Guardia Legal y Jornada Reducida: El Tribunal Supremo Avala el Pago Íntegro de Pluses Salariales

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave (STS 3526/2025) en materia laboral que afecta directamente a miles de personas trabajadoras con jornada reducida por guarda legal. El caso gira en torno a si, en estos supuestos, deben cobrarse íntegramente ciertos complementos salariales, o si, por el contrario, deben calcularse de forma proporcional al tiempo trabajado.


¿Qué se discute exactamente?

La cuestión principal era determinar si las personas trabajadoras que se acogen a una reducción de jornada para el cuidado de hijos o familiares, según el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, tienen derecho a cobrar al 100% —sin reducción— los siguientes pluses:

  • Plus de Turnicidad-Relevos
  • Plus Festivo
  • Plus por Exceso de Tiempo de Relevo
  • Módulo por Acciones de Desarrollo Profesional (ADP)

Antecedentes del caso

Todo comenzó con una demanda de conflicto colectivo interpuesta por el sindicato USO contra Repsol Química, S.A., a la que se sumaron CCOO, UGT y STR. La Audiencia Nacional resolvió parcialmente a favor de los sindicatos, reconociendo el derecho al pago íntegro del plus de turnicidad-relevos, pero rechazando los demás complementos al considerar que sí dependen del tiempo trabajado.

Tanto la empresa como los sindicatos recurrieron esta sentencia ante el Tribunal Supremo. Repsol Química solicitaba que también el plus de turnicidad se pagara de forma proporcional, mientras que los sindicatos pedían que todos los pluses se abonaran en su totalidad.


¿Qué argumentos plantearon las partes?

Repsol Química, S.A. argumentó que, conforme al artículo 37.6 ET, toda la retribución debe reducirse proporcionalmente con la jornada. Consideraban incoherente un trato diferente entre los pluses.

Los sindicatos defendieron que estos complementos no retribuyen tiempo trabajado, sino condiciones especiales del trabajo —como la penosidad o el trabajo en días festivos— que afectan por igual a trabajadores a jornada completa y reducida. También invocaron:

  • El principio de no discriminación del artículo 12.4 ET.
  • La Directiva 97/81/CE sobre trabajo a tiempo parcial.
  • Y la perspectiva de género, dado que la mayoría de quienes solicitan reducciones de jornada por guarda legal son mujeres.

La decisión del Tribunal Supremo

El Supremo, con base en su doctrina previa, fue claro: no todos los complementos salariales deben reducirse con la jornada. Solo aquellos que dependen directamente del número de horas trabajadas.

Analizó uno por uno los pluses:

  • Turnicidad-Relevos: Se paga por trabajar en turnos, no por cuántas horas se hacen. Se debe pagar íntegramente.
  • Exceso de Tiempo de Relevo: Compensa la espera para el cambio de turno. Es independiente de la jornada. Se paga completo.
  • Festivos: Recompensa trabajar en días socialmente reservados para el descanso. Afecta igual a todos. Se paga completo.
  • ADP (Acciones de Desarrollo Profesional): Premia la capacitación y mejora profesional, no la duración del turno. También debe pagarse completo.

Además, el Supremo reforzó su fallo con perspectiva de género, subrayando que aplicar una reducción a estos pluses podría suponer una discriminación indirecta hacia las mujeres, al ser quienes más habitualmente solicitan estas reducciones de jornada.


¿Qué resolvió finalmente el Supremo?

  • Desestimó el recurso de la empresa.
  • Estimó los recursos de los sindicatos.
  • Revocó parcialmente la sentencia de la Audiencia Nacional.
  • Reconoció el derecho de estos trabajadores y trabajadoras a cobrar íntegramente todos los pluses discutidos, sin reducción por jornada parcial.

Conclusión

Esta sentencia marca un importante precedente para la protección de derechos laborales y la conciliación familiar. Confirma que los complementos salariales que retribuyen condiciones objetivas del puesto de trabajo —y no la cantidad de horas— deben mantenerse íntegros, incluso en jornadas reducidas por guarda legal. También pone de relieve la importancia de una interpretación con enfoque de igualdad y no discriminación en el ámbito laboral.

