Difundir entre los numerosos contactos del que fue su esposo la noticia periodística de que él había sido imputado por delito de acoso ante los juzgados de Violencia contra la Mujer puede tener consecuencias jurídicas para la divorciada.

D.ª Natalia y D. David, estuvieron casados desde el 27 de junio de 2003 hasta el 16 de enero de 2017, en que se dictó la sentencia de divorcio, si bien la ruptura conyugal tuvo lugar en abril de 2015.

La crisis conyugal no fue pacífica y los litigantes cruzaron diversas denuncias entre sí.

El 9 de junio de 2015, la Sra. Natalia formuló una denuncia penal contra el Sr. David, que provocó la detención de este, si bien ese mismo día el procedimiento penal se sobreseyó y archivó y el Sr. David fue puesto en libertad sin cargos.

El 10 de septiembre de 2015, la Sra. Natalia interpuso otra denuncia penal contra el Sr. David, que provocó la incoación de un procedimiento penal contra este por los delitos de hostigamiento en el ámbito familiar, contra la integridad moral y de coacciones, en el que la Sra. Natalia obtuvo una orden de protección frente al Sr. David. Celebrado el juicio, en el que la Sra. Natalia intervino como acusación particular, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Móstoles dictó el 10 de abril de 2017 una sentencia en la que absolvió al Sr. David y condenó a la Sra. Natalia, que se había constituido en acusación particular, al pago de las costas «por mala fe y temeridad».

La Sra. Natalia recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial dictó una sentencia el 5 de octubre de 2017 en la que confirmó la libre absolución del Sr. David y confirmó asimismo la condena en costas a la Sra. Natalia por temeridad, con el siguiente razonamiento: «[…] esta Sala entiende razonable y razonada la imposición de costas a la acusación particular, considerando que la presunta víctima ni al interponer denuncia, ni en su declaración en el juzgado, ni en la solicitud de orden de alejamiento, no reflejándose en la acusación formulada, hizo mención alguna a las comunicaciones recíprocas entre las partes, ofreciendo una información sesgada y parcial, tanto en ese aspecto, como en el resto de los ilícitos que refería, esencial a la hora de calificar los hechos, reflejando el conjunto de la documental aportada con la lectura de todos los documentos incorporados, que se ha ido completando por la defensa, la temeridad de sus pretensiones acusatorias».

El 8 de octubre de 2015, el diario digital El Confidencial había publicado un artículo en el que se recogía la interposición por la Sra. Natalia de la denuncia contra el Sr. David el 10 de septiembre anterior y la adopción de la orden de protección, bajo el título «Un imputado de la trama Gürtel, denunciado por acoso y amenazas a su exmujer». Pocos días después de esta publicación, la Sra. Natalia remitió una copia del artículo publicado en El Confidencial mediante correo electrónico a 177 destinatarios, y lo distribuyó también en dos grupos de Whatsapp que creó. Algunas de estas personas a las que envió la copia del artículo no tenían relación con la remitente, aunque los destinatarios sí tenían relación con el Sr. David.

D. David interpuso una demanda contra D.ª Natalia, en la que solicitaba que se declarara que la demandada había vulnerado su derecho al honor, se la condenara a cesar en esta conducta, a indemnizarle en 280.000 euros y a difundir la sentencia por los mismos canales por los que transmitió el artículo periodístico. Pero el Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda al considerar que «prevalece lo que en este caso puede llamarse libertad de expresión a través de la transmisión de un artículo que cumple los requisitos del derecho a la libre información veraz respecto al derecho al honor, derecho al honor que tampoco se entiende vulnerado por la publicación de la noticia, que se limita a recoger un hecho cierto en aquel momento, con independencia de que luego el demandante fuera absuelto, hecho relevante por ser el demandante una persona pública en aquellos momentos». D. David apeló la sentencia y la Audiencia Provincial estimó en parte el recurso, revocó la sentencia de primera instancia y declaró «[q]ue la demandada ha vulnerado el derecho al honor del demandante al divulgar a los contactos del mismo de manera masiva mediante correo electrónico y dos grupos de WhatsApp la noticia que se hacía eco de la imputación del actor por un delito de acoso según la denuncia sesgada que ella habría interpuesto» y la condenó a indemnizar al demandante en 3.000 euros. Sentencia que confirma el Tribunal Supremo al desestimar el recurso de casación interpuesto por Dª Natalia.

