Difundir entre los numerosos contactos del que fue su esposo la noticia periodística de que él había sido imputado por delito de acoso ante los juzgados de Violencia contra la Mujer puede tener consecuencias jurídicas para la divorciada.

D.ª Natalia y D. David, estuvieron casados desde el 27 de junio de 2003 hasta el 16 de enero de 2017, en que se dictó la sentencia de divorcio, si bien la ruptura conyugal tuvo lugar en abril de 2015.

La crisis conyugal no fue pacífica y los litigantes cruzaron diversas denuncias entre sí.

El 9 de junio de 2015, la Sra. Natalia formuló una denuncia penal contra el Sr. David, que provocó la detención de este, si bien ese mismo día el procedimiento penal se sobreseyó y archivó y el Sr. David fue puesto en libertad sin cargos.

El 10 de septiembre de 2015, la Sra. Natalia interpuso otra denuncia penal contra el Sr. David, que provocó la incoación de un procedimiento penal contra este por los delitos de hostigamiento en el ámbito familiar, contra la integridad moral y de coacciones, en el que la Sra. Natalia obtuvo una orden de protección frente al Sr. David. Celebrado el juicio, en el que la Sra. Natalia intervino como acusación particular, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Móstoles dictó el 10 de abril de 2017 una sentencia en la que absolvió al Sr. David y condenó a la Sra. Natalia, que se había constituido en acusación particular, al pago de las costas «por mala fe y temeridad».

La Sra. Natalia recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial dictó una sentencia el 5 de octubre de 2017 en la que confirmó la libre absolución del Sr. David y confirmó asimismo la condena en costas a la Sra. Natalia por temeridad, con el siguiente razonamiento: «[…] esta Sala entiende razonable y razonada la imposición de costas a la acusación particular, considerando que la presunta víctima ni al interponer denuncia, ni en su declaración en el juzgado, ni en la solicitud de orden de alejamiento, no reflejándose en la acusación formulada, hizo mención alguna a las comunicaciones recíprocas entre las partes, ofreciendo una información sesgada y parcial, tanto en ese aspecto, como en el resto de los ilícitos que refería, esencial a la hora de calificar los hechos, reflejando el conjunto de la documental aportada con la lectura de todos los documentos incorporados, que se ha ido completando por la defensa, la temeridad de sus pretensiones acusatorias».

El 8 de octubre de 2015, el diario digital El Confidencial había publicado un artículo en el que se recogía la interposición por la Sra. Natalia de la denuncia contra el Sr. David el 10 de septiembre anterior y la adopción de la orden de protección, bajo el título «Un imputado de la trama Gürtel, denunciado por acoso y amenazas a su exmujer». Pocos días después de esta publicación, la Sra. Natalia remitió una copia del artículo publicado en El Confidencial mediante correo electrónico a 177 destinatarios, y lo distribuyó también en dos grupos de Whatsapp que creó. Algunas de estas personas a las que envió la copia del artículo no tenían relación con la remitente, aunque los destinatarios sí tenían relación con el Sr. David.

D. David interpuso una demanda contra D.ª Natalia, en la que solicitaba que se declarara que la demandada había vulnerado su derecho al honor, se la condenara a cesar en esta conducta, a indemnizarle en 280.000 euros y a difundir la sentencia por los mismos canales por los que transmitió el artículo periodístico. Pero el Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda al considerar que «prevalece lo que en este caso puede llamarse libertad de expresión a través de la transmisión de un artículo que cumple los requisitos del derecho a la libre información veraz respecto al derecho al honor, derecho al honor que tampoco se entiende vulnerado por la publicación de la noticia, que se limita a recoger un hecho cierto en aquel momento, con independencia de que luego el demandante fuera absuelto, hecho relevante por ser el demandante una persona pública en aquellos momentos». D. David apeló la sentencia y la Audiencia Provincial estimó en parte el recurso, revocó la sentencia de primera instancia y declaró «[q]ue la demandada ha vulnerado el derecho al honor del demandante al divulgar a los contactos del mismo de manera masiva mediante correo electrónico y dos grupos de WhatsApp la noticia que se hacía eco de la imputación del actor por un delito de acoso según la denuncia sesgada que ella habría interpuesto» y la condenó a indemnizar al demandante en 3.000 euros. Sentencia que confirma el Tribunal Supremo al desestimar el recurso de casación interpuesto por Dª Natalia.

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