Incapacidad Permanente Total en Trabajadora Social tras Accidente Laboral: Análisis Jurídico y Procedimental

En este artículo abordamos un caso jurídico que tiene como objetivo determinar si procede la declaración de incapacidad permanente total para una trabajadora social, tras sufrir un accidente laboral «in itinere» (mientras se desplazaba al trabajo). La demandante, que trabajaba en una residencia de ancianos, sufrió un traumatismo con múltiples fracturas óseas que le provocaron diversas limitaciones físicas y funcionales. Aunque fue indemnizada por lesiones permanentes no invalidantes, inicialmente la entidad gestora le denegó la incapacidad permanente.

Tras esta denegación, la trabajadora volvió a su puesto, pero posteriormente tuvo que acogerse a una nueva baja médica que se prolongó durante quince meses. Al recuperarse, comenzó a trabajar en un nuevo puesto como trabajadora social en una asociación dedicada a enfermos de Alzheimer.

El punto clave del proceso es evaluar cómo las secuelas físicas afectan la capacidad funcional de la trabajadora para realizar las tareas esenciales de su profesión. La sentencia de primera instancia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 5 de mayo de 2025, concluyó que, aunque la trabajadora presenta algunas limitaciones, como en la mano izquierda, conserva fuerza y movilidad completas en las extremidades superiores y un adecuado rango de movimiento en cuello y espalda baja. Se destacó que la profesión de trabajadora social no requiere esfuerzos físicos intensos ni una carga elevada en la columna vertebral, y que la trabajadora había sido declarada apta para su labor con ciertas limitaciones por el servicio de prevención externo.

La valoración judicial resaltó que dichas limitaciones no impiden el desempeño fundamental de sus funciones laborales, por lo que no se configura la incapacidad permanente total para su profesión habitual. La controversia jurídica se centra en si las limitaciones funcionales acreditadas son suficientes para justificar este grado de incapacidad, considerando la interpretación normativa de Seguridad Social y las discrepancias en los informes médicos, especialmente sobre la pérdida de fuerza que no ha sido confirmada con pruebas complementarias. Esta resolución aún no es definitiva y puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.


Análisis de los actos jurídicos involucrados:

  1. Resolución administrativa de lesiones permanentes no invalidantes: Dictada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), reconoce secuelas definitivas pero sin incapacidad, otorgando una indemnización económica en lugar de una pensión.
  2. Denegación de la reclamación previa: Resolución administrativa que rechaza el recurso de la trabajadora contra la decisión inicial, cerrando la vía administrativa y permitiendo acudir a la jurisdicción social.
  3. Sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca: Primera resolución judicial, que desestima la solicitud de incapacidad permanente total.
  4. Interposición de recurso de suplicación: Recurso presentado por la trabajadora ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para revocar la sentencia de primera instancia.
  5. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón: Confirma la sentencia inicial, manteniendo la denegación de la incapacidad.
  6. Declaración de aptitud con restricciones: Evaluación técnica emitida por el Servicio de Prevención Ajeno, que establece las limitaciones funcionales para la reincorporación laboral.
  7. Posible recurso de casación: Recurso potencial ante el Tribunal Supremo, que podría abrir una nueva etapa procesal para unificar doctrina.

Interrelación y conclusiones:

El procedimiento se inicia con la resolución administrativa que no reconoce la incapacidad, seguida por la negativa a la reclamación previa que obliga a acudir a la vía judicial. La sentencia de primera instancia es confirmada en segunda instancia, basándose en pruebas médicas y técnicas que avalan la capacidad laboral de la trabajadora con ciertas limitaciones. La posible interposición del recurso de casación mantiene abierta la vía para continuar el litigio. En conjunto, este caso ejemplifica la complejidad de valorar incapacidades permanentes en profesiones con exigencias físicas moderadas, y la importancia de un análisis riguroso tanto médico como jurídico.

Protegiendo la creatividad: condenan a una empresa por plagiar el diseño de unas marquesinas en A Coruña

En el mundo del diseño y la arquitectura, la frontera entre la inspiración y el plagio puede parecer difusa, pero la ley es muy clara en la protección de las creaciones originales. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña ha sentenciado a una empresa por copiar el diseño de unas marquesinas emblemáticas de la ciudad, estableciendo un importante precedente para todos los creadores.


Los hechos: una copia casi idéntica en un lugar emblemático

En 2009, dos arquitectos ganaron un concurso público para remodelar la Plaza de España (Campo da Leña) en A Coruña, diseñando unas marquesinas de autobús con un estilo sencillo pero distintivo que integraba estética y funcionalidad.

La empresa ahora condenada fabricó estas marquesinas originales. Años después, una Unión Temporal de Empresas (UTE) encargó a la misma compañía que replicara el diseño para unas obras en la Avenida de la Marina. La empresa fabricó unas marquesinas muy similares, las vendió por casi 37.000 euros y las promocionó como un modelo propio en su web, sin contar con la autorización de los arquitectos.


¿Por qué fue considerado plagio?

La sentencia de la Audiencia Provincial destaca varios puntos clave:

  • Originalidad protegida, aunque el diseño sea simple: El tribunal rechaza que la sencillez implique falta de protección. La ley protege toda creación intelectual propia, incluso si su creatividad es mínima, siempre que refleje decisiones libres y creativas. En este caso, la armonía estética con el entorno y detalles únicos avalan la originalidad.
  • Protección doble: Además de los derechos de autor, el diseño estaba registrado como diseño industrial. La ley española permite que una obra tenga ambas protecciones simultáneamente, lo que refuerza los derechos de los creadores.
  • Copia intencionada: La empresa fue contratada para replicar el modelo original y luego lo comercializó como propio, con solo pequeñas modificaciones que el tribunal interpretó como un intento de disfrazar la copia.

Consecuencias para la empresa infractora

La Audiencia Provincial impuso varias sanciones:

  • Prohibición de seguir fabricando y vendiendo las marquesinas copiadas.
  • Indemnización por daños materiales: 15.760 euros, correspondiente a un 10% en concepto de royalties.
  • Indemnización por daños morales: 788 euros para cada arquitecto, por la vulneración de su derecho a ser reconocidos y a la integridad de su obra.
  • Publicación del fallo: Para restaurar la reputación de los autores, se ordenó publicar un resumen de la sentencia en un medio de amplia difusión.

Otros ejemplos de plagio que pueden ser sancionados

Este caso es solo un ejemplo de cómo se protege la propiedad intelectual en diferentes áreas:

  • Reproducción sin permiso de muebles con diseños únicos.
  • Copia de logotipos o identidades visuales originales.
  • Imitación de joyería artesanal.
  • Uso no autorizado de fotografías protegidas.

En todos ellos, el elemento clave es la existencia de una creación original y la reproducción sin autorización de sus elementos esenciales.


Conclusión: protege lo que creas

Esta sentencia es un claro recordatorio de que toda creación, por sencilla que parezca, merece protección legal. No hace falta ser un artista famoso ni crear una obra compleja para contar con derechos de autor.

¿Puede la Administración Restringir el Uso del Agua Sin Pruebas Concluyentes? El Principio de Precaución en Acción

¿Qué pasa cuando el uso del agua choca con la protección del medio ambiente?
En un país como España, donde el agua escasea cada vez más, esta pregunta es cada día más relevante. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha resuelto recientemente un caso que ilustra con claridad hasta dónde puede llegar la Administración para proteger un acuífero en riesgo, incluso cuando las pruebas del daño no son aún concluyentes.

En ABOGADOS RAMA, analizamos esta sentencia clave para entender cómo se aplica el principio de precaución y qué implicaciones tiene para agricultores, regantes y otros usuarios del agua.

El conflicto enfrenta a una asociación y a una comunidad de regantes contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). En octubre de 2022, la CHS aprobó un acuerdo que endurecía las restricciones sobre la extracción de agua del acuífero “Tobarra-Tedera-Pinilla”, catalogado oficialmente como “sobreexplotado”.

La decisión vino motivada por un cambio en los cultivos de la zona: se estaban sustituyendo viñas y almendros por hortalizas, con una demanda de agua mucho mayor. Según la CHS, esta transformación amenazaba con agravar la situación del acuífero, que ya estaba lejos de alcanzar el “buen estado cuantitativo” exigido por la Directiva Marco del Agua de la UE antes de 2027.


Los regantes alegaron que la medida era injusta y desproporcionada. Argumentaban que se basaba en datos obsoletos (de 2014) y que el acuífero se encontraba, en realidad, en una situación “estable”. Además, criticaban que la Administración no había cumplido con su deber de establecer un plan de recuperación para la masa de agua antes de imponer restricciones.

En resumen, consideraban que sus derechos estaban siendo limitados sin base técnica suficiente y sin que se hubiera agotado el resto de herramientas legales disponibles.


El Tribunal dio la razón a la CHS y desestimó el recurso de los regantes. ¿Por qué? Estos son los puntos clave de la resolución:

  1. El riesgo no se discute: El hecho de que el acuífero esté en riesgo no es una opinión de la CHS, sino una realidad jurídica: figura en un Plan Hidrológico aprobado por Real Decreto. Por tanto, no es cuestionable en este procedimiento.
  2. El principio de precaución lo cambia todo: El derecho ambiental de la UE permite a la Administración actuar ante un riesgo plausible, sin necesidad de esperar a que el daño sea irreversible o científicamente probado. En este caso, el aumento de cultivos intensivos justificaba la acción preventiva.
  3. La carga de la prueba se invierte: No es la CHS quien debe demostrar que el daño ocurrirá, sino los regantes quienes deben probar que la medida es injustificada o desproporcionada. El Tribunal concluyó que no lo hicieron.
  4. “Estabilidad” no es sinónimo de mejora: Mantener un acuífero en mal estado no es aceptable. La normativa exige una mejora activa para alcanzar los objetivos ambientales, no simplemente evitar que empeore.
  5. Los errores formales no invalidan la medida: Aunque pueda haber fallos en plazos o comunicación interna, lo fundamental es que la medida persiga un fin legítimo y esté técnicamente motivada. En este caso, proteger un recurso vital como el agua.

Este tipo de medidas preventivas no son exclusivas del ámbito hídrico. Se aplican también en otras áreas donde el riesgo no se ha materializado pero se considera verosímil:

  • Cuando un ayuntamiento limita construcciones por riesgo de inundación futura.
  • Cuando se restringen emisiones industriales para evitar una degradación ambiental a medio plazo.
  • Cuando se retira del mercado un producto por sospechas de riesgo para la salud, aunque sin evidencia concluyente.

Esta sentencia confirma que los tribunales están dispuestos a respaldar a la Administración cuando adopta medidas preventivas para proteger el medio ambiente, siempre que estén justificadas técnicamente y se amparen en normas vigentes.

Para los usuarios del agua —especialmente agricultores y comunidades de regantes— esto implica que sus derechos pueden verse restringidos sin que exista todavía un daño efectivo, siempre que el riesgo sea real y esté documentado.


Agresiones y responsabilidad: ¿Qué pasa si alguien te lesiona en una discusión?

En nuestro día a día, un malentendido o una discusión puede escalar más de lo debido. A veces, lo que empieza como un simple desacuerdo —en una compraventa, en la carretera o entre vecinos— puede acabar en una agresión física. Y cuando eso ocurre, más allá del impacto emocional o físico, surge una pregunta clave: ¿puedo reclamar una indemnización por los daños sufridos?