Condenados un padre y un abuelo por coacciones y amenazas a un profesor de un colegio de Pamplona

Un padre y un abuelo han sido condenados a 18 y 6 meses de prisión, respectivamente, por haber coaccionado y amenazado a un profesor de un colegio público de Pamplona.

La sentencia, que ha sido dictada de conformidad por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Pamplona tras un acuerdo entre la fiscalía y las defensas, recoge que los procesados, el padre, de 30 años, y el abuelo, de 61, sobre las 14.30 horas del 10 de octubre de 2023 se personaron en el centro educativo y entraron en el aula donde se encontraba el docente.

“De forma muy alterada y a gritos”, le reprocharon el incidente ocurrido esa mañana con el hijo menor del acusado. Según la resolución judicial, “los inculpados acusaron al profesor de haber agarrado fuerte del brazo y haberle producido unos arañazos al alumno.

Mientras esto sucedía, el padre llamó “racista” al docente y le empujó con el antebrazo hasta arrinconarlo contra la pared. Entonces intervino el abuelo, quien se dirigió al profesor. Le tildó de “chulo” y “racista” y, “en tono intimidatorio”, le espetó, mientras le señalaba con el dedo, que con chulos como él acababa enseguida.

Por estos hechos, el padre acusado aceptó el pasado día 8, al comienzo del juicio, una condena de 18 meses de prisión como autor de un delito de coacciones en concurso con un delito de atentado (el docente es funcionario). Por su parte, el abuelo encausado se conformó con una pena de 6 meses de prisión como responsable de un delito de amenazas.

El juez ha acordado suspender el ingreso en prisión de ambos a condición de que no delincan en 3 años el padre y en 2 el abuelo.

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de un paciente de una enfermedad rara de los ojos a recibir un medicamento que le denegó el Servicio Extremeño de Salud

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado que la negativa del Servicio Extremeño de Salud a suministrar un medicamento a un paciente de una enfermedad rara de los ojos vulneró su derecho a la integridad física y a la igualdad, y reconoce su derecho a recibir dicho fármaco en los términos señalados por los informes de la doctora que le atendió. La decisión del Supremo sigue la línea establecida en otra sentencia, del pasado mes de febrero, que dio la razón a la madre de un niño menor de edad con síndrome de Duchenne, que se estableció que fue discriminado porque, en ese caso, un hospital catalán no tramitó su solicitud de un medicamento.

En el asunto resuelto ahora, el recurrente padece neuropatía óptica hereditaria de Leber (NOHL), enfermedad consistente en la pérdida de la visión central (ceguera) y en atrofia (degeneración) que afecta a ambos ojos. Dicha persona adujo ante el Servicio Extremeño de Salud que existía un tratamiento con el principio activo idebenona, con nombre comercial Raxone, que ayuda a mejorar la producción de energía, a restaurar la función de las mitocondrias afectadas por las mutaciones y evita el daño celular y la pérdida de visión.

Añadía que se trataba de uno de los medicamentos llamados huérfanos, aprobado por la Agencia Española del Medicamento y comercializado a través del proceso centralizado en todos los países de la Unión Europea, que es de uso hospitalario y sólo puede ser adquirido por los centros hospitalarios públicos, siendo de carácter gratuito para los enfermos conforme al Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, como “medicamento extranjero”, pues no está incluido en la carta básica del Sistema Nacional de Salud.

El paciente explicó que empezó con los síntomas repentinamente y fue tratado en agosto de 2021 en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, y que la facultativa que le atendió solicitó un estudio genético y otro de neuroimagen a resultas de los cuales pidió el tratamiento urgente con Raxone el 2 de noviembre de 2021, el cual le fue denegado el 2 de diciembre por la Comisión de Uso Compasivo, al tiempo que se le indicó que podía efectuarse una nueva valoración si aportaba bibliografía y datos. Así lo hizo su doctora pero el 15 de noviembre de 2021 la Administración resolvió negativamente. Ante ello reclamó pero no obtuvo respuesta por lo que acudió a la vía jurisdiccional, bajo la invocación de su derecho fundamental a la integridad física.

