El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente Santiago, presentan en la sede del Colegio de Registradores el Manual de buenas prácticas procesales y registrales de la Región de Murcia, en un acto que contó también con la intervención de Basilio Javier Aguirre Fernández, director del Servicio de Estudios del Colegio nacional de Registradores.
Pasqual del Riquelme ha resaltado el necesario impulso que debe darse a las comunicaciones electrónicas entre las oficinas judiciales y los registros, destacando que la responsabilidad de la gerencia pública está ligada a la eficacia y eficiencia de su gestión, y no sólo al cumplimiento literal de los mandatos normativos. “Este es un ejemplo de cómo las instituciones asumimos la obligación de fomentar y poner en marcha los procesos que posibiliten el ejercicio de aquellas funciones debidas en la forma más eficaz, eficiente y con la mayor calidad posible para facilitar el trabajo de los profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia, y, en último término, dar el mejor servicio al ciudadano”.
Ambas instituciones se anticipan así a los avances que podrían suponer tres importantes anteproyectos: Ley de Eficiencia Procesal; Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia y Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de la Justicia. En particular, esta última norma, de aprobarse finalmente, regulará el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad y ahondará en la obligación de interoperabilidad con previsiones respecto a los registros con los que se relaciona la Administración de Justicia en general, y en especial, respecto a los registros electrónicos a disposición de los Registros de la Propiedad, Registros de Bienes Muebles y Registros Mercantiles, como también de los protocolos electrónicos de las Notarías, como explican José Ramón Sánchez Galindo, decano del Colegio Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Murcia, y Javier L. Parra García, secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Son objeto de estudio y comentario sentencias del Tribunal Supremo que abordan los efectos de la certificación de dominio y cargas sobre una anotación de embargo la emisión; la forma en la que deben realizarse los actos de comunicación con la herencia yacente para poder practicar una anotación o inscripción registral sobre sus bienes o el alcance de la calificación registral y las condiciones en las que debe acordarse la adjudicación de vivienda habitual en los casos en los que la subasta ha quedado desierta, destaca el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Palacios Olmedo, en el prólogo.
La publicación confirma una consolidada línea de colaboración entre el Colegio Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Murcia y las oficinas judiciales de la Región, con la puesta en marcha de distintos grupos de trabajo de registradores, letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y magistrados para buscar soluciones prácticas a las relaciones entre oficinas registrales y judiciales. Fruto de esa colaboración son distintos manuales o guías proporcionando buenas prácticas con tres publicaciones en 2012 (Manual de Buenas Prácticas Procesales), 2016 (Manual de Buenas Prácticas Concursales y Registrales) y 2017(La Oficina Judicial y los Registros de la Propiedad; especial referencia al decreto de adjudicación).
El equipo de investigación está integrado por los registradores de la propiedad Santiago Ruiz Martínez, Pablo Antonio Fernandez Sánchez y Griselda Diaz Romero; las letradas de la Administración de Justicia especialistas en ejecución de resoluciones judiciales y procesales Isabel de Zarandieta Soler (directora del Servicio de Ejecución Procesal de Murcia) María del Mar González Romero (letrada-Jefa de Sección de Ejecución Civil de Murcia) y María Dolores Villanueva Jover (LAJ especializada en ejecución civil); y la magistrada del orden civil de Murcia, Carmen Cano García, titular del Juzgado de Primera Instancia 17 de Murcia.