La Comunidad mantiene la tasa más alta del país de mujeres víctimas, con 28,5 denunciantes de maltrato por cada 10.000 murcianas. Las víctimas presentan el 76 % de las denuncias, el 16 % son incoadas por intervención policial directa, el 6 % se formulan por los servicios asistenciales o terceros y sólo el 2 % proceden del entorno familiar. Los órganos judiciales adoptan un total de 329 órdenes de protección, más de siete de cada diez solicitadas. Las suspensiones de la guardia y custodia y del régimen de visitas se crecen un 40 % respecto a 2021, por aplicación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, insiste en la necesidad de aunar esfuerzos para acabar con la violencia de género y destaca el esfuerzo de los órganos judiciales.
Los juzgados de violencia sobre la mujer de la Región de Murcia recibieron en el segundo trimestre del año un total de 2.180 denuncias, un 33,3 % más que el mismo periodo de 2021.
El Informe anual sobre violencia de género hecho público hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género pone de manifiesto que, durante los meses de abril a junio, los órganos judiciales especializados en la Comunidad Autónoma dictaron 329 órdenes de protección, el 76% de las solicitadas y un 9,7 % más que en el mismo periodo de 2021.
En el conjunto del país, las mujeres víctimas de violencia machista ascendieron a 44.543, un 10,89 % más que el mismo periodo de 2021. Lo que se traduce en un aumento de la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres que ha pasado de 16,6 en el segundo trimestre de 2021 a 18,4 (1,8 puntos más) para toda España.
Por encima de la media nacional se situaron Murcia (28,5), Baleares (27,6), Comunidad Valenciana (24,2), Canarias (21,5), Andalucía (21,3) y Madrid (19,6). Por debajo de la tasa nacional, Cantabria (17,4), Extremadura (16,4), Castilla-La Mancha (15,6), Navarra (14,9), Asturias (14,7), Aragón (14,6), Cataluña (14,4), La Rioja (14), País Vasco y Galicia (13) y Castilla y León (11,6).
5 de cada 100 víctimas renuncia a declarar contra su agresor
Las 1.664 denuncias presentadas directamente por las víctimas en la Región suponen el 76 % de las registradas, mientras que las 33 presentadas por los familiares apenas alcanzan un 2 %. Las denuncias por intervención directa de las Fuerzas de Seguridad del Estado representaron el 16 % del total y, el resto, el 6 % fueron incoadas a instancias de los servicios asistenciales y terceros en general.
En el periodo analizado, 110 mujeres víctimas de violencia de género se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar, lo que representa el 5 % del total de víctimas del trimestre. Se trata del porcentaje de dispensas más bajo registrado por el Observatorio y se produce tras la reforma del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el año pasado. Del total de mujeres que se acogieron a la dispensa en los juzgados de la Región, 70 eran españolas y 40 eran de otras nacionalidades.
Otras medidas cautelares
Los juzgados regionales con competencia en violencia sobre la mujer acordaron también un total de 988 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (283) y la prohibición de comunicación (309).
Por otra parte, se dictaron 416 medidas civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores mientras se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (117) y las relacionadas con la atribución de la vivienda (84).
Un trimestre más, el aumento más significativo se ha dado en la suspensión del régimen de visitas, de 47 a 115, lo que ha supuesto un aumento del 40,8 % y de la guardia y custodia, que ha pasado de 21 casos a 52 en 2022 (un 40,3% más).
Este incremento es consecuencia de la aplicación por los jueces y juezas de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que modificó el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo la suspensión del régimen de visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género.
86 condenas por cada 100 sentencias
En el segundo trimestre de 2022, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales murcianos (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y sección tercera de la Audiencia Provincial) en procesos relativos a violencia de género se situó en el 85 %.
El número total de sentencias dictadas durante el trimestre analizado fue de 706, de las cuales 606 fueron condenatorias y las 100 restantes (24 %) absolutorias.
Los juzgados de lo penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, recibieron 225 nuevos asuntos. El número de sentencias dictadas por estos órganos ascendió 445, de las cuales fueron condenatorias 423 y absolutorias, 22.