Según siempre el relato de la sentencia, la Administración extremeña alegó entonces que no cabía aceptar la solicitud porque la financiación de Raxone está expresamente excluida en el Sistema Nacional de Salud y porque atenderla supondría vulnerar el principio de igualdad establecido por el artículo 91 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como su artículo 92.

Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Mérida, en contra del parecer del Ministerio Fiscal, estimó el recurso del paciente, y recordó, entre otros extremos, que la doctora que le trata propuso como medicación Raxone y que lo pidió el Director Médico, que aportó ulteriormente bibliografía y que de la información presentada resultaba el claro beneficio que ese medicamento suponía para pacientes con esta enfermedad. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló esa sentencia al estimar el recurso de la Junta de Extremadura.

El Supremo ahora estima el recurso del paciente y revoca el pronunciamiento del TSJ extremeño. Destaca que el derecho a la protección de la salud está, ciertamente, entre los principios rectores de la política social y económica que enuncia el Capítulo III del Título Primero de la Constitución y estos tienen el régimen de protección que dispone su artículo 53.3.

Añade que “la pérdida de la visión es una merma muy seria que afecta a la integridad física protegida por ese precepto constitucional. Por tanto, no está fuera de lugar que haya acudido al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción, ni carece de relevancia la forma en que se aplican las reglas sobre la dispensación de medicamentos a la vista de su artículo 121. De otro lado, la mayor o menor incidencia de Raxone en el desarrollo de la enfermedad no le quita gravedad como parece sugerir la sentencia de apelación”.

Para el tribunal, “ni puede recaer sobre el recurrente la carga de acreditar las circunstancias individualizadas de los otros pacientes beneficiados por la autorización del medicamento, ni cabe considerar justificación objetiva y razonable suficiente de su denegación la mera referencia a que no está comprendido entre los financiados con fondos públicos, ni la alusión genérica a sus efectos limitados sobre la enfermedad o a la racionalidad en el gasto farmacéutico.”

Condenado a cinco años de prisión por intentar matar a un hombre que no le dio un cigarro

Un joven de 21 años intentó matar a otro, cortándole el cuello, porque no le quiso dar un cigarro.  Ocurrió durante las celebraciones de la noche de San Juan de 2020, en plena pandemia, en la madrugada del 24 de junio, en un parque público de la ciudad de Valencia, cuando la víctima se encontraba al lado de unos arbustos para tapar a su pareja, que se había escondido tras ellos para orinar. Este joven se acercó a la víctima para pedirle un cigarro, pero ésta le dijo que se apartara porque su pareja estaba miccionando. De nuevo el joven agresor insistió, y ante la nueva petición de la víctima de que se alejara, rompió contra una palmera una copa de cristal de tipo balón que llevaba en la mano y, de un solo movimiento, le cortó con un fragmento en la parte derecha del cuello y en el brazo izquierdo. El agresor huyó del lugar, mientras el herido comenzaba a sangrar abundantemente y su pareja pedía ayuda a gritos. Un agente de Policía le asistió en un primer momento y le hizo un torniquete cuando comenzaba a perder el conocimiento como consecuencia de la fuerte hemorragia. La víctima fue operada de urgencia después para reparar una arteria y una vena afectadas por el ataque, que le generó heridas que, según el informe forense, eran de carácter grave y le habrían causado la muerte de no ser tratadas. 

El joven agresor ha sido condenado a 5 años de prisión y a pagar una indemnización de 15.210 euros para la víctima por las lesiones y secuelas derivadas de la agresión, consistentes en el cansancio en un brazo o el cierre involuntario de un ojo cuando trabaja mucho. También deberá pagar 3.765 euros a la Conselleria de Sanidad por la asistencia sanitaria que recibió la víctima. Además, el agresor no podrá comunicarse con el perjudicado ni acercarse a menos de 300 metros de él, de su domicilio, su lugar de trabajo o de cualquier otro lugar en el que se encuentre, por un periodo de siete años.