Una reciente sentencia nos ofrece una respuesta clara y útil, y en ABOGADOS RAMA te explicamos sus claves para que sepas cómo actuar si te ves en una situación parecida.

El Caso: Una Venta Frustrada que Acabó en Golpes

Todo comenzó con una compraventa de coche. Luis Francisco (el demandante) se reunió con Obdulio (el demandado) en una gasolinera para cerrar el trato. Pero la negociación se torció y terminó en agresión.

Según Luis Francisco, Obdulio perdió los estribos y le atacó: en el forcejeo cayó al suelo, rompió su ropa y recibió varios golpes hasta que un tercero intervino. El resultado: lesiones con 22 días de baja médica. Por ello, reclamó una indemnización de 1.178,32 €.

Obdulio, en cambio, reconoció la discusión, pero dijo que solo se defendió porque el demandante había empezado. Alegaba que, en todo caso, si hubo una pelea, la responsabilidad debía ser compartida.

El Juez Decide: Agresión con Intención = Indemnización Íntegra

Tras analizar pruebas médicas y testimonios, el juez dio la razón a Luis Francisco. Lo hizo con base en tres pilares jurídicos fundamentales:

1. Artículo 1902 del Código Civil: El que daña, paga

Este artículo es la base de la responsabilidad extracontractual. Establece que quien cause daño a otro, con culpa o negligencia, debe repararlo. No importa si el daño es intencionado o por descuido: si alguien resulta perjudicado, tiene derecho a ser compensado.

2. Las pruebas son determinantes

El juez valoró dos elementos clave:

  • Informe médico forense, que confirmó las lesiones y su compatibilidad con los hechos narrados.
  • Grabaciones y testimonios de un juicio previo, donde incluso el demandado reconocía el enfrentamiento, y un Guardia Civil ratificó que ambos se golpearon.

3. La riña mutua no exime de responsabilidad

Aunque el demandado argumentó que la pelea fue mutua, el juez dejó claro que eso no elimina su responsabilidad. Las lesiones del demandante fueron provocadas por él y, aunque él también haya sufrido daños, debe reclamarlos por separado. Cada uno responde por lo que hace.

¿Cómo se Calcula la Indemnización?

El juez utilizó como referencia el baremo de accidentes de tráfico, pero aplicó un incremento del 20%. ¿La razón? Estas no eran lesiones por un accidente fortuito, sino dolosas, es decir, causadas intencionadamente. La justicia considera que el daño causado de forma voluntaria debe compensarse más severamente.

Resultado Final: Indemnización y Costas

El fallo fue claro:

  • Obdulio deberá pagar los 1.178,32 € reclamados, más intereses legales.
  • Además, fue condenado al pago de las costas del juicio, es decir, los gastos de abogado y procurador del demandante.

¿Y Si Te Pasa a Ti?

Este caso no es excepcional. Situaciones parecidas se dan más a menudo de lo que parece:

  • Una pelea entre vecinos por ruidos que termina en un empujón.
  • Un altercado en una discoteca con una botella como arma improvisada.
  • Una discusión de tráfico que deriva en agresión física.
  • Un partido de fútbol donde alguien golpea intencionadamente a un rival.

En todos estos casos, la persona que agrede debe indemnizar al agredido, incluso si hubo provocación. La ley no permite excusarse en una pelea mutua para eludir la responsabilidad.

¿Qué Debes Hacer Si Sufres una Agresión?

Si alguna vez sufres una agresión, actuar rápido y con criterio legal es fundamental:

  1. Busca atención médica inmediata y solicita un parte de lesiones.
  2. Recopila pruebas: testigos, vídeos, mensajes, grabaciones de cámaras, etc.
  3. Consulta con un abogado especializado lo antes posible.

En ABOGADOS RAMA, te ayudamos a proteger tus derechos

Sabemos que una agresión deja algo más que heridas físicas. Si has vivido una situación similar, no estás solo. Nuestro equipo analizará tu caso con rigor legal y te acompañará durante todo el proceso para reclamar la indemnización que te corresponde.

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EL MANDATO

Es un contrato regulado en el Código Civil. Dice el artículo 1709 que por el una persona se obliga a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra persona.

Se trata de un mecanismo de cooperación entre dos personas que se lleva a cabo obrando uno (el mandatario) en lugar del otro (el mandante), haciendo el primero lo que podría hacer el segundo, segundo (mandante) que queda vinculando por el resultado de la gestión del primero (mandatario).

Realmente no es una cooperación cualquiera, sino una relevante jurídicamente (por ejemplo hacer un negocio en nombre del mandante).

Es necesario que el interés que gestiona el mandatario sea ajeno (no sea un interés propio) ya que en la esencia del mandato está hacer el servicio o cosa por cuenta o encargo de otro.

Es un contrato naturalmente gratuito, salvo que haya un pacto estableciendo que es remunerado o que el mandatario (como un abogado, por ejemplo) tenga por ocupación desempeñar servicios de la especie a que el mandato se refiera.

Es un contrato de confianza, o mejor dicho, basado en la confianza.

Mandato y representación son dos cosas distintas aunque muy parecidas. Normalmente van unidas, el mandante da al mandatario un poder de representación para que actúe en su nombre.

Tampoco es lo mismo mandato y arrendamiento de servicios. Cuando usted contrata a un abogado para que le lleve un pleito suscribe un arrendamiento de servicios y ha de pagarle. Recuerde que el mandato, por regla general, es gratuito, el arrendamiento de servicios no. Pero cuando una comunidad de propietarios contrata a un administrador de fincas, ese contrato es un mandato (desde luego no gratuito porque el administrador se dedica profesionalmente al objeto del mandato).

El mandato puede ser general o especial, según comprenda todos los negocios del mandante o sólo alguno o algunos de ellos.

El mandatario tiene como obligación cumplir el mandato o encargo sin traspasar los límites del mismo (no se puede extralimitar) y debe seguir las instrucciones del mandante, siendo responsable del mal cumplimiento de la gestión. También tiene la obligación de informar al mandante, rendir cuentas y abonarle los saldos e intereses. El mandatario puede nombrar sustituto si el mandante no se lo ha prohibido.

Por su parte el mandante debe remunerar (pagar) al mandatario si el mandato no es gratuito. Debe anticiparle los recursos necesarios para cumplir el mandato y reembolsarle los anticipos y pagar intereses de las cantidades pagadas por el mandatario de sus propios recursos. También debe resarcirle los daños que el mandato le haya producido, teniendo el mandatario derecho a retener el objeto del mandato hasta ser resarcido.

Qué es la culpabilidad criminal.

La culpabilidad en derecho no debe confundirse con la culpa moral, cada una está en un nivel distinto. Hoy vivimos en sociedades laicas y, obviamente, los preceptos religiosos no se reflejan en su totalidad en la ley penal. La culpabilidad, más bien, tiene que ver con esa idea de que el ser humano es dueño de sus actos -no es el entorno, ni el destino o la predeterminación los que nos llevan a cometer nuestras acciones, sino el libre albedrío o libertad de actuación, lo que es predicable de toda persona que no tenga alterada de una forma grave su percepción o consciencia-.

Hoy la responsabilidad por los actos de una persona no se extienden, desde el punto de vista legal, a toda la familia o clan aunque esa persona sea integrante de la misma. Existe el conocido como «principio de personalidad» (que se deriva de otro clásico principio del derecho penal: el de culpabilidad) que nos protege de ser castigados por el hecho de otro, aunque sea muy próximo el parentesco que nos una.

Tampoco se nos puede castigar por nuestra forma de ser o modelo vital que hayamos elegido, pues tampoco triunfó el derecho de autor propiciado por los nazis, sino que nos castigarán penalmente por nuestros hechos, porque triunfó el derecho penal de hecho. Este principio de responsabilidad por hecho deriva de otro principio fundamental del derecho penal: el de legalidad.

Y nos castigarán por cualquier acto que cometamos, debemos querer cometerlo, o aceptar su comisión, o, al menos, asumir que sucederá con nuestra acción -aunque no lo busquemos directamente- (es lo que técnicamente se conoce como «dolo»); además, también nos pueden castigar por desarrollar una conducta o acción imprudente que ocasione un resultado dañoso (se conoce como «culpa»). Si no concurre el dolo ni la culpa, la acción que cometamos no merece el reproche penal, es decir, el castigo.

LOS ABOGADOS

Los abogados no somos meros colaboradores de la Administración de Justicia. Aunque no somos funcionarios, sí somos parte del sistema de administración de justicia. Somos pilar esencial de la seguridad jurídica. Somos actores indispensables en el tráfico civil y mercantil. Somos los que mejor conocemos las inquietudes de los ciudadanos en el plano de sus derechos subjetivos porque nos relacionamos con ellos y defendemos sus derechos a lo largo de toda su vida física. Les ayudamos a regular su vida familiar. Participamos en todos sus actos económicos, laborales y en sus relaciones con las diversas administraciones. Defendemos sus derechos fundamentales constitucionalmente recogidos. Perseguimos jurídicamente a los que les agreden y, a la vez, les defendemos cuando ellos son considerados agresores.

NO QUIERO QUE SE PRORROGUE EL ARRENDAMIENTO DE LAS PARCELAS (O FINCAS) RÚSTICAS

Pues en este caso hay que ser prudente y cuidadoso.

El artículo 12.3 de la Ley de Arrendamientos Rústicos establece la prórroga, por períodos de cinco años, de todo contrato cuando no media un requerimiento por parte del propietario, con UN AÑO DE ANTELACIÓN, para que no se prolongue la situación arrendaticia más allá del tiempo pactado o del periodo de duración de la prórroga.

Este es el artículo que se aplica.

Artículo 12. Tiempo de duración.
1. Los arrendamientos tendrán una duración mínima de cinco años. Será nula y se tendrá por no puesta toda cláusula del contrato por la que las partes estipulen una duración menor.

2. Salvo estipulación de las partes que establezca una duración mayor, el arrendamiento de fincas y de explotaciones se entenderá concertado por un plazo de cinco años, por lo que, cumplido el tiempo, a no ser que las partes hayan dispuesto otra cosa, al celebrar el contrato o en otro momento posterior, el arrendatario de fincas pondrá a disposición del arrendador la posesión de las fincas arrendadas, si hubiera mediado la notificación a que se refiere el apartado siguiente.

3. El arrendador, para recuperar la posesión de las fincas al término del plazo contractual, deberá notificárselo fehacientemente al arrendatario con un año de antelación. De lo contrario, si el arrendatario no pone la posesión de las fincas arrendadas a disposición del arrendador al término del plazo, el contrato se entenderá prorrogado por un período de cinco años. Tales prórrogas se sucederán indefinidamente en tanto no se produzca la denuncia del contrato.

En los arrendamientos (no sólo en los rústicos, también sucede en los urbanos o de otro tipo) es frecuente, cuando finaliza el plazo de duración del contrato y el arrendador ha requerido al arrendatario, que este último, cuando se ve demandado por no devolver las tierras arrendadas, en el juicio traiga a colación la doctrina de los actos propios, aduciendo que el hecho de continuar cobrando la renta después de haber enviados requerimientos es un acto inequívoco de querer continuar con el arrendamiento y no tener interés en su resolución.

