A menudo nos encontramos con casos que, más allá de su complejidad jurídica, nos enfrentan a realidades humanas de una dureza extrema. Recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que, si bien se adentra en cuestiones técnicas del proceso penal, nos recuerda que la justicia busca, por encima de todo, proteger a los más vulnerables y valorar los hechos en su verdadera dimensión.
El caso que llegó a la máxima instancia judicial es verdaderamente trágico: unos padres fueron condenados por un delito de lesiones y otro de maltrato habitual contra su hijo, un bebé de apenas unos meses. Las agresiones, que incluían golpes y zarandeos violentos, provocaron en el menor secuelas gravísimas e irreversibles, como ceguera y daño neurológico severo.
La defensa de los condenados no negaba la existencia de las lesiones, pero construyó su recurso ante el Tribunal Supremo sobre varios pilares eminentemente técnicos. Argumentaban, por un lado, que la prueba pericial que evaluó su estado mental no se había realizado correctamente. Se quejaban de que la valoración la hizo un único médico forense y no dos psiquiatras, como, según ellos, exige la ley para este tipo de procedimientos. Además, señalaban que el perito no tuvo acceso a las fotografías de la vivienda, cuyo estado deplorable podría sugerir que la madre padecía un síndrome de Diógenes no diagnosticado, lo que podría haber afectado a su capacidad para comprender la gravedad de sus actos.
Por otro lado, sostenían que nunca tuvieron la intención de causar un daño tan terrible. Alegaban que su conducta fue una imprudencia, fruto de la inexperiencia y el estrés, y que simplemente sacudían al niño para que dejara de llorar, sin ser conscientes de las catastróficas consecuencias. Buscaban así una condena por un delito de lesiones imprudentes, mucho menos grave.
Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó todos y cada uno de sus argumentos, y es aquí donde la sentencia adquiere una gran relevancia práctica.
En primer lugar, el tribunal aclara que la exigencia de dos peritos no es una regla absoluta e inquebrantable. Lo fundamental, nos dice el Supremo, es que el tribunal cuente con un asesoramiento técnico válido y que no se genere indefensión. La intervención de un solo perito, si es solvente y cualificado, no anula la prueba. Este es un recordatorio importante de que las formalidades procesales están al servicio de la justicia, y no al revés.
Respecto a la supuesta falta de especialización del forense, el tribunal es tajante: un médico forense está perfectamente capacitado para evaluar si una persona comprende la realidad y puede actuar conforme a esa comprensión. Además, señala algo de pura lógica: si la madre nunca había sido diagnosticada de ningún trastorno, ningún perito —psiquiatra o no— podría haber contado con un historial médico inexistente. Y lo que es más importante, el Supremo razona que, aun existiendo un posible síndrome de Diógenes, este no guarda relación alguna con la capacidad de entender que zarandear violentamente a un bebé es un acto extremadamente peligroso.
Quizás el punto más relevante para el ciudadano es la respuesta del tribunal al argumento de la «imprudencia». El Supremo aplica la figura del «dolo eventual», un concepto que a veces cuesta entender pero que aquí se explica con una claridad meridiana. Obrar con dolo eventual significa que, aunque no persigas directamente un resultado, sabes que existe una altísima probabilidad de que tu conducta lo cause y, a pesar de ello, continúas y asumes ese posible desenlace.
El tribunal lo expone de forma contundente: cualquier persona adulta comprende la elevada probabilidad de causar lesiones gravísimas al golpear y zarandear de forma repetida a un bebé. Al hacerlo una y otra vez, los padres demostraron una total indiferencia hacia la producción de esas lesiones, asumiendo el resultado. No fue un acto reflejo o un descuido puntual, sino un «método» violento y reiterado. Por tanto, no cabe hablar de imprudencia, sino de una conducta intencionada en su modalidad de dolo eventual.
Esta sentencia es relevante porque nos enseña cómo los tribunales miran más allá de los tecnicismos para centrarse en la esencia de los hechos. Nos muestra que no cualquier irregularidad formal invalida un proceso si no se ha producido una indefensión real y, sobre todo, traza una línea muy clara entre un accidente o un descuido y una conducta conscientemente peligrosa cuyas consecuencias son asumidas por quien la comete. Un fallo que, en definitiva, pone el foco en la protección de las víctimas y en la lógica más elemental frente a argumentos que, aunque técnicamente elaborados, chocaban frontalmente con la terrible realidad de lo sucedido.
Este artículo refleja únicamente la opinión jurídica de los abogados del despacho ABOGADOS RAMA sobre la sentencia comentada y no constituye asesoramiento legal.