La Audiencia de Murcia considera ‘conductor’ de un vehículo a efectos de la Ley del Seguro al copiloto que gira bruscamente el volante provocando la salida de la vía

La sección 5 de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, condena a una aseguradora a indemnizar con 1,8 millones a un hombre que, ocupando el asiento del conductor de un vehículo, quedó tetrapléjico, tras el siniestro provocado por el giro brusco del volante realizado por la persona que ocupaba el asiento del copiloto.

Los magistrados estiman en parte el recurso de apelación interpuesto por quien ocupaba el asiento de la izquierda del vehículo y desestiman la impugnación formulada por el copiloto contra la sentencia de abril de 2021 dictada por un juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Javier.

El tribunal manifiesta su conformidad con la atribución de responsabilidad en el siniestro que efectúa la resolución de instancia, y en el que coincide también la aseguradora apelada, pero difiere de las consecuencias jurídicas. Así, no se discute, como detalla la sentencia, que en agosto de 2016 el vehículo circulaba a más de 80 km por hora (en una autovía con un límite de velocidad genérico de 120 km/h), cuando el ocupante del asiento derecho del coche gira el volante de forma brusca y sorpresiva, provocando la salida de la vía.

La Audiencia centra el debate jurídico en determinar quién puede ser considerado, a efectos del seguro obligatorio, conductor en el momento en el que se produjo el accidente, y si quien ocupa el asiento derecho podía ser o no un tercero, cubierto por el seguro de responsabilidad civil generada por el uso del turismo, dejando patente que la cuestión planteada “se presenta complicada de resolver y sujeta a las interpretaciones que pueda darse a las normas reguladoras”.

Para ello, explican que la definición de ‘conductor’ del Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015 como la “persona que, con las excepciones del párrafo segundo del punto 4 maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal o animales. En vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción, tiene la consideración de conductor la persona que está a cargo de los mandos adicionales”, mientras que ‘conducir’ según el diccionario de la RAE (acepción quinta) es “guiar o dirigir un automóvil”.

Y, por otro lado, apuntan que el art. 5.1 de la Ley 8/2004 excluye de la cobertura del seguro de suscripción obligatoria del automóvil “los daños y perjuicios ocasionados por las lesiones o fallecimiento del conductor del vehículo causante del accidente”.

Tras el análisis de lo ocurrido, los magistrados concluyen que “no es posible considerar en ese momento como conductor del turismo a quien ocupaba el asiento izquierdo que nada puede hacer por evitar el accidente” y que “carecía del control del vehículo, pues el elemento principal de dirección no estaba bajo su dominio” al haberlo asumido el copiloto de forma sorpresiva, provocando la salida de la vía. Y, por tanto, y afirman que era este último, el copiloto, quien “tenía el control principal del mismo, es decir, lo conducía”, siendo el que ocupaba el asiento derecho “un tercero” respecto al accidente ocasionado.

En definitiva, concluye la sentencia, en lo que se refiere a este accidente, el ocupante del asiento derecho “no era en la práctica y realmente, el conductor que podía dirigir y controlar el turismo, sino un tercero”, y “debe ser indemnizado en virtud del contrato de seguro en vigor, relativo al vehículo cuya utilización (lo acaecido es un hecho de la circulación) le generó las lesiones que padece”

“Aunque no se considerase conductor a estos efectos al causante del siniestro -subraya la resolución respecto a quien ocupaba el asiento del copiloto-, está claro que el mismo era un usuario del turismo que ocasiona con su acción daños a un individuo (y que no hay mayores problemas para entender cubiertos por el seguro del coche en cuanto afectan a otras personas)”.

La sentencia no es firme, contra ella cabe interponer recurso de casación.

Un juzgado de Valencia abre una investigación por los insultos racistas al jugador del Real Madrid Vinicius Junior

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia ha incoado diligencias previas para investigar los insultos racistas dirigidos al jugador del Real Madrid CF Vinicius Júnior el pasado domingo, 21 de mayo, durante el partido de la Liga Santander que enfrentó a este equipo con el Valencia CF en el estadio de Mestalla.

En el auto, que ha sido notificado este viernes, la magistrada ha acordado citar en calidad de investigados a los tres espectadores que fueron detenidos esta misma semana por la Policía Nacional en relación a estos incidentes.