En las Audiencias Provinciales, cuya sección especializada en violencia sobre la mujer enjuicia los delitos más graves, castigados con penas privativas de libertad superiores a cinco años, se dictaron 5 sentencias, de las que 4 fueron condenatorias.
Finalmente, en el trimestre analizado, los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia de género a 5 menores de edad, todos de nacionalidad española. Estos órganos judiciales impusieron medidas en todos los casos.
Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, ha expresado su preocupación ante el aumento del número de víctimas. Las 44.543 mujeres víctimas del segundo trimestre de 2022, un periodo que ya no se ve afectado por las consecuencias de la pandemia, nos sitúan en cifras más altas que las que se registraron antes de la irrupción del COVID-19 (40.687 en el último trimestre de 2019 y 36.185 en el primer trimestre de 2020).
El aumento del número de víctimas conlleva un incremento de las denuncias, que también ha sido significativo al situarse en 45.743. Esta cifra es también superior a las registradas en los trimestres previos a la pandemia: en el último trimestre de 2019 se contabilizaron 42.232 denuncias y en el primero de 2020, 36.185.
Ángeles Carmona considera que la lectura de estos datos nos lleva a una doble conclusión: de un lado, constatan que la violencia de género se mantiene como un problema de primer orden en nuestro país y que ninguna de las instituciones implicadas en acabar con esta lacra debe bajar la guardia; por esta razón les insta a seguir trabajando, como lo han hecho hasta ahora, en la mejora constante de la red de protección de las mujeres y en la respuesta eficaz ante este tipo de delitos. “Las instituciones somos en muchos casos el último recurso que le queda a la víctima para salir de la situación de violencia. Es importante no cejar en el esfuerzo, seguir al lado de todas esas mujeres y de sus hijos e hijas”, afirma la presidenta del Observatorio.
Los datos son fiel reflejo de lo que ocurre en nuestros pueblos y ciudades, apunta Carmona, pero es clave entender -y esta es la segunda conclusión- que el aumento de las denuncias y de las víctimas es consecuencia también de que son cada vez más las mujeres que alzan la voz cuando sufren violencia machista y deciden denunciar los hechos en comisaria o en el juzgado. Así lo han hecho en el segundo trimestre del año el 71 % de las víctimas, un porcentaje que apenas ha sufrido variaciones en los últimos ejercicios, incluido 2020, año en el que las víctimas presentaron el 71,44 % del total de denuncias pese a las mayores dificultades a las que tuvieron que enfrentarse como consecuencia del estado de alarma.
Los datos recogidos en este informe prueban de forma clara que en España las distintas administraciones implicadas en la lucha contra la violencia machista trabajan en la dirección correcta, asegura Carmona. En el segundo trimestre de 2022, los órganos judiciales dictaron un 8,7 % más órdenes de protección que en el mismo periodo de 2021, casi ocho de cada diez órdenes solicitadas.
Esta cifra, al igual que el incremento en el número total de sentencias dictadas por los órganos judiciales -15.359 en toda España, un 3,8 % más que hace un año-, pone de relieve el importante esfuerzo realizado por los jueces y juezas y, también, por todos los profesionales que participan en el proceso.
Muy significativo es, un trimestre más, el aumento de la medida civil consistente en la suspensión del régimen de visitas como consecuencia de la aplicación por los órganos judiciales de la reforma legislativa llevada a cabo el pasado año. Se acordaron 1.193 medidas de este tipo, un 43,2 % más que en el primer trimestre de 2022 (durante el que la reforma ya estaba en vigor) y un 329 % más que en el segundo trimestre de 2021, antes de la modificación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia.
Por último, Ángeles Carmona quiere poner de manifiesto que España lidera la lucha contra la violencia de género y que las normas y estrategias implantadas aquí no solo son merecedoras de elogio a nivel internacional, sino que están siendo copiadas por distintos países de nuestro entorno, donde se reconoce el acierto de haber dado a esta materia el tratamiento de problema de Estado.
Todos los datos estadísticos están disponibles en el siguiente enlace: