprovechó el miedo para imponer un «estado de excepción permanente»? Algunos pensadores, como Giorgio Agamben, lo creen así. Otros, como Habermas, alertaron sobre el riesgo de tomar decisiones frías y utilitaristas, donde la vida humana se reduce a un número en una estadística. Y para Byung-Chul Han, lo que vimos fue una aceleración del control digital, del que hablaremos más adelante.

🔹 ¿Y la Unión Europea?

Cuando más necesitábamos unión, cada país actuó por su cuenta. Las decisiones unilaterales pusieron en duda el proyecto europeo y demostraron que la solidaridad entre Estados todavía es más un deseo que una realidad. El ideal de un Derecho constitucional europeo común quedó en entredicho.

2. La revolución digital: ¿libertad o control disfrazado?

En paralelo a la pandemia, otra transformación avanza como un tsunami silencioso: la digitalización total de nuestras vidas. Esto está cambiando las reglas del juego… y no precisamente a favor del ciudadano.

🔹 Del poder físico al poder psicológico

Antes, el control se ejercía sobre los cuerpos (a través de la ley, la policía, el Estado). Hoy, el verdadero poder apunta a algo mucho más sutil: nuestras emociones, deseos y pensamientos. Redes sociales, anuncios personalizados, vigilancia digital… todo diseñado para influir en nuestro comportamiento sin que lo notemos. Le llaman “psicopoder”. Y lo más inquietante: muchas veces lo aceptamos con gusto, creyendo que estamos eligiendo libremente.

🔹 ¿Quién pone las reglas en Internet?

Ya no es el Parlamento ni el juez quien decide qué se puede decir o hacer en la red. Son empresas privadas (como Google, Meta o TikTok), con sus propios términos y condiciones. Y lo peor: no se les vota, no rinden cuentas, y no están obligadas por los mismos principios que los Estados democráticos. La privacidad, la libertad de expresión o la transparencia están hoy más en manos de Silicon Valley que de nuestros representantes.

🔹 El jurista convertido en técnico

Con la llegada de la inteligencia artificial, el Derecho también corre el riesgo de deshumanizarse. Algunos temen que los abogados se conviertan en «operarios de datos», que solo interpretan algoritmos en lugar de leyes con sentido y valores. La justicia podría terminar reducida a una fórmula matemática, perdiendo su capacidad de adaptación y empatía con lo humano.

3. ¿Hay salida? Hacia un nuevo humanismo jurídico

Frente a este panorama, no todo es distopía. Hay quienes piensan que este es el momento perfecto para reconstruir. ¿Cómo? Con una mirada renovada al ser humano, sus derechos y su dignidad.

🔹 Repensar el Estado del Bienestar

La crisis económica posterior a la pandemia reavivó el debate sobre si el Estado del Bienestar es sostenible. Pero cuidado: a menudo, este argumento se usa para justificar recortes que afectan justamente a quienes más necesitan apoyo. Recuperar este modelo no es solo cuestión de números: es una cuestión de justicia social, autonomía personal y solidaridad. Y eso requiere políticas que garanticen oportunidades reales para todos, no solo para quienes tienen voz o poder.

🔹 Resistencias posibles

Frente al control digital y el poder invisible de los algoritmos, algunos proponen resistencias activas (como la movilización o la objeción pública). Otros, como Byung-Chul Han, sugieren recuperar lo inútil, lo no cuantificable, el arte, la contemplación… formas de vida que no puedan ser medidas ni monetizadas, como antídoto frente al dominio de los datos.

🔹 Filosofía del Derecho: más necesaria que nunca

En este mundo de cambios vertiginosos, la Filosofía del Derecho —a menudo vista como algo teórico o abstracto— tiene un papel esencial. Puede ayudarnos a pensar el futuro con profundidad, a formular nuevas preguntas, a imaginar otro Derecho posible, más justo, más consciente, más humano. Uno que no se rinda ante los datos ni ante la eficiencia, y que siga guiado por los valores fundamentales: la dignidad, la autonomía, la igualdad y la justicia.

Conclusión: no se trata de temerle al futuro, sino de diseñarlo

Lo que estamos viviendo no es solo una crisis, sino también una oportunidad histórica para redefinir el Derecho. La tecnología y la globalización no van a desaparecer, pero podemos decidir cómo queremos vivir con ellas. No se trata de frenar el progreso, sino de darle sentido humano.

La respuesta no es el miedo ni la nostalgia del pasado, sino la reinvención crítica del presente. Porque el Derecho no puede ser simplemente un reflejo de lo que hay, sino una herramienta para construir lo que debería ser.