Con anterioridad a esa declaración, los tres investigados deberán comparecer en el órgano judicial para ser instruidos de los derechos que les asisten en aplicación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El juzgado ha abierto el procedimiento tras recibir un atestado por un posible delito de odio elaborado por la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

A estas diligencias previas se ha acumulado una denuncia por los mismos hechos interpuesta por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, entidad a la que se tiene ya por personada en la causa como acusación particular.

Igualmente, la instructora ha acordado comunicar el inicio de la causa al Ministerio Fiscal y librar exhorto a los Juzgados de Madrid para que habiliten los medios técnicos necesarios que permitan tomar declaración por videoconferencia a Vinicius Jr., en calidad de perjudicado.

Por otro lado, en respuesta a la práctica de diligencias de investigación solicitadas en su denuncia por la Liga, el auto refleja que las imágenes grabadas sobre los incidentes ya han sido recabadas y examinadas por la Policía Nacional y figuran incorporadas en el atestado.

No obstante, la magistrada ha resuelto remitir un oficio al Valencia CF a fin de instarle a conservar ese material audiovisual, a partir del minuto 72 del partido, por si en algún momento de la instrucción tuvieran que ser requerido.

Por último, el juzgado emplazará al club valencianista a que identifique a unos vigilantes de seguridad que estaban trabajando el día del partido para poder citarlos a declarar como testigos

La Audiencia de Valencia condena a nueve años y once meses años de prisión a un hombre que incendió el piso de su pareja tras una discusión

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a nueve años y once meses de prisión por un delito de incendio a un hombre que prendió fuego al piso de su pareja sentimental tras una discusión.   

El hombre deberá indemnizar a la víctima con 28.455 euros por los daños sufridos en su vivienda, y con más de 3.000 euros al Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de la provincia de Valencia por los gastos generados en la extinción de las llamas.  

La sentencia le condena también por un delito leve de lesiones y otro de daños y por cada uno de ellos le impone una pena de multa de 360 euros.  

No obstante, le absuelve de los delitos maltrato habitual, lesiones psíquicas y dos delitos leves de amenazas de los que también estaba acusado, al no haber quedado demostrada la comisión de los mismos.  

Los hechos sucedieron el 14 de septiembre de 2021 en la vivienda que el condenado compartía con su pareja desde el mes de agosto de 2017, ubicada en un municipio de la comarca del Camp de Morvedre.   

Según el relato de hechos probados de la resolución judicial, sobre las cuatro y media de la tarde, el hombre comenzó a ingerir ginebra y pastillas y, cuando su compañera sentimental le dijo que dejara de hacerlo, él arremetió contra el mobiliario de la casa y rompió la tele, la mesa del salón y la cafetera, entre otros objetos.  

La hija de la víctima llamó al teléfono contra el maltrato, 016, pero cuando los agentes de la Guardia Civil se personaron en la vivienda el hombre ya la había abandonado.   

Esa noche, la mujer decidió dormir en casa de una amiga y, sobre la medianoche el condenado llamó a la mujer y la amenazó con quemar la vivienda si no volvía.  

Tras esa llamada, el acusado se dirigió al dormitorio principal y le prendió fuego, pese a que sabía que el edificio lo habitaban otros vecinos y que estaba poniendo en riesgo su vida y sus viviendas, tal y como consta en la sentencia.  

Cuando el condenado abandonó el piso, fue interceptado por dos vecinos con los que forcejeó y a los que lesionó, antes de ser detenido. Las llamas afectaron a dos viviendas, además de la casa en la que se inició el fuego, y a elementos comunes del edificio. 

La sentencia no es firme y puede recurrirse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El Tribunal Supremo considera libertad de expresión el contenido de un reportaje que calificó de estafa el negocio de los videntes televisivos que cobran por llamada

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a un medio de prensa digital y a una redactora por intromisión ilegítima en el derecho al honor de un tarotista y vidente de televisión, por el contenido de un reportaje sobre los métodos que utilizaba “para estafar a miles de personas”. El Supremo destaca que el reportaje fue claramente crítico y mordaz, pero difundió información veraz sobre un tema de interés general, como es el de los programas de televisión sobre videncia, adivinación o tarot en los que se cobra la llamada a los telespectadores, por lo que está amparado por la libertad de expresión.

La demanda del tarotista se dirigió contra un reportaje publicado en el diario digital “El Español” titulado “Así me timaron una noche con el tarot en las teles: un negocio de 3.000 millones al año”, seguido del subtítulo “Una periodista de ‘El Español’ analiza junto a un experto de las pseudociencias las técnicas que utiliza el vidente D.T. para estafar a miles de personas”.

Para el Supremo, “el artículo periodístico en cuestión no imputa al demandante la comisión de un delito de estafa, sino que la periodista califica como engaño el negocio del tarot televisivo. Se trata de una opinión muy crítica pero que se apoya en la expresión de hechos constatados (la reproducción de varias llamadas telefónicas al programa de tarot del demandante en las que este no acierta a adivinar las circunstancias personales de quien llama, o expresa vaguedades o aprovecha el recuerdo de anteriores llamadas de la misma oyente) y la opinión de otro periodista que ha escrito un libro sobre estos programas”.

Añade el tribunal que calificar la conducta del demandante como «estafa» es una opinión de la periodista, un juicio de valor muy crítico, sobre el negocio que supone ese programa y los de su misma naturaleza, el de programas de televisión de echadores de cartas, videntes o futurólogos en los que los espectadores hacen consultas en directo por medio de llamadas telefónicas de tarificación especial.  Y destaca el Supremo que las expresiones «estafa» o «timo» “se pueden utilizar coloquialmente para calificar un servicio defectuoso, engañoso o sin valor, o por el que se cobra una cantidad que se considera injustificada o desproporcionada”.

Por ello, entiende que “es lícito que la periodista opine que esas actividades de adivinación, las del demandante y las de los protagonistas de otros programas similares, constituyen un engaño o que se cobra una cantidad injustificada o desproporcionada por estas llamadas y las esperas a que se somete a quienes llaman, y que así lo exprese en el artículo periodístico”.

Respecto a que el demandante cobre un sueldo fijo y no una comisión o porcentaje sobre lo que se recauda por las llamadas de teléfono que recibe en el programa no es óbice, según subraya el Supremo, a que la información sobre el coste de las llamadas al programa sea veraz. “En el artículo se informa sobre lo que cuestan las llamadas al programa, no se dice que ese dinero lo reciba directamente el demandante. Y, en todo caso, es obvio que si el demandante cobra un sueldo por hacer ese programa es porque la productora logra beneficios de las llamadas que hacen los espectadores, y que la percepción de un sueldo por el demandante está directamente vinculada con la obtención de beneficios por la empresa que se lo paga”.

La demanda del tarotista fue inicialmente desestimada por un Juzgado de Getafe, pero la Audiencia Provincial de Madrid le dio parcialmente la razón al considerar que el reportaje constituyó una intromisión ilegítima en su derecho al honor, por lo que condenó a los demandados a pagarle una indemnización de 10.000 euros y a la eliminación de la noticia de Internet. El Supremo anula esta última sentencia y confirma la desestimación de la demanda. 

CUATRO REVISIONES DE SENTENCIAS DICTADAS EN CASOS DE AGRESIONES SEXUALES. DOS REBAJAN LA CONDENA Y OTRAS DOS LA MANTIENEN

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha resuelto cuatro recursos de casación dictados en casos de agresiones sexuales ocurridos en Navarra, La Rioja, Baleares y Cataluña. Dos de ellas -Navarra y La Rioja- rebajan las condenas impuestas al aplicar la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual por ser más favorable para los condenados. Las otras dos -Baleares y Cataluña- mantienen las condenas dictadas con la anterior normativa por no ser más beneficiosa la nueva ley en el caso concreto. 

En una de las cuatro sentencias, la Sala de lo Penal ha rebajado de 16 a 14 años de prisión una condena impuesta a un hombre por los delitos de detención ilegal, agresión sexual, maltrato y amenazas a su expareja en Navarra, en aplicación de la nueva regulación que resulta más favorable para él. 

El acusado fue condenado por el delito de agresión sexual con acceso carnal, castigado con pena de 6 a 12 años de prisión, con la agravante de parentesco, a 9 años y día de prisión, el mínimo de la mitad superior. Con la nueva ley los hechos encajan en un delito de agresión sexual con acceso carnal, agravado, con lo que la pena a imponer se mueve en una horquilla de 7 a 15 años de prisión. 

La Sala impone el mínimo previsto en la nueva ley de 7 años de prisión, con el apoyo en este caso del Ministerio Fiscal en su informe. 

Por su parte, la sentencia referida a un caso de La Rioja rebaja de 12 a 9 años de prisión la condena impuesta a un hombre que agredió sexualmente a una mujer, tras ponerle un cuchillo en el cuello, en un descampado de la Rioja, al aplicar la nueva normativa que es más beneficiosa. 

La Sala explica que la legislación reformada establece un arco que oscila entre 7 y 15 años, el mismo máximo que la anterior regulación, pero señala que el suelo, en cambio, es sensiblemente inferior, en parte, “lógica secuela de la unificación de los anteriores abusos con las agresiones sexuales”. 

Aunque rebaja la pena por el delito de agresión sexual, la Sala mantiene la pena de 1 año de prisión por un delito de obstrucción a la justicia, por lo que la nueva condena por los dos delitos queda, finalmente, en 10 años de prisión. 

Por el contrario, en el tercer caso, el Supremo mantiene las condenas por delito de agresión sexual en concurso con un delito de lesiones cualificadas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a dos hombres que, en marzo de 2016, introdujeron de forma violenta un objeto en la vagina y el ano a una mujer que entonces ejercía la prostitución cuyos servicios habían contratado, en Palma de Mallorca.  El Supremo confirma 14 años de prisión a uno de ellos y 12 años y medio al otro, y destaca que no cabe beneficio alguno para ellos derivado de la entrada en vigor de la nueva ley para un caso de concurso ideal del delito de agresión sexual con lesiones como el ocurrido. 

Asimismo, tampoco considera más beneficiosa la nueva ley para un condenado a 9 años de prisión por delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, en concreto su hijastra, cometidos cuando ésta tenía entre 10 y 12 años de edad. Por ello, mantiene dicha pena por ese delito, impuesta primero por la Audiencia de Lleida y después por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a la que se suma otros 2 años de prisión por delito de violencia en el ámbito doméstico también establecida en las instancias anteriores.

COMO NO SE APROBARON LOS ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS POR UNANIMIDAD NO SE PUEDE CONSIDERAR INDISPENSABLE IR DESNUDO PARA USAR LOS ELEMENTOS COMUNES

La Sala Primera del Tribunal Supremo (Sentencia 217/2023, de 13 de febrero) ha estimado los recursos interpuestos por algunos propietarios de apartamentos de uso vacacional ubicados en una urbanización en la que la comunidad de propietarios había declarado como indispensable la práctica nudista para el acceso a los elementos comunes de la finca (piscina, jardines etc.). 

El Juzgado y la Audiencia Provincial habían desestimado la demanda de los propietarios después de considerar probado que existían unos estatutos aprobados por unanimidad que exigían el nudismo para disfrutar de los referidos elementos comunes. Sin embargo, la Sala Primera aprecia que existe un error patente en la valoración de las pruebas que sustentaban esa conclusión, ya que la simple lectura de las actas de la comunidad demuestra con evidencia que dichos estatutos no fueron aprobados y en las sentencias dictadas en otros procedimientos anteriores no abordaron esa cuestión. 

Ante la falta de previsión estatutaria que justifique la privación del disfrute de los elementos comunes de los que los demandantes son cotitulares, se aprecia que la imposición del nudismo vulnera el derecho de igualdad, supone una discriminación de los demandantes por razón de sus ideas y pensamientos y atenta a su libertad de movimientos y a su derecho a la intimidad.

En consecuencia, se estima el recurso de los propietarios demandantes, pues no cabe arbitrariamente, por actos de fuerza, mediante la contratación de servicios privados de seguridad, impedir a los demandantes el disfrute de los derechos que les corresponden en el régimen de propiedad horizontal sobre elementos comunes si no practican el nudismo, lo que es una opción personal perfectamente respetable y legítima, pero cuya práctica no cabe exigir sin base para ello.

La sentencia declara la vulneración de los derechos fundamentales reseñados y fija una indemnización por daños morales de 1000 euros para cada uno de los demandantes.