No hay que preocuparse, esta protesta amparada en los actos propios (cobrar la renta pese haber dicho que no quiero que el arrendamiento continúe y, además haberlo resuelto por el requerimiento fehaciente que exige la ley), no tiene recorrido alguno. Y es así porque los actos propios que sí tendrían que tomarse en cuenta sólo son aquellos que por su transcendencia causan estado, creando, modificando o extinguiendo una relación jurídica, situación que no se da en el supuesto comentado cuando existe un requerimiento fehaciente válido en el que se expresa la voluntad de no prorrogar el contrato de arrendamiento. No puede atribuirse al cobro de rentas posteriores al vencimiento del plazo el significado de una voluntad de continuar o renovar el contrato pues el cobrar las rentas en tanto el arrendatario no ponga a disposición efectiva de la arrendadora la finca está fuera de toda duda que esta circunstancia no supone, por sí sóla, la modificación del plazo de duración del arrendamiento , ni la prórroga del mismo. Y no lo supone porque el derecho a cobrar la renta, como contraprestación a la utilización del inmueble por parte del arrendatario, es un tema de estricta justicia y dicho cobro es compatible con la situación de litigio sobre la subsistencia del arrendamiento sin que dicho cobro signifique necesariamente la existencia de una voluntad de la arrendadora de prolongar el arriendo.

DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Mediante la denuncia se da comienzo al procedimiento por violencia de género.

Lo más habitual es realizarla de forma oral ante la Policía Nacional o la Guardia Civil correspondiente. Su tramitación es más rápida de esta forma.

Antes de denunciar, lo habitual y lo recomendable, no sólo por cuestiones jurídicas sino por mera profilaxis, es acudir primero a un centro médico o hospitalario -aunque «sólo» se tenga ansiedad-.

Si a la víctima se le administró escopolamina -es decir, burundanga- debe ser objeto de pruebas médicas inmediatas -pues su rastro en el organismo desaparece con rapidez-.

En todo caso, se haga por escrito ante el Juzgado o por comparecencia en una comisaría o puesto policial, lo cierto es que el momento de la denuncia es fundamental, o mejor dicho, crucial, ya que de su contenido van a depender muchas cosas (medidas de instrucción/investigación, orden de protección, etc).

Es recomendable, en la mayoría de los casos, aportar todas las pruebas documentales y testificales de que se disponga. Así, por ejemplo: el parte médico de las lesiones, el informe psicológico -si se han precisado las atenciones de este profesional-, grabaciones del móvil, mensajes, prendas que se llevaban en el momento de la agresión… llevar todos los datos de identificación del agresor (número de dni, número de teléfono, domicilio, lugar de trabajo, etc…) Si la policía no se queda con alguno de esos elementos de prueba, no hay que deshacerse de ellos ni manipularlos (lavándolos, por ejemplo), al contrario, deben conservarse para aportarlos al Juzgado.

A veces, por las especiales circunstancias de intimidad donde se desarrollan los hechos delictivos, sólo se cuenta con la declaración que se va a prestar en la policía. Dicha declaración debe ser creíble -no estar guiadas por un móvil espurio o de venganza que reste sinceridad al testimonio-; ha de ser un testimonio que pueda corroborarse o apoyarse en otras pruebas o circunstancias externas o periféricas y se ha de persistir en la incriminación, durante el tiempo que dure el proceso, sin que los arrepentimientos, miedos o sensación de lástima hagan suavizar y variar las diferentes declaraciones que se presten.

Se relatará el último episodio de violencia, sin omitir detalle. Después, si los ha habido se relatarán las demás agresiones sufridas con anterioridad. Se deben concretar fechas y describir exhaustivamente los hechos. Especificar los concretos insultos, en qué consistieron las amenazas. Cómo se produjeron las lesiones, en qué lugar del cuerpo y dónde. Si las vio alguien en ese momento o en un momento inmediatamente posterior a recibirlas. Indicar dónde tuvieron lugar -si fue en la vivienda de la propia denunciada, la vivienda común, la vivienda de él- Si estaban los niños delante o en la habitación contigua, si fueron conscientes de lo que pasaba.

Cuando se denuncia en la policía o guardia civil, más adelante en el tiempo hay que ratificar y ampliar o aclarar la denuncia ante la autoridad judicial. Conservar una copia de la denuncia hecha en la Guardia Civil o Policía Nacional ayudará a recordar los hechos -luego, en el Juzgado, la víctima no podrá tener la denuncia a mano-.