Hay historias tan increíbles que, si no estuvieran documentadas, pensaríamos que son leyendas urbanas. Este es el caso del llamado “Crimen de Cuenca”, uno de los errores judiciales más sonados de la historia de España. Una mezcla de misterio, drama y justicia torpe que hoy sería carne de documental de Netflix… y no precisamente en la categoría de ficción.

🕵️ El crimen que nunca fue (y el muerto que no estaba muerto)

Corría el año 1910 cuando José María Grimaldos, un humilde pastor de Cuenca, desapareció sin dejar rastro. Nadie lo volvió a ver y, como suele pasar en los pueblos pequeños, las miradas empezaron a señalar. Los sospechosos: Gregorio Valero y León Sánchez, dos vecinos del pueblo.

¿La prueba? Ninguna. ¿El motivo? Tampoco. Pero la Guardia Civil los detuvo y, tras aplicarles «interrogatorios intensos» (léase: torturas), ambos confesaron… un crimen que nunca habían cometido. Según sus propias palabras, estaban “atontados por los castigos”. Fueron condenados en 1918 a 18 años de cárcel por homicidio.

Todo parecía zanjado… hasta que llegó el giro de guion digno de novela de Agatha Christie.

💥 Sorpresa: ¡el muerto aparece vivo!

En 1926, cuando ya llevaban casi 12 años en prisión, Grimaldos reaparece. Vivo. Tranquilo. En un pueblo cercano, pidiendo su partida de nacimiento porque quería casarse.

Sí, el «muerto» estaba vivito y coleando.

El escándalo fue monumental. La prensa se hizo eco, la opinión pública estalló, y el Tribunal Supremo tuvo que intervenir con lo que se llama un recurso de revisión: un mecanismo para anular sentencias firmes cuando aparecen hechos nuevos que demuestran que algo salió muy mal.

Y vaya si salió mal. El 10 de julio de 1926, el Supremo dictó una sentencia histórica que:

• Anuló la condena de 1918 porque, bueno… ¡no hubo ningún crimen!
• Reconoció la inocencia de Valero y Sánchez.
• Ordenó investigar a quienes los torturaron.
• Abrió expediente a los funcionarios que miraron para otro lado en el proceso judicial.
• Y, como guinda, canceló la defunción de Grimaldos en el Registro Civil. Porque claro, ¡nunca había muerto!

Fue un caso que dejó cicatrices profundas en el sistema judicial y que, años después, inspiró la famosa película El crimen de Cuenca, dirigida por Pilar Miró, que también tuvo su propia polémica (pero esa es otra historia).

👑 Y hablando de reyes (el post de ayer)… también pasaron por los tribunales

Pero no solo hubo errores judiciales en la España del siglo XX. También hubo demandas con apellido real, y aquí entra en escena nada menos que Alfonso XIII, el mismo rey que sobrevivió a varios atentados y acabó exiliado.

Todo empieza con su padre, Alfonso XII, y una historia de amor (no oficial) con la cantante de ópera Elena Sanz. De esa relación nacieron dos hijos, y uno de ellos, Alfonso Sanz, quiso ser reconocido como hijo legítimo del rey.

⚖️ Primer intento: el juicio por paternidad (1908)

En 1908, Alfonso Sanz presentó una demanda civil para que se reconociera su paternidad. El caso llegó directamente al Tribunal Supremo, que en aquella época tenía competencia exclusiva en ciertos temas de la Casa Real.

La respuesta fue un portazo legal.

• La ley vigente prohibía investigar la paternidad si no había un reconocimiento explícito del padre.
• Y aunque había cartas, testigos y rumores, no existía ningún documento donde Alfonso XII dijera: “Sí, es mi hijo”.

Así que la demanda fue desestimada. Caso cerrado… pero no del todo.

⚖️ Segundo intento: acusación por falsedad (1932–1933)

Ya en tiempos de la Segunda República, con Alfonso XIII fuera del trono y del país, Alfonso Sanz vuelve a la carga, esta vez acusando al exrey de haber presentado un documento falso en el juicio anterior. Una querella por falsedad documental en toda regla.

Pero surgió un problema legal: ¿quién debía investigar esto? El juez de instrucción se declaró incompetente, diciendo que como se trataba de un exrey, el caso debía ir al Supremo.

La defensa de Sanz recurrió, y el Tribunal Supremo le dio la razón en abril de 1933:

• Dijo que Don Alfonso de Borbón ya no era rey, ni tenía fuero especial.
• Por tanto, cualquier juez ordinario podía instruir el caso.

Y así, el caso volvió al juzgado de primera instancia para seguir su curso.

🎯 ¿Por qué nos siguen importando estos casos?

Porque nos recuerdan que la justicia no es infalible, y que los errores judiciales existen —a veces con consecuencias irreparables. También nos enseñan que nadie, ni siquiera los reyes, está del todo por encima de la ley (aunque durante siglos lo haya parecido).

Y sobre todo, porque detrás de cada expediente, cada sentencia y cada recurso, hay personas. Personas que pueden ser víctimas de un sistema ciego o beneficiarios de sus vacíos… pero que, al final, forman parte de esa compleja historia que aún seguimos escribiendo.

En ABOGADOS RAMA sabemos que cumplir con la normativa laboral es una prioridad para tu empresa. Una de las obligaciones más importantes en los últimos años es la elaboración y registro de un Plan de Igualdad. Pero, ¿qué ocurre cuando intentas cumplir la ley y te encuentras con un muro?

Imagina esta situación, que es más común de lo que parece: tu empresa necesita negociar su Plan de Igualdad. La ley te exige que invites a los sindicatos más representativos a la mesa de negociación, especialmente si tienes centros de trabajo sin representantes de los trabajadores. Envías las comunicaciones, esperas… y no obtienes respuesta. El tiempo pasa y te encuentras en un callejón sin salida: tienes la obligación de tener un Plan, pero no puedes negociarlo como dice la norma porque una de las partes no aparece.

Esto es exactamente lo que le ocurrió a una empresa en un caso que ha llegado hasta el Tribunal Supremo Sala de los Social (Sentencia 528/2025, de 3 de junio), y la resolución es una gran noticia para las compañías que se sienten bloqueadas.

El caso: una empresa atada de pies y manos

1. El Intento: La empresa intentó por todos los medios constituir la comisión negociadora. Contactó con los sindicatos para que se unieran, pero no recibió contestación.
2. La Solución de la Empresa: Para no quedarse paralizada y cumplir con su deber, la empresa negoció y aprobó el Plan de Igualdad con los representantes de los trabajadores que sí tenía en uno de sus centros.
3. El «No» de la Administración: Al intentar registrar el Plan, la Autoridad Laboral se lo denegó, argumentando que la comisión negociadora no estaba bien constituida porque faltaban los sindicatos.
4. La Lucha en los Tribunales: La empresa, sintiéndose indefensa, decidió llevar el caso a los tribunales.

La decisión clave del Tribunal Supremo: dos grandes victorias para las empresas

El Tribunal Supremo ha dado la razón a la empresa, y su sentencia nos deja dos lecciones fundamentales que protegen a las compañías que actúan de buena fe.

1. El silencio de la Administración juega a tu favor. La ley establece plazos para que la Administración responda a las solicitudes. En este caso, la empresa solicitó la inscripción de su plan y la resolución denegatoria llegó fuera de plazo. El Tribunal Supremo confirma que, si la Administración no responde a tiempo (generalmente tres meses), la solicitud se entiende aprobada por silencio administrativo positivo. En otras palabras, el plan se considera inscrito legalmente, y la negativa posterior de la Administración no tiene validez.

2. No se puede exigir lo imposible: la solución al bloqueo negociador. Lo más importante de la sentencia es que el Tribunal Supremo entiende la frustración de la empresa. Sostiene que una compañía no puede quedar en un limbo legal, con la amenaza de una sanción, por la inacción de los sindicatos.

Si la empresa demuestra que ha intentado activamente y de buena fe constituir la mesa de negociación y los sindicatos no han respondido, se considera que existe un bloqueo negociador imputable a la parte sindical. En esta situación excepcional, el Tribunal valida que la empresa pueda elaborar e inscribir su Plan de Igualdad, aunque sea de forma unilateral o sin la participación de todos los actores que exige la ley.

¿Qué significa esto para tu empresa?

• Tu obligación tiene límites: Tienes el deber de negociar, pero no puedes ser rehén de la falta de respuesta de otros.
• La importancia de documentarlo todo: Es crucial que guardes pruebas de todos los intentos de comunicación con los sindicatos (correos electrónicos, burofaxes, etc.). Esta será tu mejor defensa.
• El silencio administrativo es un derecho: Si la Administración tarda en contestar, puedes tener un derecho a tu favor. No des por perdida una solicitud solo porque no recibes noticias.
• Hay salida: Si la Autoridad Laboral deniega la inscripción de tu Plan por un bloqueo que no has provocado, la decisión no es final. Se puede y se debe recurrir.

El temor del padre de que la madre se lleve a la menor a Cuba y no retorne, no puede llevar sin más a denegar la posibilidad de obtener la expedición y/o renovación del pasaporte de la menor ni a no autorizar que la menor viaje con su madre a Cuba en los periodos de vacaciones, pues no cabe presuponer, con carácter general, que cualquier progenitor que disponga del pasaporte de su hija menor o que disponga de autorización para viajar a su país de origen se comporte ilícitamente.

AP Pontevedra, Sec. 6.ª, Auto de 2 de abril de 2024